Las Cortes aprueban el primer Plan de Igualdad de su historia

La semana del 8 de marzo ha traído a las Cortes Generales el primer Plan de Igualdad de su historia. Las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop han presentado este plan, en el que se trabaja desde anteriores legislaturas, y que se basa en ocho ejes y tres objetivos fundamentales.

Estos tres objetivos, han explicado las presidentas, son: reducir las desigualdades que puedan persistir en el ámbito del acceso al empleo público parlamentario, de su carrera profesional y de la representatividad; apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el ejercicio corresponsable de los derechos; y prestar una especial atención a la prevención de la violencia y del acoso, así como a aquellas situaciones que necesitan especial protección, como las requeridas por las víctimas de violencia de género. 

El plan aprobado se aplicará al personal funcionario de las Cortes Generales, al personal laboral del Congreso de los Diputados y del Senado, así como al personal eventual de ambas Cámaras "en tanto no se oponga a la naturaleza de sus funciones", y tendrá una vigencia de cuatro años, tras los que se renovará y actualizará con nuevas medidas. En el documento se incluye una encuesta en la que el 10% de las trabajadoras aseguran haber vivido situaciones de acoso moral, sexual o por razón de sexo.

Los objetivos que se buscan con la implantación de este Plan de Igualdad, al que ha tenido acceso Público se articulan en base a ocho ejes que se recogen el documento elaborado por las Cortes: las medidas de carácter organizativo; la garantía del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público; la mejora de la igualdad en el desarrollo de la carrera profesional y las retribuciones; la formación, información y sensibilización; la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación del personal; el tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad; la erradicación de la violencia de género y la protección frente a otras situaciones de acoso; y la utilización de lenguaje no sexista en la comunicación y documentos que se elaboran en las Cámaras

En cuanto a la igualdad de oportunidades y a la conciliación de las Cortes, el plan recuerda que el Parlamento ya aplica algunas medidas, recogidas tanto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales como en los convenios colectivos de Congreso y Senado. Entre las novedades acordadas por el Parlamento está la elaboración y difusión de guías de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración parlamentaria, "a fin de facilitar el conocimiento sobre los derechos, permisos y medidas existentes en la materia por parte del personal y de quienes gestionan recursos humanos".

Se llevarán a cabo informes anuales que reflejen la evolución de las diferencias entre el número de mujeres y de hombres que se acogen a medidas de conciliación, "en particular en aquellos ámbitos en los que el diagnóstico haya detectado un porcentaje significativamente mayor de mujeres. Se especificarán datos sobre solicitudes concedidas, denegadas y retiradas".

Se favorecerá que las personas con hijas e hijos menores de 12 años tengan preferencia para la elección del disfrute de las vacaciones y días por asuntos propios durante los periodos no lectivos que les afecten. Se estudiará un plan de reducción del absentismo y, en general,  se podrán formular propuestas de flexibilidad horaria, extensión de la jornada intensiva, elección de horario cuando se disfrute de jornada reducida, teletrabajo, o cambios de turno en situaciones extraordinarias.

Protocolo contra el acoso y la violencia machista

En cuanto al eje de salud laboral, prevención del acoso y violencia de género, una de las modificaciones más destacada es que los reconocimientos médicos que se ofrecen al personal en el marco de la prevención de riesgos laborales se diseñarán teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Las Mesas de Congreso y Senado aprobarán protocolos para la prevención y actuación ante situaciones de acoso moral, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género; una vez aprobados, se difundirán a los trabajadores de ambas Cámaras y se realizarán sesiones informativas.

El Plan incluye también un compromiso para elaborar un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las víctimas de violencia de género en el ámbito de las Cortes Generales, "incluida la posibilidad de cambio de puesto de la misma categoría y de adaptación horaria". Para proteger a las empleadas públicas víctimas de violencia machista, las Administración parlamentaria asegurará la "estricta confidencialidad de los datos que les afecten".

Este protocolo también deberá ser aprobado por las Mesas de Congreso y Senado, y posteriormente será difundido de la misma manera que el protocolo contra el acoso. Además, las víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia voluntaria sin necesidad de prestar un tiempo mínimo de servicios previos.

Las modificaciones también afectarán al lenguaje utilizado en los diferentes ámbitos parlamentarios, ya que el Plan incluye la elaboración de una guía para el uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en el ámbito de la Administración parlamentaria, "lo que permitirá utilizar criterios que incluyan la perspectiva de género en la comunicación de las Cámaras y en los documentos administrativos que éstas generan".

"La aplicación del documento va a mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias por ser combativas. A mí lo que más me gusta es este trabajo de detalle, de mirar lo pequeño para construir lo grande", ha asegurado la presidenta del Senado, Pilar Llop.

"Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres es una obligación de los poderes públicos. Siempre es un motivo de celebración los avances en materia de igualdad", ha rematado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.  En la elaboración de este Plan de Igualdad ha participado la Comisión paritaria integrada por representantes de la Administración parlamentaria y representantes del personal designados por la Junta del Personal de las Cortes Generales y por los Comités de Empresa del personal laboral de cada una de las Cámaras.