La Comisión Europea afea a España los pocos avances en los planes anticorrupción

La Comisión Europea (CE) ha urgido este viernes a España a que siga desvinculando los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, y se alinee con las normas europeas sobre autonomía del Ministerio Fiscal, a la vez que señaló que, aún con la adopción del Plan Estatal anticorrupción, no ha mejorado la aplicación práctica de las leyes ya existentes en esta área.

Son las recomendaciones a España del Informe del Estado de Derecho de la Unión Europa de 2026, el ejercicio anual de revisión por parte de la Comisión sobre los avances en cada Estado miembro en materias como la independencia judicial, la lucha anticorrupción, la libertad de prensa o los contrapesos al poder, entre otras áreas.

En esta ocasión, Bruselas no abre ningún nuevo frente a España y recupera reclamos sobre los que ya advirtió al país en ediciones anteriores, desde la crítica a la vinculación entre los mandatos del Fiscal General del Estado y del Ejecutivo hasta la falta de avances en legislación sobre grupos de presión, conflictos de intereses y declaración de activos de personas en funciones de alta responsabilidad ejecutiva. "El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción se ha adoptado pero no ha mejorado la implementación práctica de las reglas existentes", señala el informe.

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Progreso "limitado" en la lucha anticorrupción

La Comisión sostiene que el progreso ha sido "limitado" en el refuerzo de la normativa sobre conflictos de interés y sobre declaraciones patrimoniales de personas que ocupan altos cargos ejecutivos.

Aunque se ha presentado el proyecto de Ley de Integridad Pública y se ha adoptado el Plan Estatal contra la Corrupción, "la aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado", señala el informe.

Por ello, insta a España a que "impulse un proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses" y este tipo de declaraciones patrimoniales, así como que "garantice la independencia y las facultades efectivas de detección y sanción del órgano de supervisión competente".

Por otro lado, Bruselas señala que el Congreso no ha adoptado aún la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de presión (lobbies), que el Consejo de Ministros aprobó en enero de 2025, por lo que el progreso en este ámbito "es limitado". En concreto, la Comisión Europea pide a España que se continúe el procedimiento legislativo y que este incluya la creación de un registro público obligatorio de "lobistas".

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Por otro lado, Bruselas sí reconoce "avances significativos" en la revisión de la Ley de Secretos Oficiales y recomienda a España que "complete" los trabajos para reforzar el acceso a la información con la aprobación de esta norma y la de Administración Abierta.

Estatuto del Fiscal General del Estado y CGPJ

Bruselas reconoce que España ha hecho un "progreso significativo" para reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en trámite en el Congreso, pero apunta a que debe "seguir con los esfuerzos en curso" para proteger la institución, en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos del fiscal y del Gobierno.

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Con respecto a la adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la normativa europea, Bruselas reconoce que se han efectuado "avances adicionales", aunque subraya que "no se ha alcanzado un consenso para ultimar el proceso".

Por ello, reclama a España que "impulse el proceso (...) teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial, incluidas las orientaciones de la Comisión de Venecia sobre cómo mejorar el sistema actual", un alineamiento con los estándares europeos que también le pide en las reformas sobre el Ministerio Fiscal.