El Pleno del Congreso aprueba este jueves la ley que reforma el modelo y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creando, entre otras medidas, una vicepresidencia en el Tribunal Supremo, restando poder a las asociaciones en la proposición de candidatos y limitando la dedicación exclusiva de los vocales al presidente y a los otros cinco miembros de la Comisión Permanente.

La Cámara Baja va a debatir las enmiendas que fueron introducidas en su tramitación por el Senado para decidir si mantiene o revoca estos cambios. Tras una votación final sobre el conjunto del texto, la norma quedará definitivamente aprobada por las Cortes Generales y será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

El texto, al que se presentaron seis propuestas de veto del PSOE, Izquierda Unida, ERC, PNV y la Entesa, salió adelante el pasado 20 de junio en el Senado con los votos del PP y de UPN. La votación de esta ley de carácter orgánico se produjo con la ausencia de 46 de los 266 senadores.

Durante su tramitación en el Senado, el PP echó para atrás su propuesta de crear una vicepresidencia común del Consejo y del Tribunal Supremo y estableció que el 'número dos' del alto tribunal fuera cubierto cualquier magistrado de este órgano con al menos tres años de antigüedad que auxiliará a su presidencia y facilitará 'el mejor y más correcto funcionamiento de aquel en su quehacer diario'.

La oposición fue unánime en su crítica de que el articulado, al que se presentaron 332 enmiendas, alegando que 'reduce' la independencia del órgano de gobierno de los jueces, 'subordina y supedita' el Poder Judicial al Poder Ejecutivo y 'atenta' contra el 'núcleo' de la democracia y la separación de poderes en un momento en el que la obra de Montesquieu, precursor de este principio, cumple 265 años. Las asociaciones judiciales y los magistrados del Supremo también han reprobado el proyecto.

Desde el PP, el portavoz de Justicia Manuel Altava respondió que la voluntad de los 'populares' es 'dejar libertad autónoma' al Consejo para que gobierne a un colectivo formado por cerca de 5.000 togados y defendió que la norma conforma una institución 'más plural, transparente, operativa y con menor coste económico'.

A partir de su entrada en vigor, el Consejo del Poder Judicial funcionará con una mayoría de vocales que compatibilizará su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, su actividad internacional estará coordinada con el Ministerio de Exteriores tras el 'caso Dívar', y funcionará únicamente con las Comisiones Permanente, de Asuntos Económicos y de Igualdad. De este modo, se suprime la Comisión de Calificación cuyas funciones de preparación de los nombramientos discrecionales por el Pleno corresponderán a la Permanente. Para evitar bloqueos en la renovación, bastará la sola presencia de los vocales designados por una Cámara para que el nuevo Consejo pueda constituirse con los miembros designados en su momento por la Cámara que incumple el mandato.

En la elección de los 12 consejeros del turno judicial, las Cámaras 'tomarán en consideración' el número existente en la Carrera Judicial de jueces no afiliados y de afiliados. Como mínimo, deberá haber tres magistrados del Supremo, otros tres con más de 25 años de antigüedad en la Carrera y seis jueces sin sujeción de antigüedad. Entre otros cambios, cualquier juez podrá presentar su candidatura con 25 avales o el aval de una asociación y se elimina el límite de 36 candidatos entre la terna para su estudio por las Cortes. Contra el deseo de la oposición, el presidente del CGPJ solo tendrá el deber de comparecer ante el Parlamento por razón de sus funciones para presentar la Memoria anual de los tribunales.