La patronal catalana intensifica sus maniobras para que las derechas dinamiten la reducción de jornada
Los empresarios catalanes confirman que llevan meses en conversaciones con PP, Junts y PNV y no han escondido su interés en que la reducción de jornada no supere su tramitación parlamentaria.
Partido Popular y Junts per Catalunya no desmienten que existan conversaciones, mientras que el PNV admite "contactos", pero no negociaciones "expresas y formales" sobre la reducción de jornada.

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Si no hay giros de guion, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media el próximo martes, después de haber superado la primera vuelta el 4 de febrero. A continuación, será el turno de su tramitación parlamentaria, donde encontrará un terreno verdaderamente complicado. Arenas movedizas. Según ha podido saber Público a través de fuentes de Foment del Treball, se han producido una serie de contactos en los últimos dos meses —ahora, intensificados— entre la propia patronal catalana y las derechas del Congreso para convencerlas de que, cuando llegue el momento, registren una enmienda de totalidad a la ley.
Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya no desmienten esta información, mientras que fuentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) admiten contactos con Foment, pero se esmeran en recalcar que no existen "conversaciones formales y expresas" sobre reducción de jornada, algo que fuentes de los empresarios catalanes matizan: "nosotros hemos trasladado nuestra posición y el PNV tiene sus dinámicas propias que respetamos".
En conversación con este medio, dichas fuentes dejan claro que existe un diálogo con las tres formaciones. Sus sensaciones son que con el PP hay sintonía y, aunque los populares juegan de momento al despiste, el gran empresariado catalán cree que es posible que se decida por registrar, llegado el momento, una enmienda a la totalidad. Con los jeltzales, en Foment existen más dudas. Hay que partir de la base de que Aitor Esteban, cuando aún era portavoz parlamentario, aseguró que su formación estaba a favor de la medida, aunque expuso sus dudas sobre cómo iba a afectar a la pequeña y mediana empresa.
Con Junts, en cambio, las conversaciones son fluidas. Al parecer, los poscovonvergentes se decantan más bien por las enmiendas parciales, aunque no descartarían una enmienda de totalidad, siempre según fuentes de Foment.
En el Congreso, los de Míriam Nogueras se suelen conducir con extraordinario sigilo y mantienen en secreto hasta el final sus movimientos. Más allá de las enmiendas, cabe la posibilidad incluso de que el proyecto de ley no supere ni siquiera su admisión a trámite si las derechas se oponen al unísono, algo que el Ministerio de Trabajo no cree que ocurra, toda vez que, según cuentan a Público, las cosas van "por buen camino".
Desde Foment subrayan que ellos tienen interés en que la iniciativa decaiga, pero que la decisión final es de los partidos. "Nos limitamos a explicar la realidad del empresariado catalán y la inquietud por el impacto que la ley puede tener en muchas empresas, pero la decisión la toman los grupos parlamentarios", aseguran.
Incluso en declaraciones públicas de Josep Sánchez Llibre, presidente de la organización empresarial catalana, y en comunicaciones oficiales de la propia entidad se ha puesto negro sobre blanco que "rechaza categóricamente la propuesta de reducción de jornada presentada por el Ministerio de Trabajo, considerándola insuficiente y perjudicial para las empresas". Así, la presión de Foment, más allá de entre bambalinas, se produce también a través de los altavoces de los medios.
Los empresarios catalanes insisten, por otro lado, en que no están en contra de la reducción de jornada per se, pero sí de imponerla "mediante una ley". Según ha podido saber Público, Foment no se ha puesto en contacto con el otro partido catalán de la Cámara, Esquerra Republicana de Catalunya.
Sumar apela al sentido común de las derechas
Para el PP, la reducción de la jornada laboral es un debate incómodo. Prueba de ello es que, cuando alguno de sus líderes nacionales han sido preguntados por el sentido de su voto, han evitado posicionarse claramente y se han escudado en la negativa de la CEOE. Isabel Díaz Ayuso, en cambio, sí que se mostró claramente en contra. Desde Sumar insisten en que "quien se oponga estará votando en contra de los 12 millones y medio de personas a las que beneficia esta ley".
Preguntadas acerca de las maniobras de Foment durante este tiempo, fuentes del Ministerio de Trabajo niegan que haya preocupación y remarcan que "la decisión de los partidos sobre la reducción de jornada no se va a decidir por una presión de las empresas". También Sumar mantiene diálogos abiertos con distintas fuerzas; unas conversaciones que irán a más cuando la norma salga del seno del Gobierno rumbo al Congreso.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que más allá de los movimientos de Foment, hay otra entidad, PIMEC, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas catalanas, que tendría mucha influencia en Carles Puigdemont, de quien dependerá en última instancia el éxito de la medida. Esa organización, con mucha implantación en Catalunya, también está jugando un papel clave.
En cualquier caso, será cuando empiece la tramitación parlamentaria cuando aumenten los decibelios en torno a la reducción de jornada y cuando las reuniones con los grupos se volverán determinantes. Los de Yolanda Díaz piden "coherencia" a todos ellos y que no se dejen llevar por las presiones. Se refieren, especialmente, a fuerzas como el PNV, que se posicionó a favor de la reducción de jornada.
Para que supere la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados —el primer paso de la andadura parlamentaria—, Sumar necesita o bien los votos del Partido Popular —junto a los del PSOE y las izquierdas de la Cámara—, o bien toda la fuerza de los partidos que constituyeron en su día la mayoría de investidura, PNV y Junts incluidos. El primer paso es superar esa puerta de entrada. Sumar confía en ello. Es a continuación cuando entraría en juego esa enmienda a la totalidad que persigue Foment y que daría al traste con la ley. Los partidos implicados, por el momento, no descubren sus cartas.
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