El caso de la célula islamista desarticulada el pasado sábado en Barcelona sigue deparando sorpresa. Si el miércoles era el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quien aseguraba en el auto en el que enviaba a sus diez integrantes a prisión que el grupo tenía planes para cometer un atentado el pasado fin de semana contra un transporte público de la Ciudad Condal, ayer era el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, el que elevaba la relevancia de la operación conjunta de la Guardia Civil y el CNI al asegurar que para el Ministerio Público no eran tres, como recogía la resolución del magistrado, sino seis los supuestos yihadistas que tenían pensado suicidarse para cometer una masacre.

Conde-Pumpido también calificó ayer de “inminente” el atentado, aunque reconoció que, a la vista del escaso material explosivo incautado a los presuntos teroristas, “a lo mejor había un cierto cambio de plan para hacer algo posteriormente”. El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el día de las detenciones ya se mostró extremadamente cauto sobre las intenciones de los islamistas, insistía en esta línea y aseguraba que este detalle “hace pensar que estaban más bien en proceso de entrenamiento”.

El testigo protegido

El propio auto de juez Moreno ya apuntaba en esta misma dirección e, incluso, señalaba al supuesto líder del grupo, Maroof Ahmed Miza, un pastelero de más de 70 años de edad, como la persona que había decidido retrasar “los planes sobre fecha y lugares para la comisión de los atentados suicidas”. Según fuentes policiales, fue el testimonio de un testigo protegido, confidente del CNI, quien  provocó que se precipitasen las detenciones al asegurar, precisamente, que el atentado se iba a cometer ya.