Represiva, innecesaria, fascista o mordaza son algunos de los calificativos que hoy han usado los portavoces de todos los grupos de la oposición para definir el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, cuya toma en consideración se debate en el Pleno del Congreso.

No en vano han sido nueve las enmiendas a la totalidad que han defendido los grupos para pedir la devolución de un texto que ha sufrido modificaciones importantes respecto a los primeros borradores y que el Gobierno ha suavizado. Sin embargo, la iniciativa no ha satisfecho a ningún grupo y desde toda la bancada de la oposición ha recibido el reproche unánime en presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encargado de defenderla.

Es 'la ley de la represión ciudadana y tiene el sello del PP', ha sentenciado Isabel Rodríguez, del PSOEEs 'la ley de la represión ciudadana', ha sentenciado Isabel Rodríguez, del PSOE, para quien el Gobierno ha conseguido poner en un texto 'el sello del PP', poner a todos los partidos en su contra y afrontar una 'reforma ideológica' para 'reprimir la libertad' de los españoles. Tras criticar las 'similitudes' con la ley de 1959 del régimen franquista, Rodríguez ha pedido al Gobierno que haga un último esfuerzo, 'no piense en un pasado que la mayoría de españoles no quieren volver a vivir' y haga uso del consenso constitucional para redactar un nuevo texto.

Ha sido el diputado de CiU Feliu Guillaume el único que ha visto algo positivo en el texto —que las manifestaciones no comunicadas sean infracción leve y no grave como hasta ahora—, pero como el resto de los portavoces ha asegurado que la nueva ley impedirá ejercer los derechos fundamentales con el 'mismo truco' de la ley de Tasas Judiciales: las sanciones.

Desde la Izquierda Plural, Ricardo Sixto ha visto en el proyecto una 'vuelta más de tuerca' a la intención del Gobierno e 'perseguir' la protesta ciudadana, según el diputado, quien ha censurado la 'impunidad de la actuación policial' que ampara la iniciativa.

Solo el representante de CiU ha mencionado un aspecto positivoRosa Díez, de UPyD, ha pedido al Ejecutivo un ejercicio de reflexión después de que toda la oposición haya pedido la retirada de una propuesta que ve 'innecesaria', que es 'lesiva' también para los policías y que genera 'inseguridad jurídica' y problemas 'donde no existían'.

Por el PNV, Emilio Olabarria ha reprochado el concepto de orden público 'perverso' que se desprende del texto, que incrementa el 'poder punitivo del Estado' y colisiona con las competencias autonómicas.

Más duros se han mostrado aún los representantes de los partidos minoritarios y, así, Joan Baldoví, de Compromís, ha opinado que con el proyecto 'pintan bastos y siempre para los de siempre, los de abajo'.

Mikel Errekondo, de Amaiur, se ha amordazado en el Pleno al son de 'mucha policía, poca diversión'Y la música la ha puesto Mikel Errekondo, de Amaiur, que al son de 'mucha policía, poca diversión', ha aludido a la frase de Manuel Fraga 'la calle es mía' para resumir su opinión sobre el texto. Para ilustrarla, se ha puesto un mordaza cuando hablaba en la tribuna, pero la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, le ha exigido que se quitara 'esa maldita mordaza' porque 'aquí se viene a hablar'.

Joan Tardá, de ERC, ha exhibido en la tribuna desde la que ha intervenido algunas fotografías de 'brutalidad' policial y otras de la 'pasividad' de los agentes ante manifestantes con esvásticas para denunciar la actitud en uno y otro caso, y ha tildado el texto de 'vergüenza'.

La diputada del BNG Rosana Pérez ha considerado que el Gobierno pretende 'censurar, silenciar y amordazar cualquier crítica y protesta' y dar una 'vuelta de tuerca' a las 'ya mermadas' libertades ciudadanas.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, se ha dirigido al ministro para decirle que en este proyecto le asiste la 'fuerza' de la mayoría parlamentaria, pero 'no de la razón', y ha advertido al Gobierno de que no va a poder impedir la protesta de los ciudadanos.