La nueva ley para la creación y crecimiento de empresas, conocida como ley "crea y crece", ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El anteproyecto ha salido sin ningún voto en contra con el apoyo de Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCAT. El PP y Ciudadanos han decidido abstenerse.

El objetivo de la nueva reforma es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para descargar los Juzgados de lo Mercantil de las acciones colectivas de consumidores, usuarios y viajeros, que pasarán a los Juzgados de Primera Instancia.

El debate y aprobación de esta norma se produce durante el último día de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en marzo de 2020 como una de las medidas del escudo de protección social y económico para salvaguardar la actividad con motivo de la pandemia por la covid.

Más restricciones y garantías

Todos los grupos han coincidido en que el texto ha mejorado desde el primer documento que llegó al Consejo de Ministros. En concreto, a lo referente en materia de segunda oportunidad y en el procedimiento especial para empresas pymes, que por sus características acababa extendiendo un mecanismo pionero y simplificado a la totalidad de las empresas.

De esta forma, el procedimiento restringe su umbral a las empresas que no alcancen una facturación de 700.000 euros, un pasivo de 350.000 euros o aquellas que cuenten con menos de diez trabajadores.

También, se recupera la postulación de procurador y abogado ante las dudas que suscitaba respecto al derecho de defensa y tutela judicial efectiva, al igual que se ha aplazado la entrada en vigor de este mecanismo.

Mejoras en la segunda oportunidad

Además, respecto a la segunda oportunidad, las exoneraciones previstas en el proyecto de hasta 1.000 euros frente a Hacienda y otros 1.000 euros con la Seguridad Social se elevan hasta 10.000 euros para las personas físicas. Este nivel de exoneración, según estimaciones expuestas en el debate en base a los datos del Consejo General del Poder Judicial, permitirá una exoneración a más del 90% de deudores.

La reforma también acaba con la vinculación del crédito público a los planes de reestructuración, de continuación o de apertura de negocio. Así, se limita la ejecución sobre bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial por deudas con Hacienda y Seguridad Social.

En este sentido, la aprobación y homologación de los planes de continuación no requerirán de aprobación siempre que las quitas con la Administración no superen el 15%.

Por tanto, también se podrá solicitar el aplazamiento y el fraccionamiento de crédito de Hacienda en período voluntario sin necesidad de garantías hasta 30.000 euros. Se limitan también las excepciones con el fin de que determinados deudores puedan acceder a la exoneración de su pasivo insatisfecho tras haber sido condenados penalmente o sancionados, accediendo incluso a quitas de crédito público.

Falta de medios y ambición

A pesar de los progresos en las exoneraciones de la Administración, PP y Vox han censurado que el Ejecutivo se resistiera a que el crédito público perdiera su condición de privilegio frente al resto de deudas. "La cicatería del Gobierno nos aleja de Europa", ha aseverado Luis Santamaría, del PP.

Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado por profundizar en la especialización de los juzgados para otros ámbitos como el de la infancia. "Hacen falta más fondos, más medios para dotar a la Justicia como servicio público, real, eficaz, eficiente y de proximidad", señala Carolina Telechea, de ERC.

El diputado Josep Pagès, de Junts, apunta que otro de los puntos de la norma se centra en el sistema de alerta temprana que "por sus formalidades y rigidez queda inhabilitado para evitar que las empresas que presentan indicios entren en situaciones de insolvencia".

Además, Telechea ya ha advertido sobre los posibles problemas con la retroactividad que contempla la norma y afectará a concursos ya iniciados, aunque ha lamentado los pocos avances en materia de mediación. "Se ha hecho una referencia muy sucinta sobre este tema, pero no ha quedado un desarrollo más exhaustivo", indica.

Durante el debate, los grupos de la oposición han criticado la acelerada tramitación de una norma que llegó al Congreso en enero y cuyo debate y votación se ha producido en poco más de una semana. "Una reforma de este calado necesitaba más sosiego", ha lamentado Mikel Legarda, del PNV.