Marisco a domicilio, botellas de vino, chocolate, queso rallado y hasta pinzas del pelo. Estos productos son sólo parte de las listas de la compra  con cargo a la Generalitat valenciana que Compromís ha denunciado este jueves al Tribunal de Cuentas. 

La diputada autonómica de la coalición, Mónica Oltra, ha presentado las facturas destapadas por medios de comunicación locales en las que Administración tiró, presuntamente, de la caja fija —un sistema de pago diseñado para hacer frente a pequeños gastos diarios, pero en ningún caso personales— para hacer compras domésticas, desplazarse en taxi o dormir en hoteles en fechas 'sin justificar por la agenda oficial', reza el escrito presentado ante el Tribunal. 

Los costes ascienden a 500 euros en sushi; 1.180, en horchata; 817, en bollos o 216 por la citada mariscada a domicilio fechada el 29 de abril de 2010. También se incluyen trayectos de taxi en los que un recorrido de 5 kilómetros costó 70 euros o los 1.252 euros con los que se pagó la comida con la que altos cargos de la Consellería de Medioambiente del anterior Gobierno de Francisco Camps celebraron el ascenso del Levante UD a Primera División.

Gastos a los que dieron el visto bueno, entre otros, Cristina Serrano, alto cargo de Juan Cotino —imputado en el caso Gürtel— y Rafael Blasco —condenado por malversar con ayudas a cooperación—, así como la actual secretaria de Organización de la Generalitat y mano derecha del actual presidente (Alberto Fabra), Esther Pastor. Ésta última ya fue denunciada, el pasado mes de enero, por Manos Limpias por 'malversación de caudales públicos'. Al menos una de las facturas, en la que consta Presidencia de la Generalitat como cliente y fechada en abril de 2012, está firmada con su nombre [ver imagen]. ¿El detalle? 5,38 euros en queso Burgo de Arias; 3,66 en chocolate Valor; 7,87, en 'papas'; 7,32, en pechugas de pollo y 11,88, en arreglo para caldo, entre otros productos. 

Son facturas correspondientes a los últimos ocho años que ponen de manifiesto el descontrol que, a pesar de los sistemas de vigilancia establecidos en la ley, existe con respecto a las 260 cajas fijas —vinculadas a cuentas de La Caixa y BBVA— que tiene la Generalitat valenciana. 

Oltra ya solicitó toda esta documentación al Gobierno autonómico después de que los medios destaparan el escándalo de lo que ella llama las tarjetas black valencianas. En total, tres millones de facturas que Ejecutivo de Alberto Fabra se negó a mostrar esgrimiendo que para recopilarlas, 'por el volumen y dispersión de las facturas, haría falta un trabajo y número de personas que repercutiría en el funcionamiento normal de los servicios'. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio la razón a la diputada de Compromís y obligó a la Administración 'a facilitar la información en los términos solicitados'.

Ahora Oltra ha dado un paso más y ha presentado todas las informaciones aparecidas en la prensa local, así como la citada sentencia del TSJCV y la normativa relativa a la regulación de las cajas ante el Tribunal de Cuentas. 'Solicitamos que tenga por presentada la presente documentación [...] y en atención a su contenido acuerde llecar a cabo la investigación con el fin de que se depuren responsibilidades contables o las que pudieran corresponder de tipo penal', reza el escrito presentado por Oltra ante el Tribunal de Cuentas. Además, solicita el 'reintegro de las cantidades de fondos públicos por parte de aquellos que hicieron mal uso del mismo', concluye Compromís.