Aunque suene a metáfora para describir lo que el sumario Tándem (o Caso Villarejo) va descubriendo del comisario y su mundo, se puede hablar del vertedero de Villarejo en toda su literalidad: de acuerdo con las cuentas de 2016, el policía poseía, a través de su empresa Hispania Quality & Development SL, el 40% de Sur de Vertederos y Canteras SL, una empresa creada en junio de 2012 para explotar el vertedero de la finca La Doctora, en el municipio de San Roque (Cádiz). 

El 60% restante de Sur de Vertederos y Canteras SL era o es propiedad de Camino del Castor SL, perteneciente al 100% al grupo de empresas Ortega Vela SA, conocido como Grupo Orvesa, y controlado por la familia Ortega Benzal.

Villarejo era el dueño el 40% del vertedero desde al menos el 28 de junio de 2014, la fecha con la que Rafael Redondo, mano derecha del comisario y director general de su grupo empresarial Cenyt, graba en su disco duro un organigrama de las empresas españolas más activas del policía con la inclusión de esta participación. Otro organigrama que también incluye el vertedero tiene fecha de 2016.

Los misterios de la cesión de un negocio más que rentable

En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2018, Sur Vertederos y Canteras SL registra ventas por valor de dos millones de euros y un beneficio operativo (EBITDA) de medio millón. Unas cifras reseñables, sobre todo si se tiene en cuenta que, según los estados financieros de la empresa a través de la que Villarejo tiene su 40% (Hispania Quality & Development SL) y las cuentas del vertedero, de las arcas del comisario no salieron más de 6.250 euros para cerrar esta operación, mientras que toda la financiación para su puesta en marcha (las obras necesarias y la obtención de la Autorización Ambiental Integrada Expte. AAI/CA/050/12, solicitada en 2012 y concedida en septiembre de 2014) estuvo a cargo de Orvesa mediante préstamos participativos.

Hispania Quality & Development SL se crea con sede en un piso propiedad de una empresa de Villarejo en la calle Tomas Rodriguez Puertas 1 2ºB de Alcobendas y con el siguiente objeto social según el Registro Mercantil: "la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones". Desde que se funda, en 2005, hasta 2016, ejercicio en el que presenta sus últimas cuentas, no mostró nunca ingresos, salvo por los que se generasen con la venta de unos terrenos entre 2007 y 2014 que habían sido adquiridos en 2005 por 60.000 euros. En su balance se observa que el coste de adquisición del 40% del vertedero fue, como máximo, de 6.250 euros, sin que conste en el activo de su balance ninguna otra cantidad invertida en el mismo ni como aportación de socios ni como préstamo. [El hecho de que esta empresa no presentara cuentas más allá de 2016 no significa que no estuviera en activo; de hecho, su participada Sur Vertederos y Canteras SL seguía operando al menos en 2018].

Las razones por las que el accionista mayoritario le cedió esta importante participación, en un negocio que en 2018 se demuestra bien rentable, son un misterio. No es infrecuente ver en múltiples negocios cómo quien pone el dinero o asume el riesgo financiero (de un préstamo) ofrece acceso al negocio a un socio estratégico a través de las llamadas acciones "liberadas" (sin coste); es decir un socio que, en lugar de dinero, aporta aspectos que se consideran claves para el éxito de dicho negocio: experiencia, capacidad de gestión, llegada comercial, sinergias con otra empresa de ese socio liberado u otra cualidad que se considere beneficiosa para el éxito de la actividad. No parece que el comisario pudiera aportar nada de lo anterior al vertedero, así que, ¿por qué se le cede cuasi gratis el 40% de un negocio? ¿En pago de qué? ¿Qué aportó?

Orvesa poseía la concesión para explotar otro vertedero en Estepona

Orvesa, dueña de Camino del Castor SL (la compañía propietaria del 60% de Sur Vertederos y Canteras SL, que explota el vertedero de San Roque), nació como compañía de gestión de áridos (canteras). En 2009 entra en la gestión de residuos con vertederos y proyectos de plantas de tratamiento, según el Ministerio de Agricultura y Pesca, que le financió parte de un proyecto.

Comienza con una primera instalación en Estepona, el Centro Ambiental de la Loma del Esparragal, en régimen de concesión administrativa por 15-20 años, cuya explotación pone bajo su filial Camino de la Trocha SL. Y continúa en 2013 consiguiendo la Autorización Ambiental Integrada para el vertedero en el que participa Villarejo: el de la Finca La Doctora, de San Roque (Cádiz), cuya explotación queda a cargo de Sur de Vertederos y Canteras SL gracias a la cesión de la concesión administrativa que poseía Camino del Castor SL para el uso del solar como vertedero, al que se denomina Centro Ambiental La Doctora.

Según las memorias de Orvesa depositadas en el Registro Mercantil, la concesión administrativa para el uso del solar de Estepona El Esparragal como vertedero se había adquirido a un directivo de concesionarios de Ceuta en febrero de 2001. En ese área de El Esparragal existía una escombrera cuya operación es abandonada por sus dueños tras ser calificada de ilegal y presentarse acusación en un juzgado de Estepona. Sobre esa escombrera, Orvesa venía firmando convenios desde 2000 con la mancomunidad de vecinos de los municipios de Estepona, Manilva y Casares para su sellado y construcción de una nave de tratamiento anexa.

A pesar del impulso de alcaldes próximos a Villarejo, como David Valadez (junio 2008-mayo 2011), para renovar el convenio, la oposición vecinal lo paraliza hasta 2013, año en que Orvesa consigue 136.000 euros de financiación pública para construir una nave con líneas para separación y tratamiento de residuos (la ayuda era algo menos de la mitad del coste total).

Importación irregular de residuos desde Gibraltar 

El 8 de junio de 2016, de acuerdo con la base de jurisprudencia del Consejo del Poder Judicial, Orvesa despide disciplinariamente al encargado general del vertedero de Estepona después de que el director facultativo y empleado de Orvesa Antonio Moriel descubriese, en octubre de 2015, que estaban entrando en el vertedero residuos procedentes de Gibraltar con documentación irregular, según manifiesta la propia Orvesa al juzgado como razones del despido.

De acuerdo con la sentencia que falla sobre la demanda del trabajador, la empresa Orvesa afirma que "en fecha 10 octubre 2015, el director facultativo, tras una inspección ocular del espacio reservado en el Complejo Ambiental El Esparragal para el depósito de los residuos admitidos y provenientes de Gibraltar, y análisis posterior de determinada documentación, procedió a ordenar la paralización inmediata de nuevas admisiones transfronterizas; dando la oportuna cuenta al administrador único ese mismo día". 

Orvesa también asegura al juez que el 23 de octubre de 2015 se informó a la Consejería de la Junta de Andalucía y que es desde dicha fecha cuando se paralizaron las operaciones con Gibraltar. Una manifestación llamativa, ya que el vertedero contaba con permisos, como otros vertederos de la zona, para importar residuos de construcción y demolición desde Gibraltar desde septiembre de 2014 a abril de 2016, pero en determinadas condiciones y con la documentación de transporte correcta. (La razón de los permisos era que en esos años se construía un túnel bajo el aeropuerto del Peñón y la tierra extraída se trataba y depositaba en España, ya que Gibraltar carecía de esa capacidad).

Tanto la sentencia en primera instancia como la que se falla posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras el recurso de Orvesa, en 2017, son a favor del trabajador, pero no porque los jueces duden de los hechos de los que informa la propia compañía (entrada irregular de residuos de Gibraltar), sino porque, en opinión de los diferentes magistrados (de instancia y de Sala), en la carta de despido se achacaba la responsabilidad al trabajador de forma ambigua y con falta de precisión, tanto en las fechas como en la forma en que los hechos (y la supuesta participación exclusiva del trabajador) habían llegado al conocimiento de la empresa.

En junio de 2017, y tras una investigación preliminar, la Interpol coordina una macrooperación internacional contra el tráfico ilegal de residuos a la que llamó 30 days of Action (en España se conoció como Operación Tyson). Involucró a fuerzas de seguridad y agencias medioambientales de 43 países e implicó más de 1.400 denuncias y cientos de inspecciones de vertederos y plantas de tratamiento. Las leyes europeas son claras: las empresas deben hacerse cargo de sus residuos y asumir el coste de su tratamiento y depósito contratando gestores y vertederos autorizados. Pero algunos buscan eludir o rebajar el coste de eliminar sus residuos y prefieren soluciones imaginativas, tales como exportar sus residuos para que sean vertidos ilegalmente en otros países.

En España, buena parte de la investigación se centró en la entrada transfronteriza de residuos vía Gibraltar, ya que se observó que los miles de toneladas de residuos que entraban a España excedían lo que podía generar la actividad del diminuto Peñón, incluso teniendo en cuenta la obra del túnel bajo su aeropuerto y otro tanto ocurría con la isla de Malta: resultó que los residuos no se producían ni en Gibraltar ni en Malta, sino que llegaban a sus puertos en buques procedentes de los países que realmente los habían generado. 

Reportaje amable de 'Interviú'

En nuestro país la atención la acaparó un vertedero de Medina Sidonia (Cádiz) que recibía grandes cantidades de residuos de Gibraltar, si bien el Seprona de la Guardia Civil investigaba más instalaciones.

Sobre el vertedero de Orvesa en Estepona no se tiene información de si se encuentra afectado por esta macrooperación policial internacional de junio de 2017. No obstante, la propia empresa informó en los juzgados de lo social, donde se tramitaba la demanda del trabajador, que el 8 de febrero de 2016 la Guardia Civil visitó ("realizando el Acta de Inspección") las instalaciones para investigar los hechos, pero remarcando que había sido a petición de Orvesa y no a iniciativa de la Benemérita.

En su número del 1 de febrero de 2016, es decir, en los días inmediatamente anteriores a la visita de la Guardia Civil a Orvesa, la revista Interviú (entonces bajo la dirección de Alberto Pozas y con Luis Rendueles de subdirector, ambos imputados en la pieza Dina del Caso Villarejo por entregar, justo por esas fechas, una copia a Villarejo de la tarjeta de móvil que le fue sustraída a Dina Bousselham) publica un extenso reportaje titulado "España, vertedero de Gibraltar", en el que informaba de las miles de toneladas de residuos que entraban en España de forma descontrolada, dando voz a Ecologistas en Acción.

La segunda parte del reportaje se la dedica a Orvesa, poniendo el acento en que las 260.000 toneladas de tierras que recibió su vertedero desde Gibraltar se habían generado en su totalidad en la obra del túnel del Peñón (para lo que la compañía contaba con los permisos debidos). Es decir, se descarta que dichos residuos procedan de otros países y solo se contempla la posibilidad de que la tierra movida por la obra del túnel esté contaminada.

En la información se entrevista al director facultativo de Orvesa, que aseguraba que "somos los primeros interesados en que no entre aquí [en el vertedero] ningún suelo contaminado" y se informa de una renovación de los permisos de Orvesa para traer residuos de Gibraltar en septiembre de 2015, dando la impresión de continuidad en la actividad. El directivo apuntaba solamente como posibilidad la recepción (involuntaria) de residuos irregulares y una consecuente paralización de operaciones con Gibraltar. Y lo cierto es que, a la fecha del reportaje, Orvesa tenía paralizadas las operaciones con Gibraltar desde hacía tres meses y sin visos de recomenzar. Así lo afirmaría meses después el mismo directivo a los juzgados de lo social donde se tramitaba la demanda del trabajador despedido: que el 10 de octubre de 2015 había descubierto entradas irregulares en el vertedero tras revisar documentación y que el 23 de octubre de 2015, trece días más tarde, se tomó la decisión de paralizar sine die las operaciones con Gibraltar.