Los aliados del Gobierno solo apoyarán las medidas de vivienda de Sánchez si son más intervencionistas

Las medidas en materia de Vivienda anunciadas el lunes por Pedro Sánchez tendrán que pasar una difícil prueba en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios de la izquierda ya advierten de que si el Ejecutivo quiere sus votos tendrá que poner encima de la mesa más ambición para solucionar la emergencia habitacional que sufre una gran parte de la población.

Prácticamente todos los partidos coinciden en que han apreciado cierto cambio en el discurso del PSOE en esta materia que se deja sentir en el pack legislativo presentado por el presidente. Pero también precisan que ese giro es, todavía, insuficiente, al igual que buena parte de las medidas anunciadas.

Dos aliados habitualmente fiables del Gobierno, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, han sido contundentes en su valoración del anuncio de Sánchez.

En conversación con Público, los republicanos aseveran que el Gobierno tiene "que ser valiente e ir más allá para que las medidas en materia de vivienda den solución a la mayoría social, que en este país ve cada vez más difícil el acceso a la vivienda". Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, lo expresó en la red social X con estas palabras: "El Gobierno debería tener claro que por encima del derecho a enriquecerse con la vivienda está el derecho de todos y todas a tener una vivienda digna".

En concreto, ERC carga contra medidas como la exención del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia que establece la Ley de Vivienda, que "beneficiará a los propietarios que tengan rentas muy altas".

Los abertzales ven "luces y sombras". Algunas de las medidas anunciadas "van en la buena dirección", aunque "les falte ambición". Otras ―y, en este punto, citan también el aumento en la exención fiscal a los propietarios―, van en la dirección contraria. En cuanto a los límites a la compra de vivienda que no sea para una primera residencia por parte de extranjeros, los de Mertxe Aizpurua lo dejan claro: "Hay que prohibirlo". También "a los fondos extranjeros que compran cientos de inmuebles para especular". Ahí encuentran el verdadero problema

Ninguna de las dos formaciones se plantea ni por asomo dar su apoyo a las medidas que tengan que pasar por el Congreso, como la exención fiscal a los propietarios, sin pasar por un estricto proceso de negociación en el que se tengan en cuenta las medidas que, de acuerdo con su perspectiva, flojean o directamente rechazan.

Las izquierdas del Congreso pronostican una negociación estricta con el Gobierno si quiere su apoyo en la medidas de vivienda

En las filas del Bloque Nacionalista Galego (BNG), según explican fuentes de su entorno en el Congreso a este medio, lo que más preocupa es que la mayor parte de la legislación en vivienda corresponde a las comunidades autónomas, por lo que se mirará con lupa cada una de las propuestas socialistas.

En Podemos tampoco convencen las medidas anunciadas por Sánchez el martes. Los de Ione Belarra insisten en que "todo lo que no sea intervenir el mercado para bajar el precio de los alquileres en un 40% y prohibir toda la compra de vivienda que no sea para residir es una tomadura de pelo a la ciudadanía".

Para la formación morada, el pack legislativo responde a "un anuncio efectista que en modo alguno resuelve el grave problema de vivienda". En este sentido ponen el foco en que la creación de una empresa pública de vivienda "no sirve si no hay voluntad política para expropiar a los grandes propietarios para poner sus inmuebles en régimen de alquiler social. En España no hay un problema de construcción de viviendas, sino de utilización y de vivienda vacía", explican.

Por el momento, los partidos de derechas del bloque de investidura se mantienen en silencio. Mientras que en Junts es habitual la discreción, en el PNV sorprende que no se haya emitido ninguna reacción. Durante la presente legislatura, en varias ocasiones Aitor Esteban ha reclamado al Gobierno cambios en la Ley de Vivienda que "estimulen la oferta" y ofrezcan "seguridad jurídica" a los propietarios.

Las reticencias de Sumar

Las reticencias con estas medidas van más allá del Congreso, y en el seno del Gobierno también existen discrepancias. En Sumar han trasladado públicamente que aprecian ese "giro" en el discurso de los socialistas a la hora de considerar que "sin regulación del mercado cualquier medida será insuficiente para resolver el problema", pero precisan que ahora la clave reside en "cómo intervenimos el mercado".

De las medidas anunciadas, las que más agradan a Sumar son la tributación del IVA de las viviendas turísticas, la paralización de las ventas de la Sareb para que se incorpore un parque estatal de vivienda, y el compromiso para modificar el régimen fiscal de las denominadas socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria).

Sobre el resto de medidas, los de Yolanda Díaz creen que, cuando menos, faltaría complementarlas para incrementar su alcance y efectividad, e incluir nuevas. Insisten, por ejemplo, en la necesidad de condicionar las ayudas públicas estatales en materia de vivienda al cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de la ley de vivienda para declarar zonas de mercado tensionado que permitan bajar los alquileres.

Sobre la limitación de compra de vivienda a extranjeros, en Sumar creen que se debería prohibir toda la compra de vivienda que no sea para residir en estas zonas tensionadas. En todo caso, desde este espacio explican que "muchas de estas compras de personas extranjeras se hacen a través de sociedades, con el fin de evitar la presión fiscal; Sánchez no ha hablado de limitar también la compra para las sociedades, por lo que dudamos del alcance real de esta medida", trasladan fuentes de este espacio. Es una posición que comparten con ERC y EH Bildu.

En Sumar abogan por penalizar fiscalmente a los especuladores

Los de Díaz rechazan de manera frontal la ley del suelo que propone el PSOE y piden llevar las renovaciones de los contratos del alquiler a plazos superiores a los tres y a los cinco años, ya que estas renovaciones se utilizan en muchas ocasiones con el fin de subir los precios cada cierto tiempo, "provocando una inestabilidad manifiesta de los precios en el mercado y agravando los problemas de los inquilinos a la hora de buscar un alquiler que se puedan permitir", explican estas mismas fuentes.

Sobre la exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que voluntariamente pongan sus precios en función de los índices de referencia públicos, los de Díaz, como el resto de fuerzas del Congreso a la izquierda del PSOE, la rechazan sin paliativos.

Esta medida, recuerdan, ya se encuentra recogida en la ley de vivienda (cuya exención es del 90% en este impuesto, siempre que el arrendador cumpla una serie de criterios relacionados con la evolución del precio en los últimos contratos firmados). A su juicio, la medida debería basarse en penalizar fiscalmente a aquellos propietarios que especulen.

"Se ha demostrado que las exenciones fiscales por bajadas voluntarias de los precios no son un incentivo suficiente para muchos propietarios, que prefieren ganar más dinero mes a mes subiendo sus alquileres que esperar a una exención fiscal. Pero, además, estas exenciones representarían un trasvase de fondos públicos a un colectivo como es el de los rentistas", aseguran fuentes de Sumar.