El pleno del Tribunal Constitucional ha ratificado la condena de seis años y medio de prisión que el Tribunal Supremo impuso al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegui por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune.

Según han informado fuentes jurídicas, el recurso de amparo de Otegi ha sido rechazado con el voto de siete magistrados frente a cinco. El tribunal de garantías ha rechazado el recurso de amparo que presentó el líder de la izquierda abertzale contra la sentencia del Tribunal Supremo, que rebajó de diez a seis años y medio su condena por un delito de pertenencia a organización terrorista y le impuso una pena de inhabilitación por diez años.

El Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de inadmitir por unanimidad el incidente de recusación que formuló Otegi contra el magistrado Antonio Narváez por haber pedido, cuando era fiscal del Supremo, la ilegalización de Sortu. El TC alega que no llegó a valorar la responsabilidad criminal de los acusados en Bateragune.

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebajó de diez a seis años y medio la pena impuesta a Otegi y al responsable de LAB Rafael Díez Usabiaga por el delito de pertenencia a organización terrorista que les había puesto previamente la Audiencia Nacional, al considerar que no deberían haber sido condenados en grado de dirigentes. El recurso de Díez Usabiaga no ha sido elevado todavía al Pleno.

El Supremo también redujo de ocho a seis años de cárcel la condena al resto de los acusados en la causa de Bateragune: Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el exresponsable de Haika en Alava Arkaitz Rodríguez, cuyos recursos se verán junto con el de Otegi.

Otegi, detenido en octubre de 2009, pidió en abril al Constitucional que le dejara en libertad puesto que había cumplido tres cuartas partes de la pena de seis años y medio. Está en prisión preventiva por este caso desde octubre de 2009 y en principio no podría presentarse a una cita electoral hasta el año 2022.

El dirigente abertzale ya fue condenado en 2007 a siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido al homenajear al etarra fallecido José Miguel Beñarán Argala en la localidad vizcaína de Arrigorriaga en diciembre de 2003.