Sumar propone una reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto

Sumar ha anunciado, este jueves, una propuesta de reforma constitucional para blindar en la Carta Magna el derecho al aborto. En concreto, el grupo parlamentario que lidera Verónica Martínez Barbero propone añadir un punto al artículo 43 de la Constitución que explicite que "se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física".

En la exposición de motivos de la propuesta de reforma, los de Yolanda Díaz explican que "bajo la perspectiva feminista y de justicia social, la interrupción voluntaria del embarazo es inseparable del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo" y ponen en valor la presión que ha ejercido el feminismo en la esfera internacional para "generar un marco" favorable en la esfera internacional.

Sin ir más lejos, el 11 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la "inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea". Aquel fue un paso decisivo, toda vez que se trata de un texto en el que se pidió "consagrar el derecho al aborto como un derecho fundamental". En España, ha habido etapas de avance y otras, de retroceso, tal y como también apuntan desde Sumar.

La reforma del Código Penal de 1985, en la que se despenalizó el aborto practicado por personal médico acreditado y con consentimiento expreso de la mujer bajo los supuestos de grave peligro físico, de que el embarazo hubiera sido producido por una violación o por malformación del feto, puso a España en la vanguardia. Sin embargo, muy pronto se apreciaron las limitaciones de la norma: el margen de interpretación, las diferencias entre comunidades, la dificultad de acceso paras las mujeres vulnerables o la objeción de conciencia.

"La principal carencia de aquella regulación", explican, "derivaba del hecho de que no reconocía a las mujeres la capacidad de decidir en ningún momento de la gestación sobre la interrupción de los embarazos no deseados". Se refieren, concretamente, a que "la posibilidad de acceder al aborto estaba supeditada al criterio de terceras personas".

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo también supuso un avance, mientras que Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo fue todo lo contrario. Aquella norma del PP de Mariano Rajoy negó a las mujeres de 16 y 17 años, además de a las mujeres con discapacidad, el derecho al interrumpir el embarazo. El primer Gobierno de coalición progresista, que compartieron PSOE y Unidas Podemos, confrontó, en 2023, aquel movimiento del PP.

Fue entonces cuando se eliminó la necesidad de contar con el permiso de padres, madres o tutores legales para el acceso al aborto a los 16 años, se intentó blindar la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos y se establecieron medidas que perseguían evitar la coacción a la que las mujeres podían verse sometidas por medio de políticas activas de maternidad y ayudas al nacimiento. Esa ley también recogió el derecho a las personas trans al aborto.

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Pero desde Sumar insisten en que, a pesar de aquel movimiento, todavía "estamos lejos de poder hablar de una garantía real del derecho al aborto". En concreto, ponen sobre la mesa los desplazamientos forzosos a otras provincias o comunidades para abortar, el amparo legal a la objeción de conciencia o el acoso ante las clínicas abortivas, que lejos de terminar, se ha incluso incrementado. También especifican que las mujeres en situación administrativa irregular "enfrentan múltiples barreras cuando desean interrumpir voluntariamente su embarazo", por no hablar de las trabas burocráticas o la desinformación.

Por otra parte, una sentencia del Tribunal Constitucional también de 2023 reconoce el derecho al aborte de las mujeres, pero obvia que no existe un conflicto de derechos o intereses cuando se habla de aborto, sino que, como expone Sumar, "el único derecho que existe es el de la autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo".

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Por todo ello, el grupo parlamentario que lidera Verónica Martínez Barbero entiende que es imperativo incluir el derecho al aborto en la Constitución y terminar con cualquier atisbo de arbitrariedad o duda sobre la potestad de cualquier mujer a ejercer dicho derecho sin presiones en cualquier comunidad.

Mayoría de tres quintos

La propuesta la han presentado en el Congreso las diputadas Alda Recas, Júlia Boada, Engracia Rivera, Tesh Sidi, Àgueda Micó, Aina Vidal, Esther Gil de Reboleño y Viviane Ogou, además de Martínez Barbero, la portavoz. El texto, eso sí, aún no se ha registrado, toda vez que, tal y como han explicado, la voluntad del grupo es negociar antes con el resto de fuerzas políticas, conscientes de que para amprender una reforma constitucional se precisa el apoyo de tres quintas partes de la Cámara.

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Lo que pretende Sumar es lograr un acuerdo "amplio" para  colocar a España, de nuevo, en la vanguardia internacional en este campo. Por el momento, solo Francia ha incluido el derecho al aborto en su Constitución. Según deslizan fuentes del grupo, ven posible que el PSOE haga fuerza con ellas para posibilitar esta reforma, toda vez que, en su congreso, los socialistas ya manifestaron su voluntad de incluir el derecho al aborto en la Constitución, a pesar de que cuando Sumar lo ha propuesto en anteriores ocasiones, el PSOE ha considerado que no se daban las condiciones para iniciar el proceso.

De todas formas, también es imprescindible que el PP entre por el redil. Si no, la modificación constitucional será inviable. Sumar ya ha enviado el texto a los dos grandes partidos y al resto de las fuerzas de la Cámara. Además, ha iniciado conversciones con CCOO, UGT y otros agentes sociales. A partir de ahora, empezarán las reuniones con los grupos parlamentarios, aunque, por el momento, no se ha fijado ningún calendario. Los de Díaz insisten en que, con la nueva ofensiva internacional de la extrema derecha, existen consensos sociales en España para blindar derechos como el aborto.