La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de Podemos de ilegalizar las empresas de desalojos extrajudiciales y tipificar su actividad como delito de odio, con la abstención del PSOE, que ha asegurado que ya está tomando medidas para "acabar con esos colectivos nazis y paramilitares".

Durante el debate, la exministra y portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que estas empresas son "organizaciones parapoliciales fascistas violentas" y que su existencia legal es un "problema democrático gravísimo".

El PP ha replicado que con el Código Penal en la mano se les podría imponer 27 años de prisión, mientras que con la propuesta de Podemos "serían solamente cuatro años por delito de odio".

"Con ustedes los delincuentes tienen un chollo", le ha dicho el diputado del PP Daniel Pérez Osma a Belarra.

Ésta ha defendido que el Código Penal permite ilegalizar "inmediatamente" a estas empresas y ha "advertido a los socialistas de que "si no toman cartas en el asunto se van a arrepentir".

Se ha referido en concreto a Daniel Esteve, conocido como "Dani desokupa", fundador de la empresa "Desokupa", de quien ha dicho que es un "delincuente", "amigo de un narcotraficante" y "chófer de corruptos".

La iniciativa ha contado con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, los votos en contra del PP y Vox y la abstención de Junts per Catalunya y el PSOE.

El "espíritu"

El socialista Víctor Camino ha explicado que su grupo "comparte el espíritu" de la proposición no de ley de Podemos, pero no la ha respaldado por considerar que con la reforma del Código Penal en tramitación se producirá el "cambio necesario para desarticular o ilegalizar" estos grupos y que con los artículos 169 y 172 del código "se puede acabar con las amenazas y coacciones".

Para Podemos, "resulta incomprensible que los socialistas se pongan de perfil ante la existencia de grupos paramilitares que se lucran coaccionando y extorsionando a personas en situación de vulnerabilidad, en lo que constituye una anomalía democrática, una amenaza a la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía y un ataque contra el derecho constitucional a la vivienda".

Podemos considera que el Gobierno "debería actuar de inmediato para ilegalizar estos comandos, además de para garantizar el derecho a la vivienda con medidas como una reducción por ley del precio del alquiler en un 40% y la prohibición de comprar vivienda si no es para residir en ella".

Por su parte, la parlamentaria de Junts Marta Madrenas ha señalado que en Catalunya existe un "problema grave" en este ámbito, con 9.477 "okupaciones" en 2022, 9.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, según datos de la Generalitat, lo que supone una media de 2,5 por cada 1.000 viviendas.

No obstante, ha coincidido con Podemos en que el 96% son ocupaciones de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión y ha dicho ser conocedora de "abusos por parte de actuaciones de estas empresas", tanto con los propietarios como con los okupas, por lo que se ha abstenido, a fin de expresar su "preocupación" por las coacciones y abusos.