Compromís pregunta al Gobierno por el "hostigamiento" policial en espacios LGTBIQ+

Compromís, miembro del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, ha registrado en el Congreso dos preguntas relativas a las "redadas y hostigamiento a locales y espacios públicos frecuentados por personas de la comunidad LGTBIQ+. "¿Existen redadas policiales en espacios queer? ¿Tiene previsto el Gobierno de España revisar y terminar con este tipo de criminalización y hostigamiento selectivo?", interroga el escrito firmado por los diputados Águeda Micó y Alberto Ibáñez al que ha tenido acceso Público. 

Hace justamente un mes la también diputada de Sumar Tesh Sidi elevó a la Cámara Baja "una serie de prácticas policiales abusivas y discriminatorias contra personas del colectivo LGTBIQ+ en Madrid, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el chemsex", de las cuales Público informó en exclusiva. El Movimiento Marika de Madrid lleva años recopilando datos sobre esta situación y hace unas semanas lo volvían a denunciar en una publicación en sus redes sociales. "Estas denuncias no son aisladas", recogía Sumar en el escrito.

Este medio sacó a la luz el testimonio de tres personas que relataron diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes e infiltraciones de agentes en espacios que creían seguros bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico. Para las víctimas, se trata de una caza de brujas que criminaliza sus cuerpos y su existencia misma.

Además, el pasado 26 de febrero organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ denunciaron públicamente una actuación policial de la Guardia Urbana de Barcelona "totalmente desproporcionada" en un club gay de la ciudad. Según informaron testigos a entidades locales, la redada tuvo lugar en un local que se encuentra en la calle Calàbria, en el Eixample, en la que participaron más de una decena de agentes. Los policías registraron a todos los clientes e inspeccionaron el local durante dos horas, tal y como informó este medio.

A pesar de las reiteradas advertencias y peticiones de intervención, la respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido el silencio o la inacción. El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, tiene constancia de esta situación al menos desde octubre de 2024. Su postura, sin embargo, se limita a ofrecer que se denuncien estas prácticas "ante las autoridades competentes y en la forma y lugares previstos por las leyes procesales".