MADRID.-  'Vuelva usted mañana'. Esa es la respuesta habitual del Gobierno de Mariano Rajoy cuando se le pregunta por el Plan de Derechos Humanos que debería haber sido actualizado en 2012.

Esa es la fecha en la que el PNV comenzó a presionar al Ejecutivo para que prestara atención a dicho tema. Ahora, el partido vasco volverá a intentarlo presentando una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que busca el cumplimiento de España "con el compromiso internacional adquirido a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993". Es decir, con la ONU.

El I Plan de Derechos Humanos 2008-2012 fue elaborado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy llegó a la Moncloa en noviembre de 2011. Tan sólo un mes después, el grupo vasco que lidera Aitor Esteban en la Cámara baja ya presentó una PNL para la elaboración del II Plan de Derechos Humanos.

El Ejecutivo respondió, pero a medias. En febrero de 2012, el PP —entonces con mayoría absoluta en la Cámara— dio el visto bueno a la iniciativa. E incluso se puso a trabajar en ella. El Centro de Estudios Constitucionales -dependiente del Ministerio de Presidencia- designó a un Comité Técnico para que se encargara de analizar la situación actual de los derechos humanos en España. Sus conclusiones sentarían las bases para elaborar el Plan. 

"El Gobierno del PP utilizó la crisis para poder recortar derechos", aseguró el coordinador del grupo de expertos designado por el Gobierno

El grupo de estos expertos independientes, coordinado por el profesor de Derecho de la Facultad de Valladolid Fernando Rey, dictaminó entonces que la situación era más que preocupante y, además, se había agravado desde a llegada de los conservadores al poder. "El Gobierno del PP utilizó la crisis para recortar derechos", denunció Rey a Público en aquel entonces.

De nada sirvió. El informe del Comité sólo fue publicado en este diario. La vicepresidenta y entonces también portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a dar largas a Aitor Esteban al respecto: "El II Plan de Derechos Humanos está redactado y en fase de consulta ante los ministerios", se limitó a responderle en el Hemiciclo. Era diciembre de 2014. Después llegó 2015 y, con él, el bucle electoral que no terminó hasta el pasado 26 de junio. 

Mientras, el informe de los expertos y el presunto plan ya redactado seguían en algún cajón de la Moncloa y, a día de hoy, ninguna de las fuentes gubernamentales consultadas por este medio para la elaboración de esta información ha dado explicaciones sobre el mismo.  

Sáenz de Santamaría aseguró en 2014 que el Plan estaba ya redactado. Hoy, nadie en Moncloa ha respondido al respecto

Ahora, el PNV quiere recuperar una de sus banderas, que siempre quedó relegada a un "vuelva usted mañana" por parte del Ejecutivo de Rajoy. De hecho, esta vez corrige 'bondades' anteriores.

Si en 2012 sólo 'recomendó' al Gobierno desarrollar el plan "en el plazo de un año", ahora le marca una fecha límite: "antes del 31 de marzo", para marcar "políticas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993". Y el "30 de junio de 2017" para detallar un "programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias de dicho Plan". 

El Gobierno ya tiene hecha parte del trabajo que, de aceptar la PNL del PNV, les queda por delante. Se trata del informe del Comité de Expertos que Público desveló en 2014 y que ahora recupera: 

"Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esa luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra". Así de contundente comienza el informe del Comité de Expertos que se titula Los derechos humanos en España: un balance crítico. 

"La crisis económica está sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas"

Las "crecientes" sombras llegaron, según los 24 profesores universitarios procedentes de toda España y que elaboraron este dictamen de forma desinteresada, por "la devastadora crisis económica" que afectó, sobre todo, "a los derechos sociales".

Pero, aclaraban: "En ciertas ocasiones, la crisis económica está sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas en materia de derechos humanos". Ello incluía una enmienda a las políticas del PP en materias de Educación -con la Lomce de Wert-, las tasas judiciales o la ley mordaza, entre otras. 

La existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), el hacinamiento en ellos y en las cárceles, las redadas racistas o el abuso del uso de la fuerza policial en manifestaciones fueron otros de los puntos vulnerables denunciados por los expertos. 

El Comité de Expertos denunció las redadas racistas y el hacinamiento de los CIEs

El Comité instaba entonces a elaborar un "protocolo de captación, conservación y recuperación de las grabaciones de seguridad" de los centros penitenciarios con el fin de evitar los malos tratos a los presos; a mejorar sus "garantías" cuando son sometidos al régimen de incomunicación; o sancionar -y no permitir los indultos- a los policías que abusen de su autoridad.

Asimismo, los profesores lamentaban la permanencia de "humillantes" identificaciones policiales de personas que, por su color de piel, son sospechosos de ser inmigrantes irregulares. Es decir, las redadas racistas o, lo que el Comité denominaba de una forma más políticamente correcta como "controles de identidad discriminatorios". Una práctica para la que el Gobierno de Rajoy no había "tomado las medidas necesarias para erradicarla". 

El Ejecutivo dejó también sin solución el problema de hacinamiento de los CIEs, así como "su atmósfera carcelaria" y sus deficiencias en cuanto atención médica se refiere. 

"La democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en mayor medida, pueblo gobernante". Esa era la conclusión genérica de los profesores en cuanto a reforma constitucional se refiere. 

Los profesores son partidarios de rebajar la mayoría de edad electoral

Los expertos proponían, para empezar, reformar la ley electoral para "dotar de pluralismo al sistema político". Sus recomendaciones eran tomar como ejemplo la circunscripción única similar a la utilizada en los comicios europeos, rebajar la mayoría de edad electoral por debajo de los 18 años y permitir votar a los extranjeros residentes, entre otras muchas cuestiones.

Criticaban, a su vez, que con los cambios del PP en lo referente a financiación de partidos se mantuvieran aún "un sistema que beneficia a los más votados", "la posibilidad del endeudamiento ilimitado" y la escasez de transparencia que aconsejaban remediar dando a conocer la identidad de cualquier donante. 

Además, con el propósito de alcanzar una "democracia real", proponían también modificar la Carta Magna para que las leyes aprobadas por las Cortes puedan ser sometidas a "referéndum derogatorio, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso 500.000 electores", potenciar otras formas de control al Gobierno como las "preguntas parlamentarias de iniciativa ciudadana" o permitir "la intervención de ciudadanos y colectivos sociales en la elaboración de las leyes".  ¿Cómo? Rebajando, por ejemplo, el número de firmas necesarias para poder presentar Iniciativas Legislativas Populares (ILPs).

"España no cumple con la mayoría de recomendaciones de los organismos internacionales en cuanto a protección de los derechos de las víctimas del franquismo". Por ello, los expertos del Comité designado por el Gobierno recomendaban derogar la Ley de Amnistía de 1977 o, al menos, garantizar que dicha normativa no frustra las investigaciones de delitos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Su informe era especialmente crítico con la "desprotección" de las víctimas, lamentaban la "insuficiente" Ley de Memoria Histórica y la escasez de recursos a la misma que, entre otras cosas, impide a las familias de las víctimas exhumar los cadáveres de sus seres queridos.

Denunciaban la "insuficiente Ley de Memoria Histórica y los recortes en los recursos de la misma

Según recordaban, la ONU obliga a los Estados a legislar para impedir violaciones de derechos humanos, investigar las mismas "de manera imparcial", permitir el "acceso efectivo a la justicia" de las víctimas" y a proporcionarles "recursos eficaces, incluso la reparación".

Unas exigencias de "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición" que no se cumplieron con la Ley de Amnistía, que "perdona los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas". Y ello a pesar de que el según el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó y que "los delitos de lesa humanidad (las torturas o las desapariciones forzadas, por ejemplo) son imprescriptibles". 

"El mejor modo de afrontar los dilemas que se presentan como consecuencia de un pasado de violaciones graves de derechos humanos es atendiendo las exigencias del Derecho internacional. Esto es, evitando la impunidad y garantizando el derecho de las víctimas", concluían los profesores.

Otra de la claras 'enmiendas' del Comité de Expertos designados para elaborar las bases del II Plan de Derechos Humanos hacía referencia al tijeretazo del anterior Gobierno de Rajoy en materia de Educación y Sanidad. Tanto la Lomce de Wert como la expulsión de los inmigrantes del sistema sanitario respondían, según los profesores, no sólo a recortes presupuestarios debidos a la crisis, sino a términos ideológicos. 

"La crisis no puede servir de pretexto para una restricción del acceso a la atención sanitaria"

Denunciaban que la nueva ley educativa no solo no solucionaba la tasa de abandono escolar ni la segregación del alumnado, sino que tampoco mejoraba la situación de los alumnos más vulnerables. Además, la reducción de cuantías de las becas y el endurecimiento de requisitos para acceder a las mismas incrementaba la brecha ya que, denunciaba el informe, "en las familias con rentas más bajas la tasa de abandono es más del triple que en las familias con mayor nivel de renta". 

En cuanto a sanidad, los profesores sentenciaron que "la crisis no debe tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea y no puede servir de pretexto para una restricción o denegación del acceso a la atención sanitaria". También criticaban los intentos de privatización de centros sanitarios los cierres de plantas de hospitales o la "insuficiente dotación de personal" que, a día de hoy, siguen lamentando médicos y pacientes. 

En España hay derecho a huelga, pero no está desarrollado en la Constitución. Uno de los graves problemas del sistema laboral que, según el Comité de Expertos del Gobierno, ningún Ejecutivo fue capaz de solucionar con sus reformas del mismo. 

"Carecemos de una comisión de garantías para el ejercicio del derecho a huelga"

La Carta Magna sí reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental, pero, en opinión de los profesores, la ausencia de una Ley Orgánica propia que lo desarrolle provoca "conflictos por falta de legislación" que pueden conllevar abuso de poder por parte del empresario.  "Ante la ausencia de una Ley Orgánica de huelga, carecemos de una comisión de garantías para el ejercicio del derecho a huelga, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos", resume el documento.

Además, los profesores denunciaban que nunca se hayan generado "pautas para la generación de empleo" o para la recuperación de la pérdida del mismo. "El derecho a ejercer una profesión libremente es un derecho fundamental", recordaban, pero, lejos de ello, medidas como ampliar la "flexibilidad" o "la menor protección legal frente al despido" y su abaratamiento no hacían sino incrementar las ya de por sí "elevadísimas" cifras de paro, denunciaban.