Mañueco reacciona a la exclusiva de 'Público' que le implica en la financiación ilegal del PP: "Estoy tranquilo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha pronunciado sobre el informe al que ha tenido acceso este periódico y que le implica directamente en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del PP de Salamanca. 

El candidato del PP a la Junta de la región ha asegurado tener "confianza en la Justicia". El representante, que estaba participando en un acto con representantes del Tercer Sector, ha manifestado ante los periodistas que se encuentra "con la misma tranquilidad y convicción de los últimos treinta meses".

El informe ha sido elaborado por miembros del equipo que trabajaban con Mañueco en el Ayuntamiento y en la Diputación provincial cuando fue alcalde de Salamanca, además de líder del partido en el año 2017. El documento relaciona directamente al representante popular con una trama ilegal del PP en Salamanca.

Mañueco habría evitado los estatutos del PP

El objetivo de este presunto caso de corrupción era hacer a Mañueco ganador de las primarias del partido para que se convirtiera en el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León. Victoria que finalmente consiguió. El escrito también señala que el actual mandatario regional fue asesorado por el letrado municipal en el marco de esta operación ilegal.

Cabe recordar que los estatutos del PP no permiten votar en las primarias a quien no esté al día en los pagos de las cuotas. Aquí está la clave: los autores del documento manifiestan que el presidente autonómico les ordenó pagar en dinero negro las cuotas de los miles de afiliados del PP que no estaban al día en sus pagos, como militantes en Salamanca y en Castilla y León. La intención fue que estas personas, una vez al corriente de los pagos, pudieran apoyar a Mañueco en las primarias. 

El juez de Instrucción 2 de Salamanca, que el próximo lunes tomará declaración como investigados al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a su gerente, Isabel Sánchez, y al propio partido —como persona jurídica—, ve indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias.