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Crece la presión para que el Gobierno haga públicos los controles de las armas vendidas a Arabia Saudí

Amnistía Internacional se dirige por escrito al Gobierno para pedirle que haga caso a un reciente dictamen aprobado por la  Comisión de Defensa del Congreso y permita el acceso a esos informes.

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El príncipe heredero de Arabia Saudí y ministro de Defensa, Mohamed bin Salmán, en una fotografía tomada el pasado 15 de noviembre en Bali, Indonesia. Willy Kurniawan / REUTERS

La opacidad que rodea al negocio armamentístico vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno. Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido por escrito al Ejecutivo para pedirle que haga caso a un reciente dictamen aprobado por la Comisión de Defensa y ponga fin al secretismo en torno a las controles realizados sobre algunas exportaciones de armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Antes de recibir la carta de AI, el Gobierno tuvo precisamente en sus manos la resolución de dicha comisión, en la que –entre otros puntos– se solicita que incluya "los datos sobre aplicación del instrumento de verificación ex post en los informes semestral y anual remitidos al Congreso de los Diputados". 

Ese mecanismo de control sobre exportaciones ya realizadas entró en vigor en abril de 2020. Según datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, solo se ha aplicado a nueve de las 113 licencias de exportación de armamento autorizadas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos –responsables de los ataques contra Yemen– entre 2020 y 2021.

De acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente, los países compradores de armamento español deben permitir, "si fuera necesario", el acceso a las instalaciones "donde se encuentra la mercancía", así como la identificación del usuario final", además de facilitar "toda la información y documentación requeridas por el equipo de verificación". 

Los resultados de ese mecanismo son secretos, lo que impide conocer cuáles fueron las ventas monitorizadas y, sobre todo, qué resultados arrojaron tales controles. En esa línea, tanto la Comisión de Defensa del Congreso como Amnistía Internacional han solicitado que el Gobierno haga públicos los informes de la aplicación del control ex post presentados a la JIMDDU, la Junta Interministerial que se encarga de conceder las licencias de exportación de armamento y cuyas actas son secretas.

"Confiamos en que el próximo año haya un mayor contacto regular entre la Comisión de Defensa y la JIMDDU y el gobierno aplique totalidad de las las recomendaciones del dictamen para seguir mejorando en transparencia, la evaluación de riesgo, el control ex post y el control parlamentario", destaca AI en la carta remitida al Gobierno. 

Reforzar el control

En el dictamen aprobado el pasado 15 de noviembre, la comisión instó además al Ejecutivo a "reforzar el control con especial atención en las transferencias de armas a Estados o zonas de alta conflictividad, o con altos índices de violencia armada, en las que el material español exportado pueda ser empleado en acciones contrarias al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos", como "podrían ser los casos de Arabia Saudí y Azerbaiyán". 

Del mismo modo, llamó a "mejorar los procesos de evaluación de riesgo de las operaciones de envío de material antidisturbios a cuerpos policiales con un historial de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo los casos de Chile, Perú, República Democrática del Congo (RDC) y Túnez". 

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