El fraccionamiento de contratos en las administraciones públicas está a la orden del día. Solo en los primeros siete meses del año pasado trocearon 6.500 de estos contratos con el objetivo de poder elegir directamente a la empresa adjudicataria, incumpliendo así la la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), según informa la plataforma Civio. 

Pese a ser una práctica prohibida por el texto legislativo, que establece que los contratos menores -aquellos que no tienen que pasar por un concurso público- no pueden sobrepasar los 15.000 euros para suministros y servicios y 40.000 para obras sin contar el IVA, ayuntamientos, consejerías y otros organismos hacen uso de esta trampa para camuflar contratos de mayor magnitud.

Estos troceamientos son posibles gracias a las diferentes interpretaciones realizadas según la comunidad autónoma. De esta forma, mientras en Madrid, Euskadi y Aragón no se puede volver a contratar dentro del año natural a un empresario mediante un contrato menor, en Galicia y Catalunya es posible siempre y cuando el objeto del nuevo pliego no sea el mismo.

Además, el expediente del nuevo contrato debe incluir una justificación en la que se detalle las diferencias con el anterior. Se trata de un proceso que brilla por su opacidad y falta de transparencia, dado que la mayoría de ocasiones no se hace público, según informa Civio.​

La Presidencia de la Diputación de Orense, a la cabeza

Con este marco, la lista de administraciones públicas de distinta índole que hacen uso del fraccionamiento es bastante larga, aunque hay algunas que destacan. Es el caso de la Presidencia de la Diputación de Orense, ocupada desde el año 2012 el popular José Luis Baltar, que cuenta en su haber con nada menos que 57 contratos menores por un valor total de 2.006.897 millones de euros. De eso contratos, 55 son por concepto de obras.

A nivel de servicios, varias consejerías de la Junta de Castilla y León copan los cuatro primeros puestos. En total, estas instituciones acumularon 1.090 contratos menores por un montante total acumulado de 3.925.613‬ millones de euros en los siete meses que recoge la investigación de Civio. La Consejería de Presidencia es responsable de la inmensa mayoría, unos 760, por un valor de 1.559.620 millones. 

En cuanto a los suministros, la Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo fue la que más contratos menores -89- emitió de enero a julio de 2017, con un coste total de 1.304.214 millones de euros.