La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, conocida como Ley Zerolo, sigue adelante en su tramitación. Este miércoles la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el informe de ponencia de la ley. Auspiciada por el PSOE, la proposición salió adelante con 21 votos a favor y 14 votos en contra, los de PP y Vox. El texto acordado incluye el informe de la ponencia así como cuatro enmiendas transaccionales -una de las cuales es de adición y trata sobre materia que debe ser regulada por ley orgánica-, además de varias enmiendas parciales de las que quedaban vivas de PSOE, Unidas Podemos, Grupo Republicano y Ciudadanos.

Entre otras cuestiones, el texto incluye expresamente su aplicación a todas las personas "sin excepción con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal" en España. "Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Según el texto, a partir de ahora "se garantizará, a través de los medios necesarios, que todas las personas víctimas de discriminación, especialmente aquellas con discapacidad, tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes" y, en paralelo, crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

La aporofobia, el odio contra el pobre, también será un delito, según la enmienda aprobada y será castigada con las mismas penas. La futura también modificará el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.

Debido a que una de las transaccionales aprobadas trata sobre materia que debe ser regulada por ley orgánica, la Comisión no aprobó el texto con competencia legislativa plena, como estaba previsto, sino solo el dictamen, que será elevado a la Mesa del Congreso para que se adopten las decisiones procedimentales oportunas como consecuencia del cambio.

En el transcurso del debate, la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo aseguró que se trata de un "día histórico" en el que España "da un paso fundamental en la protección de las libertades y derechos de la ciudadanía".

El PP aseguró compartir la filosofía de la iniciativa pero, a su juicio, el PSOE junto a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, "han conseguido con las enmiendas transaccionales empeorar el texto", mientras que VOX insistió en que la norma creará más inseguridad jurídica y una sociedad "menos libre".

Por Vox, Lourdes Méndez advirtió de que la ley "hará una sociedad mucho más compleja, más insegura jurídicamente y, sobre todo, menos libre" y afirmó que el derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, "está garantizado de manera más que suficiente en los diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico".

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés quiso "dar la bienvenida" a la ley al entender que España "llegaba tarde a una transposición que permitiera dar efectividad de derecho al desarrollo del artículo 14 de nuestra Constitución, precisamente relativo a la igualdad de trato y la no discriminación".

Por ERC, Pilar Vallugera afirmó que este miércoles era "un mal día para hablar de igualdad y de derechos y para aprobar el dictamen de una ley que pretende acabar con la discriminación", en referencia al presunto espionaje sufrido por varios dirigentes independentistas catalanes y recordó que Catalunya ya cuenta con una ley de igualdad de trato y no discriminación "que funciona perfectamente".

En la misma línea, por Junts, Pilar Calvo, que votó en contra, lamentó que a los independentistas catalanes no se les reconoce "como víctimas por parte de este Estado atrapado en el alcantarillado de Interior".

Por Ciudadanos, Sara Giménez urgió a pensar en la "realidad" que viven todavía "muchas personas en nuestro país cuando quieren acceder a un empleo, a una vivienda, a un bien o servicio, cuando, en definitiva, quieren ejercer su ciudadanía", en referencia a la "barrera del rechazo social y de la discriminación simplemente por el hecho de lo que son" que esta ley, "de una forma histórica, da respuesta".