Junts votará en contra del decreto de Bustinduy para topar precios en situaciones de emergencia

Junts per Catalunya votará en contra del decreto para topar precios en situaciones de emergencia, cuya convalidación se decidirá este jueves en el Congreso. Si el Partido Popular (PP) y Vox también se oponen —ese es el escenario más probable—, la medida, que ha promovido el ministerio de Pablo Bustinduy, no logrará la mayoría necesaria para continuar en vigor. Por otro lado, las tres formaciones de derechas mencionadas tumbarán otro decreto, el del escudo social.

Fuentes del partido que lidera Míriam Nogueras en la Cámara Baja justifican su decisión acerca del decreto con el tope de precios con dos argumentos. Por una parte, aseguran que el Ejecutivo ya ha demostrado que tiene las herramientas necesarias para tomar decisiones puntuales (tanto en materia económica como social) cuando se produce algún tipo de situación de emergencia. Por lo tanto, no comparten que haya que llevar a cabo ninguna modificación legislativa para solucionar un problema que, a su juicio, no existe. 

Por otra, los posconvergentes consideran que la medida lleva a votación el Gobierno "otorga una autoridad ingente al Consejo de Ministros" para intervenir el mercado, algo que rechazan con rotundidad. Los de Nogueras creen que el Ejecutivo quiere tener "vía libre" para decidir precios de bienes y servicios.

En concreto, el decreto incluye la prohibición de incrementar "el precio final de venta de los bienes y servicios" en contextos "de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras". Y amplía: "Se entenderá por incremento del precio final cualquier precio superior al del precio máximo al que se haya ofertado el bien o servicio [...] durante los treinta días previos a la situación sobrevenida que deriva en la urgencia, riesgo o necesidad".

El PP aún no ha confirmado el sentido de su voto, por lo que desde el Ministerio de Consumo prefieren ser cautos y no valorar todavía el eventual rechazo de una propuesta que vieron necesaria después de haber detectado grandes subidas de precios en los transportes alternativos al tren cuando se produjo el accidente de Adamuz el pasado enero. En estos momentos, la medida pende de un hilo.