El Congreso insta a Rajoy a elaborar un Plan de Derechos Humanos antes de junio

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a renovar el I Plan de Derechos Humanos elaborado en 2008 y cuya vigencia caducó en 2012. La PNL, que fue impulsada por el PNV y ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de una abstención (338 de los 339 diputados presentes votaron sí), busca arrancar el compromiso del Ejecutivo antes de junio y a definir "medidas concretas ligadas a iniciativas presupuestarias que afecten ya a los PGE de 2018" en septiembre de este mismo año. 

Así lo especificó el portavoz del grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, que se negó a admitir enmiendas a su texto inicial al considerar que todas las pegas a su documento ya estaban, en realidad incluidas en él. "Que haya garantías de que el nuevo plan dure más de una legislatura, que haya control parlamentario y que el Parlamento pueda hacer propuestas que se integren en el Plan está en nuestro texto, por lo que lo mantendremos tal y como lo hemos presentado", argumentó.

Durante el debate de dicha iniciativa, en el que el Hemiciclo estaba medio vacío, la oposición arremetió contra muchas de las políticas de Mariano Rajoy porque, dijeron, no hacen sino ahondar en la vulneración de los Derechos Humanos. Esteban, además, recordó que este debate no eran nuevo, sino que "ya se habló en la IX legislatura". El PP, como ya contó este diario, ocultó un informe que había encargado a expertos independientes y que debía servir como base de dicho Plan. Pero las conclusiones no gustaron al Ejecutivo. 

Así se lo recordaron -al vacío, porque no había ningún ministro en sus escaños, al haber sesión de control al Gobierno a la vez en el Senado- desde la oposición. "Hay que ver las debilidades [de España en materia de Derechos Humanos] y estudiar cómo aplicar políticas concretas [para remediarlas]", explicó Esteban. "Pero el nuevo Gobierno -tras el de José Luis Rodríguez Zapatero, que impulsó el primer Plan- no quería seguir con el mismo ni implementar nada en este ámbito [...] Lo dijo el director del equipo de expertos [Fernando Rey, hoy consejero de Educación en Castilla y León]: el Gobierno no quería entrar en algunos temas, por eso nunca quiso presentar aquel informe ni darle publicidad", lamentó el impulsor de la PNL. 

Dicho documento sí fue desgranado en este diario. Hoy, también en el Congreso. Así, Enric Bataller (Compromís) recordó que los expertos denunciaron que en España todavía existe el "abuso de poder en las cárceles y en los CIEs", que la reforma laboral vulneraba también los derechos humanos, así como la ley mordaza y el haber dejado sin fondos la Ley de Memoria Histórica. En la actualidad, se añadiría además la crisis de los refugiados: "La acogida de 17.000 personas a la que se comprometió el Gobierno sigue pendiente", lamentó el diputado valenciano. 

Incluso los socios del PP, Ciudadanos, lamentaron que en su día el Gobierno se comprometiera ante la ONU con "palabras bonitas" que nunca llegaron a transformarse en un Plan de Derechos Humanos. "¿Dónde está?", preguntó Patricia Reyes, que enumeró las cifras de paro, la brecha de género, las deficiencias en igualdad o el riesgo de pobreza como vulneración de derechos humanos en España. Asimismo, recordó que la mayoría absoluta de Rajoy "frenó en seco" la renovación del plan en la legislatura pasada, y pidió que se haga en esta, "pero para cumplirlo".

Ione Belarra, de Unidos Podemos, también consideró que "España necesita urgentemente un plan de Derechos Humanos porque se vulneran sistemáticamente". "Lo dice la ONU, cuyo comité de Derechos Humanos suspendió a España en el examen de julio de 2015".

La diputada navarra citó el derecho a la vivienda, el de las mujeres a estar libres de la violencia de género, a la libertad de expresión, el de los detenidos a no recibir malos tratos, a no sufrir racismo por las identificaciones étnicas y hasta el de los niños a no ser agredidos sexualmente como algunos de los no respetados.

"Es hipócrita presentar una candidatura al Consejo de DDHH de la ONU cuando España no tiene un plan de DDHH", agregó. Y concluyó: "No nos vale cualquier operación de maquillaje, sino un plan con metas, objetivos, indicadores de proceso y resultados que se pueda evaluar después y el acompañamiento de partidas presupuestarias", advirtió. 

A favor de la PNL del PNV se posicionó también PDECAT, que pidió un plan "crítico pero constructivo", dijo Jordi Xuclà, que no estuvo presente durante su turno pero llegó a tiempo para defender una enmienda que insta a negociar el plan con la sociedad civil.

Del mismo modo, Joan Olòriz Serra (ERC), lamentó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos "se aplica poco" y, tras salir en defensa de la diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia, pidió una reforma constitucional donde las propuestas no sean insuficientes. 

La diputada vasca, por su parte, había defendido con anterioridad que el Gobierno debe acabar con las políticas de dispersión de presos o con la no investigación de torturas que, en su opinión, suponen la "obstaculización del desarme de ETA", así como una vulneración de los derechos humanos. A ello se unirían normativas como la ley mordaza o las políticas económicas del PP "incompatibles" en materia de pensiones, vivienda, inmigración o ley mordaza con la defensa de "derechos básicos" e, incluso, la negativa "a dar voz a la ciudadanía en Catalunya".

Al ataque saltó entonces el diputado del PP Leopoldo Barreda de los Ríos. "Tiene cuajo que ustedes, que siguen sin condenar el terrorismo de ETA se permitan dar lecciones sobre derechos humanos", le recriminó a Beitialarrangoitia. Después, defendió que, pese a no haber reformado el I Plan de DDHH, el Gobierno de Rajoy sí luchó por ellos siguiendo el Compromiso de Viena del 93, así como la Constitución, "la mejor garantía de los Derechos Humanos", lanzó también como respuesta al diputado de ERC.

El conservador aseguró que el Ejecutivo elaborará en esta legislatura el II Plan de Derechos Humanos, "con o sin PNL". Eso sí, "con realismo", apostilló tras criticar que los plazos propuestos por el PNV de Aitor Esteban eran "de imposible cumplimiento". Una vez más, el PP utiliza un 'vuelva usted mañana' como respuesta que le permitirá seguir alargando la aprobación de dicho plan sine die. Y es que, pese a la aprobación de la PNL, este tipo de iniciativas sólo sirven para hacer una petición al Gobierno, pero no le obliga a nada. 

También otros grupos mostraron sus dudas respecto al Plan de Derechos Humanos. Es el caso de UPN, la marca blanca del PP en Navarra, que abogó por llegar a un "consenso" previo a la elaboración del plan para definir el propio concepto de derechos humanos. "Hay que saber si cada derecho humano significa para todos los mismo. Hay quien cree que el aborto es un derecho fundamental, hay quien cree que es un fracaso social y quienes creemos que es la mayor injusticia contra el ser más indefenso", espetó Carlos Salvador.  Y ayudó a su compañero del PP en su respuesta a la oposición. "No deberíamos dar lecciones de DDHH como sigue habiendo homenajes a terroristas de ETA. Además, deberíamos de ser coherentes:  si creemos que Leopoldo López debería ser libre en nuestro país, deberíamos pedir que lo fuera también en Venezuela", concluyó.

El Grupo Socialista, por su parte, se mantuvo al margen del resto de pullas entre partidos y se dedicó a defender el plan de Zapatero. "En 2008 dimos cumplimiento a la recomendación de la ONU y no eran sólo buenas intenciones. Eran 172 medidas que garantizaban los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras", presumió Meritxell Batet. "Eran una prioridad en la agenda política", incidió tras enumerar la promoción de la igualdad y no discriminación, la lucha contra la trata, contra las desapariciones forzadas, contra las bombas de racimo, la prevención de la tortura o el reasentamiento de refugiados, entre otras cuestiones. Precisamente esta última sirvió de excusa al PSOE para pedir a Rajoy que ese plan se elabore cuanto antes. "Con la crisis de refugiados de hoy, este llamamiento por el  II Plan de Derechos Humanos es más acuciante que nunca", opinó Batet. Y zanjó: "Ahora ya no hay mayoría absoluta que lo impida".