Los mutualistas reclaman el fin de una "Seguridad Social privada" que les aboca a pensiones insuficientes

Miles de profesionales afectados por las mutualidades alternativas (abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, aparejadores, químicos, gestores y otros colectivos) están llamados a manifestarse el próximo 27 de septiembre en Madrid. La convocatoria, que aglutinará por primera vez a todas las organizaciones de afectados, se celebrará tres días después de que el Congreso retome previsiblemente la ley para que los profesionales colegiados mutualistas se incorporen al RETA.

Los grupos parlamentarios acordaron que el plazo para presentar sus enmiendas se cierre el próximo miércoles 24 de septiembre, lo que permitirá impulsar la norma del PSOE admitida a trámite el pasado 6 de mayo. Entre otras cuestiones, el texto legislativo contempla una "pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y el fin de la alternatividad a partir del 1 de enero de 2027 (los nuevos profesionales deberán integrarse obligatoriamente en el sistema público de Seguridad Social).

Pese al avance, que forma parte de un reclamo histórico, este paso sigue siendo insuficiente para el colectivo, ya que no reconoce todos los periodos cotizados ni garantiza la equivalencia económica de lo aportado. Por otro lado, deja fuera a mutualistas ya jubilados o en situación pasiva. Isabel Rabell, abogada miembro de la Plataforma Pasarela al Reta, lo deja claro: "No nos vale cualquier regulación de esta pasarela".

En unas declaraciones a este medio, Rabell explica que los afectados (unos 110.570 en activo, de los cuales 60.000 son abogados, según la patronal) "necesitamos el 1x1 para todos", esto es, que se reconozcan sus años cotizados en mutualidades privadas para acceder a pensiones públicas equivalentes a las de otros autónomos. "Nos igualamos con los autónomos a pesar de que tuvimos menos cobertura. No la vamos a recuperar, pero pedimos que en esos periodos, las bases de cotización de esos periodos alternativos, si la aportación es inferior a la mínima del autónomo, se consideren como bases de cotización mínima por defecto porque nunca alcanzaríamos la pensión mínima", añade. 

En concreto, en la mutualidad se abona un mínimo del 80% de la base de cotización para el fondo de jubilación, pero la cuota incluye otra parte para pagar las pólizas de riesgo (enfermedad, de incapacidad permanente, la de viudedad, la de orfandad, entre otras prestaciones). Si bien, estas cantidades no computan para sus futuras pensiones.

Entre 500 y 700 euros de pensión

Los colectivos ven en la ley que se tramita en el Congreso la oportunidad para resarcirse de una "Seguridad Social privada en paralelo" que les condena, en la mayoría de los casos, a pensiones insuficientes. De las siete mutualidades alternativas al sistema público, Mutualidad de la Abogacía es la principal por número de clientes y volumen de ahorro gestionado: 60.000 mutualistas alternativos, más de la mitad del total de las siete (110.570).

Según los datos aportados por esta compañía a este medio, cerca de 2.500 mutualistas alternativos recibirían rentas vitalicias de 500 euros al mes, y otros 15.000 percibirían entre 500 y 700 euros. Es decir, 17.500 profesionales tendrán pensiones vitalicias de entre 500 y 700 euros. "Y el resto de mutualistas alternativos, más de 40.000, recibirán por encima de 700 euros y sin límite máximo, que varía en función de lo que hayan aportado". Por otro lado, apuntan que la cuantía "más alta que recibe un mutualista hoy es de 4.000 euros al mes". 

Ángeles Montes, abogada laboralista desde hace 38 años y nueve meses, pertenece a Mutualidad de la Abogacía y teme por la cantidad que recibirá cuando cese su actividad laboral: "No puedo jubilarme hasta el 1 de septiembre de 2028, es decir, hasta que no cumpla los 69 años (ahora tengo 66), y lo que percibiré de renta de jubilación son 450,83 euros al mes por 12 pagas y sin revalorizaciones".

A lo anterior, se une que al ser pasiva o jubilada de la Mutualidad de la Abogacía tampoco tendrá derecho a gasto farmacéutico. "En mi vejez, si me pongo enferma, mi familia me tendrá que pagar las medicinas hasta donde pueda económicamente", añade en unas declaraciones a este medio.

La 'trampa' del sistema de alternatividad

Por su parte, Fernández-Lomana, que también es el presidente de la Confederación Española de Mutualidades, defiende que el sistema alternativo es "bueno, pero requiere de una cierta autogestión y un ejercicio de responsabilidad". Para el dirigente de la patronal, los afectados son mutualistas "que han aportado el mínimo que se exigía", aunque eso también ha conllevado una cobertura mucho más reducida.   

La mutualidad fue de carácter obligatorio hasta 1995. A partir de esa fecha, se abrió la puerta a seguir o integrarse en el RETA, pero esta segunda opción no incluía el traslado del capital ahorrado previamente. Además de esta cuestión, la Plataforma por la Pasarela alega que los profesionales han seguido optando por el modelo privado por otras razones, como el desconocimiento o la presión colegial. "Quedamos condenados a trabajar en la misma profesión, y cuando estamos atrapados en el sistema, no tenemos posibilidad de hacerlo sin un perjuicio enorme", sostiene Isabel Rabell.

A esta situación se le suma la aplicación de la normativa aseguradora de 2005, cuando se pasó de un sistema de reparto (capitalización colectiva) a un sistema de capitalización individual con asignación de derechos económicos. Desde ese momento, cada mutualista cotiza en su propio beneficio y genera la futura prestación de jubilación en función de las cuotas que ha ido aportando.

Con todo, la patronal también mira hacia el Congreso ante el eventual fin del sistema de alternatividad. En el caso de Mutualidad de la Abogacía, que gestiona un ahorro de 11.000 millones de euros (alrededor de 3.000 millones corresponden al ahorro alternativo y 8.000 millones al ahorro complementario), su presidente declara que de un tiempo a esta parte, "estamos redimensionando nuestro futuro sabiendo que la parte alternativa se va a reducir".

No obstante, expresa su deseo de que no sea así. Además, desde esta entidad piden que los mutualistas alternativos puedan solicitar el complemento a mínimos, "el cual se financia por impuestos", y que la transferencia al RETA se haga de una forma "justa, voluntaria y ordenada".  

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La solución final está en el tejado del Congreso, donde los grupos a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos o ERC, han manifestado su apoyo a las peticiones de las organizaciones de afectados. Frente a esta posición, formaciones como Junts son partidarias de mantener el sistema alternativo, mientras que PP y PNV siguen sin destapar sus cartas, lo que aboca a una difícil negociación ante la endiablada aritmética parlamentaria.