Haciendo de la necesidad virtud, José Luis Rodríguez Zapatero se dispone a repetir en su próxima investidura como presidente del Gobierno una postura que ya ensayó con éxito en 2000, aunque en esta ocasión con un riesgo notablemente menor, ya que su elección en segunda vuelta, por mayoría simple, está garantizada.

Hace ocho años, cuando aspiraba al liderazgo del PSOE frente a otros tres candidatos, sorprendió a propios y extraños con su rechazo a que la elección se dilucidase por un sistema de doble vuelta. El sistema le favorecía en teoría, porque la primera votación debía servir para descartar a dos de los cuatro candidatos y propiciar a posteriori los pactos de las candidaturas derrotadas con los dos finalistas. Sin embargo, en lo que entonces fue un auténtico golpe de audacia, Zapatero prefirió jugársela a una carta para si -como ocurrió- ganaba el congreso, poder ejercer el liderazgo sin la hipoteca de favores debidos. También ahora opta por la investidura en minoría frente al horizonte de una mayoría absoluta hipotecada por los compromisos previos.

La decisión de someterse a una segunda votación para ser investido presidente del Gobierno se fundamenta en los mismos principios de fondo por los que entonces desechó la doble vuelta, aunque el escenario político hace más evidente su lógica y menos audaz -antes bien, más prudente- su ejecución.

Las pautas marcadas por Zapatero a su partido para acometer el arranque de la legislatura responden a la siguiente tríada: preservar la autonomía del proyecto socialista, sobre la base de que ha reducido de 12 a 7 el número de votos externos que precisa para alcanzar la mayoría absoluta; buscar pactos con el PP en los asuntos de Estado, singularmente en la lucha contra el terrorismo, pero también para desbloquear órganos institucionales como el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; y -la clave coyuntural que determina la estrategia- no precipitarse en el establecimiento de alianzas parlamentarias.

Horizontes a despejar

La situación de crisis, o cuando menos de transición, en la que están inmersos todos los potenciales interlocutores parlamentarios aconseja un compás de espera.

Están en crisis los aliados preferenciales de la anterior legislatura, ERC e IU, que además han perdido la llave de la mayoría absoluta, y que celebrarán sus respectivos congresos antes del verano, con unos horizontes nítidos de cambio en su respectivas direcciones y posiblemente en sus estrategias.

Está en una encrucijada CiU, donde Convergència celebrará su congreso en junio y Uniò en octubre. Lo está también el PNV, donde el episodio de Mondragón no ha sido sino una clara expresión de disidencia interna. Y lo está igualmente el PP, que también tiene convocado su congreso para junio, en el que habrá de optar entre repetir la estrategia de acoso y derribo al Gobierno de la anterior legislatura o confirmar una línea de renovación abierta a los pactos con el Gobierno en los asuntos de Estado.

Incluso el PSOE, con problemas de liderazgo en territorios tan importantes como la Comunidad Valenciana y Madrid, celebrará su congreso en la primera semana de julio.

El Rubicón está, pues, en el verano.

La prioridad económica

Será después cuando el Gobierno, que se prevé relativamente continuista y volcado en afrontar la crisis económica en sus primeras decisiones, cuando el panorama de las alianzas tenga que abordarse a fondo y adquiera perfiles más nítidos.

Aunque los pronósticos de la opinión publicada parecen dar como mejor colocado al PNV, en la dirección del PSOE no lo tienen tan claro. A pesar de que su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, presenta un perfil de clara vocación pactista, que es prolongación del criterio del presidente del partido, Íñigo Urkullu, el PNV dista mucho en estos momentos de ser un partido unívoco y estable.

Tras la investidura de Zapatero, el lehendakari Ibarretxe volverá a La Moncloa con su raca-raca, en la versión antigua o remasterizada, lo que inevitablemente introducirá un factor de tensión en las relaciones. Después, Ibarretxe tendrá que decidir si apura la legislatura hasta abril 2009 -con una corriente interna de Ezker Batua abogando por salir del tripartito- o si, como dijo, adelanta los comicios al 25 de octubre ante el rechazo a su consulta.

Quienes pronostican la alianza con el PNV prevén que esas elecciones se saldarán con un resultado que forzará en el País Vasco el pacto PSE-PNV o PNV-PSE, que tendrían un correlato automático en Madrid, pero antes de que eso se conozca Zapatero tendrá que buscar un aliado para hacer prosperar los primeros Presupuestos de su nuevo Gobierno.

Demasiados contenciosos: plan Ibarretxe, referéndum, proyecto de nuevo Estatuto, ETA y elecciones. Y, según dirigentes socialistas, demasiada espera.

Con este calendario, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se ha anticipado a postularse como "la fuerza más creíble, eficaz y fiable" para afrontar una situación en la que la economía tendrá prioridad y que, a buen seguro, será eje preferente de la oposición del PP.

Pero con CiU hay también un gran contencioso, que arranca del primer tripartito catalán formado por Pasqual Maragall en 2003 y que tiene ahora su espoleta en el desarrollo del nuevo Estatut. El final de la legislatura pasada demostró que, llegado el caso, fue más fácil el entendimiento presupuestario con el PNV que con CiU.

Alianzas poliédricas

Así pues, la legislatura se encamina a un arranque bastante similar al cierre de la anterior, pero con la llave de la mayoría estable en manos de dos fuerzas que están en la encrucijada propia de los nacionalismos, donde anidan dos grandes tendencias: los defensores de repensar su papel y los partidarios de darles sentido en la Europa de los pueblos.

A partir de un marco genérico de buenas relaciones con CiU y PNV, el PSOE se orienta así a una política parlamentaria de geometría poliédrica -sin socios preferentes ni excluyentes-, tan poliédrica como las tres o cuatro combinaciones que a aquellas dos opciones estables añaden los 11 diputados del grupo de IU-ICV-ERC y del Mixto.