BARCELONA.- El concejal de la ciudad de Vic, Joan Coma, acusado de sedición, y que este lunes se ha negado a comparecer ante la Audiencia Nacional, ha pedido a los Mossos d'Esquadra que desacaten la orden que puedan recibir para que le detengan, pero ha insistido en que, en cualquier caso, si se produjera tal detención, él y quienes le apoyan deben mantener una actitud totalmente pacífica, sin recurrir siquiera a los insultos.

Joan Coma ha comparecido en una rueda de prensa en su ciudad, frente al Ayuntamiento, con el respaldo de una amplia representación de fuerzas políticas muy diversas. De tras suyo, sosteniendo una pancarta se encontraban dirigentes de la CUP como Gabriela Serra o de Junts pel Sí, como Marta Rovira, de ERC, o Jordi Turull, de PDECat, junto al músico y diputado Lluis LLach, pero también al lado de representantes de BComú como el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens o el secretario general y diputado de Podem, Albano Dante Fachín.

Para este mismo lunes por la tarde las fuerzas que apoyan al concejal han convocado en la propia ciudad de Vic un acto de protesta ciudadana.

Joan Coma ha publicado este mismo lunes una carta en diferentes medios informativos de su comarca en la que señala que la investigación de la Audiencia Nacional obedece a una denuncia de la Guardia Civil contra él, militante de la CUP y único concejal de Plataforma Vigatana, después de que el pleno municipal aprobara una moción de apoyo a la declaración del Parlament sobre la consulta del 9-N de 2014.

En su carta el concejal afirma que "sólo se podrá ejercer el derecho a decidir si también se ejerce el derecho a desobedecer".​

Coma había explicado previamente a través de redes sociales que mantiene esta actitud de desobediencia en cumplimiento de un mandato democrático y que en su opinión "ningún tribunal" puede decidir sobre el futuro del pueblo catalán.

El juez de la Audiencia Nacional que ha citado a declarar al concejal, Ismael Moreno, lo ha hecho a instancias del fiscal Vicente González Mota, que consideró que el llamamiento de Coma a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional debe calificarse como un delito de incitación o provocación a la sedición, contemplado en el Código Penal.