Ha tenido que darse un encadenamiento de varios hechos casuales para que se vuelva a despertar en el Congreso de los Diputados la negociación sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización de migrantes, admitida a trámite en la Cámara Baja el 9 de abril de 2024. Todas las fuentes consultadas por Público entre los partidos aliados del Gobierno aseguraban hasta la semana pasada que el interés del Gobierno en sacar adelante la regularización extraordinaria era escaso. Ahora, todo parece haber cambiado.

El principal detonante para que se hayan reactivado las negociaciones, tal y como ha adelantado este lunes El País y como confirman a este medio fuentes parlamentarias, ha sido el cambio de paso por parte del Ejecutivo, que entiende que la ILP puede ser útil para enmendar algunos errores de la reciente reforma del reglamento de extranjería.

No obstante, la voluntad del Gobierno no es suficiente para desatrancar la ILP, toda vez que necesita o bien la concurrencia de la mayoría de investidura al completo, o bien la abstención del Partido Popular. Solo en uno de esos dos escenarios —o en la coincidencia de ambos— tendría la mayoría suficiente para salir adelante. En cualquier caso, de acuerdo con lo que confirman fuentes de los aliados del PSOE en el Congreso a este medio, en ambas vías se han producido movimientos. 

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) era hasta este momento un escollo muy claro para el éxito de la iniciativa. Aitor Esteban, que hasta marzo de este mismo año ha ocupado la portavocía de los jeltzales, exhibió una postura muy crítica con la regularización extraordinaria de migrantes. En diciembre del año pasado, dijo claramente que, con la reforma del reglamento de extranjería, su grupo no veía ninguna necesidad de aprobar la ILP.

Pero Esteban puso rumbo a Euskadi para asumir la presidencia del PNV y fuentes parlamentarias aseguran que aprecian un tono distinto en la nueva portavoz jeltzale, Maribel Vaquero. Coinciden en ello fuentes de la Regularización Ya, una de las entidades promotoras de la ILP. Aunque unos y otros son conscientes de que Esteban seguirá manejando los hilos del grupo parlamentario desde Sabin Etxea, ven en Vaquero más y mejores posibilidades de negociación. Además, la reforma del Reglamento que esgrimió Esteban como el elemento para oponerse a la iniciativa popular se ha demostrado, en parte, fallida.

Fundamentalmente, el gran problema que tiene el nuevo reglamento (y por el que muchas asociaciones se han puesto en pie de guerra) son los requisitos que incorpora para que las personas en situación irregular obtengan papeles o para que los jóvenes migrantes bajo tutela del Estado, o que lo hubieran estado antes, consigan permisos de trabajo o residencia.

En cualquier caso, ese renovado impulso del PSOE y el cambio en la portavocía del PNV son dos de las claves que pueden conducir al desbloqueo de la iniciativa y responden al primer escenario posible para superar la actual fase: que la mayoría de investidura en su conjunto apoye la ILP. Para ello, en cualquier caso, sería necesario que también Junts per Catalunya accediera a facilitar su trámite, algo que no está ni mucho menos asegurado.

Durante la semana pasada, ya se llevaron a cabo reuniones en el Congreso. Algunos grupos, entre ellos, el de Sumar, aprovecharon el miércoles para encontrarse y valorar la nueva situación. Otros partidos, como Podemos, aseguran a Público que por el momento no mantienen ningún tipo de negociación con el Ejecutivo o el PSOE sobre esta materia más allá de las conversaciones que existieron hace meses.

El escenario del PP, Cáritas y la CEOE

Si un escenario para que salga adelante la ILP es el que precisa de la coordinación del todos los partidos del bloque de investidura, otro es el acercamiento del Partido Popular al "sí" o a la abstención. Hasta el momento, los populares no han dado demasiadas señales de estar por la labor, a excepción de su voto a favor en la admisión a trámite de la ILP.

Sin embargo, fuentes parlamentarias, en este caso, del entorno de Sumar deslizan lo que es una realidad: dos sectores importantes para el PP les presionan cada uno desde su flanco. Por una parte, tanto Cáritas como la Conferencia Episcopal aprietan desde hace meses para que los de Alberto Núñez Feijóo faciliten el éxito de la regularización. Por otra, está la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, se posicionó públicamente a favor de la ILP: "La gestión ordenada de la inmigración siempre será buena en una país. Los empresarios siempre hemos planteado que España es una economía abierta y un país abierto".

Así las cosas, Feijóo encuentra presión para no oponerse a la ILP tanto si mira hacia la Iglesia como si mira hacia el empresariado.

Los promotores observan con escepticismo

En conversación con este medio, Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, una de las entidades promotoras de la ILP, desliza que no entra entre las posibilidades que contemplan que el PP otorgue su voto favorable, pero quizá sí una abstención. En todo caso, recuerdan que entre las enmiendas de los populares se encuentra la de vincular la regularización a los contratos de trabajo, algo a lo que se oponen en rotundo las entidades promotoras, toda vez que esa vía dejaría fuera del proceso a algunos de los migrantes más vulnerables, como las limpiadoras del hogar.

De todas formas, tal y como ha podido saber Público, lejos de celebrar la reactivación de las negociaciones, las entidades promotoras de la iniciativa, que tienen una reunión prevista este mismo lunes por la noche, rechazan que la ILP de regularización se convierta en un parche para enmendar la reforma del reglamento de extranjería. "Si la ILP es amplia y sin condiciones, estaremos de acuerdo. Si se convierte en un texto para tapar agujeros, no". Columba subraya que la iniciativa fue "un trabajo de muchas asociaciones que lucharon por regularización"; pero en ningún caso por una reforma del reglamento de extranjería como la que se ha llevado a cabo desde el Gobierno.

Por lo tanto, dichas entidades, que recogieron más de 600.000 firmas oficiales para registrar la ILP en el Congreso y que quieren que se apruebe un texto tan amplio como sea posible (general y con fecha límite en la entrada del BOE de la propia regularización para "no dejar a nadie fuera"), observan con un cierto escepticismo los últimos movimientos. Más si cabe teniendo en cuenta, según explican, que no se les ha hecho partícipes, por el momento, de nuevos avances.