El PSOE admite que la iniciativa popular sobre los toros divide a sus territorios y deja en el aire su voto

Desde el momento en el que la Plataforma No es mi cultura se propuso llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural, el PSOE supo que iba a tener que abrir un debate interno complejo. Es una materia que lo divide territorialmente. Esta semana, la propuesta ya ha pasado por la Mesa de la Cámara Baja y ha sido notificada a la Comisión de Cultura. Los próximos pasos son una comparecencia de los promotores en dicha comisión y la votación en el Pleno para decidir sobre su admisión a trámite.

Esa es la puerta de entrada real en la tramitación parlamentaria y el Partido Socialista es la formación que tiene la llave. Fuentes del Congreso ajenas al PSOE, pero conocedoras del clima que se respira en la Cámara y en la Comisión de Cultura sobre esta cuestión aseguran a Público que las sensaciones que les transmiten los socialistas son muy positivas, cuando menos de cara a la admisión a trámite. Incluso su socio de Gobierno, Sumar, ve al PSOE por la labor de dejar que la ILP supere la toma en consideración. Otra cosa será el proceso de enmiendas. 

También los promotores de la ILP ven muy difícil que el PSOE se oponga, teniendo en cuenta que la iniciativa llegó a la Cámara Baja con 664.777 firmas. Sin embargo, las fuentes socialistas oficiales consultadas ofrecen una perspectiva distinta. Por lo pronto, admiten que la ILP es un hueso incómodo para el PSOE porque hace florecer una división territorial clara, habida cuenta de las diferentes "sensibilidades" tanto entre sus barones, como entre su militancia. Además, aseguran que el debate dentro del grupo todavía no se ha abierto y que esa discusión tendrá que producirse de forma sosegada.

Lo cierto es que la iniciativa no plantea una dicotomía del tipo "toros sí; toros no", sino que se ciñe a dejar de categorizar la tauromaquia como patrimonio histórico, algo que no es trivial. El artículo 46 de la Constitución especifica que la Administración tiene que velar por la protección de ese patrimonio.

El artículo reza así: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio". Por lo tanto, el hecho de que la tauromaquia se ubique bajo ese paraguas impide a las distintas regiones del Estado prohibir los eventos taurinos.

Con el caso de Catalunya se entiende muy bien. El Parlament prohibió las corridas de toros en el territorio catalán en 2010, pero, en 2016, el Tribunal Constitucional levantó el veto. ¿Por qué? Porque el Congreso aprobó en 2013 una ILP —precisamente— para convertir la fiesta en patrimonio cultural. Antes de que el sector taurino llevara a cabo ese movimiento, los toros no tenían ese reconocimiento. De todas formas, es verdad que, a pesar de que el Constitucional decidiera dejar sin efecto la prohibición de las corridas de toros en Catalunya, han seguido sin producirse.

Por lo tanto, lo que intenta la plataforma No es mi cultura con su ILP es dejar sin efecto aquella otra ILP, la que llevaron al Congreso los taurinos —con un número inferior de firmas que la de ahora— durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los promotores de la actual iniciativa popular inciden en el hecho de que no están obligando al PSOE a decidir si está a favor o en contra de la tauromaquia, sino simplemente si está a favor o en contra de que deje de ser patrimonio cultural para que las distintas autonomías puedan decidir qué trato le dan.

En cualquier caso, fuentes socialistas explican a Público que el grupo no tiene decidido aún el sentido de su voto. "Es pronto todavía para eso", insisten.

¿Antes o después de verano?

No está claro en estos momentos cuándo se va a producir en el Pleno del Congreso el debate y votación de la admisión a trámite de la iniciativa. Hay dos escenarios. Existe la posibilidad de que entre en el Pleno de la segunda semana de junio. El período de sesiones termina precisamente en junio, aunque todo apunta a que se ampliará a julio, por lo que tampoco es descartable que el debate caiga en verano. En esos dos casos, el PSOE tendría que acelerar la marcha para aclarar su posición.

También es posible, con todo, que la votación se lleve al próximo período de sesiones, que empieza en septiembre. En ese escenario, todos los partidos tendrán más tiempo para decidir. La ILP contará casi con total seguridad con el apoyo de todos los aliados del Gobierno, toda vez que, en última instancia, lo que hace es incrementar las competencias de las autonomías y ninguna de las formaciones nacionalistas periféricas puede oponerse a ello. Tampoco Podemos, por su perfil animalista, se opondrá.

Hay otro factor, además, que puede acelerar las cosas. Antes del debate en Pleno, los promotores de la ILP tienen que comparecer en la Comisión de Cultura para trasladar sus argumentos de cara a la toma en consideración de la iniciativa. Tanto fuentes parlamentarias, como de la entidad promotora No es mi cultura explican a este medio que es posible —aunque no tienen la certeza— que esa comparecencia se lleve a cabo a finales de mayo. Si es así, el PSOE deberá aligerar su debate interno para fijar posición en la comisión.