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Así consiguió la 'policía política' de Interior convencer a los dueños de la BPA para que delataran a Jordi Pujol

La operación de la segunda La Camarga

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El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a su entrada a la Audiencia Nacional. EUROPA PRESS.

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Los hermanos Ramon e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), siempre han sido considerados españoles en Andorra. Su círculo de amistades ratifica, explican importantes ciudadanos del país vecino, que colaboraron con el Ministerio del Interior que encabeza Jorge Fernández Díaz debido a sus buenas relaciones con un letrado, José María Fuster Fabra, que durante años llevó la defensa de los afiliados al Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que en 2014 controlaban la cúpula de la Policía Nacional.

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La operación de la segunda La Camarga

Un tiempo antes, otro agregado de la embajada de Andorra, Bonifacio Díaz, le había dicho a la secretaria de la BPA que debía acudir a un bar y contestar una llamada telefónica de un tal Félix, en la que le preguntó, según la declaración del directivo de la entidad bancaria, por las cuentas de los políticos mencionados. Tras la sustitución de Díaz, conocido como Boni entre sus compañeros, éste fue destinado a la brigada política creada por Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa dependiente del ministro del Interior, y le sustituyó en el puesto andorrano Celestino Barroso.

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La filtración del extracto a 'El Mundo' hundió a los Cierco

Los Cierco, sin embargo, nunca mostraron ningún malestar entre sus conocidos. No fue hasta que El Mundo publicó un pantallazo del extracto de la cuenta de la familia Pujol, al final de ese verano, cuando expresaron su enfado con la Policía española, porque dar a conocer esa información contribuía a probar una posible revelación de secretos por parte del banco, algo que también investiga un juzgado andorrano. “Sufrían además muchas presiones en Andorra porque son considerados ‘los españoles’ dentro del mundo de la banca y todo el mundo estaba convencido de que habían colaborado con el Ministerio del Interior en el caso de los Pujol”, aseguran fuentes andorranas consultadas por Público.

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