Entrevista a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia:"La crisis de Ceuta exige menos soflamas, menos uso partidista y racista, que es lo que hace el PP"

Sira Rego (València, 1973) afronta el tramo final de la legislatura con varias de las grandes apuestas de su ministerio todavía en marcha y con la crisis humanitaria de Ceuta convertida en uno de los principales desafíos de su mandato. La ministra de Juventud e Infancia atiende en esta entrevista a Público en un momento marcado por la acogida y el traslado de los niños y niñas migrantes llegados a la ciudad autónoma, pero también por el debate político que ha acompañado a la emergencia y el endurecimiento de los discursos de la derecha y la extrema derecha sobre la migración.

Sobre la mesa están, además, algunas de las reformas con las que el ministerio pretende reforzar los derechos de la infancia: la modificación de la LOPIVI, la especialización de la Justicia frente a la violencia contra niños y niñas, o la futura ley de entornos digitales. A ellas se suman dos proyectos que Rego quiere todavía sacar adelante antes de que acabe la legislatura: la Ley de Juventud y la prestación universal por crianza, que su espacio político —Sumar— quiere llevar a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Rego reflexiona en esta conversación sobre las insuficiencias que ha puesto de manifiesto la respuesta institucional en Ceuta, el racismo, la violencia contra la infancia y las madres protectoras, o la responsabilidad de las grandes tecnológicas. También sobre el futuro de la izquierda de cara a las elecciones generales de 2027 y su propia decisión de abandonar la primera línea política cuando termine la legislatura.

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¿El Gobierno ha estado a la altura en la gestión de la crisis de Ceuta? ¿Qué ha fallado? ¿Se ha llegado tarde? ¿Qué falta por hacer?

En primer lugar, frente a un fenómeno como el que hemos vivido en Ceuta, debemos hacernos cargo de lo que ha sucedido. Segundo, es importantísimo hacer autocrítica porque es obvio que la situación se debería haber gestionado de una manera quizá más ágil, como mínimo. Y, a partir de ahí, trabajar, que es lo que llevamos haciendo todas estas semanas, con determinación para reparar y resolver la situación que hay en Ceuta.
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​A mi juicio, ha habido también un problema de coordinación. La respuesta a Ceuta es una respuesta que tiene que darse desde distintos ámbitos competenciales, entre otras cosas porque así es nuestro país. Cada institución tiene una responsabilidad y una capacidad de intervenir sobre cualquier elemento que tiene que ver con la vida de un territorio y, por supuesto, también en este asunto. 

Es una de las grandes crisis humanitarias que ha tenido nuestro país en los últimos años. Hay que seguir trabajando con la máxima eficiencia y, si me lo permitís, poner mucho el foco en los derechos humanos. Sobre todo, en mi caso, reivindicar los derechos humanos de los niños y niñas que han llegado no acompañados a Ceuta, pero también de los que están acompañados y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Este miércoles supimos que un niño migrante de ocho años había sido agredido en Ceuta por un encapuchado, ¿le preocupa que los discursos de odio estén generando un clima en el que incluso los niños se convierten en objetivo de la violencia? ¿Qué se puede hacer para protegerles?

Me preocupa mucho que se está generando un clima social en el que vemos cómo están proliferando los discursos de odio

Me preocupa muchísimo la situación de Ceuta. No solamente por lo que tiene que ver con lo inmediato y su gestión, que, insisto, es mejorable y deberíamos haber sido capaces de hacer las cosas con una mayor rapidez y agilidad. Me preocupa mucho también en la medida en que se está generando un clima social en el que vemos, de manera inquietante, cómo están proliferando los discursos y los relatos de odio.
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​Vemos de manera inquietante cómo la derecha —la extrema derecha siempre ha estado ahí— se suma a seguir alimentando esto; cómo se pone en posiciones racistas y cómo esto está borrando, de alguna manera, el marco de derecho y de vida comunitaria que teníamos en nuestro país hasta este momento.
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​Para mí, este cambio cultural es muy peligroso y, sobre todo, es profundamente irresponsable que determinadas fuerzas políticas estén lanzando estos mensajes. ¿Por qué? Porque se dicen cosas en las tribunas que terminan siendo ejecutadas por personas que están en la calle y que están agrediendo directamente a seres humanos. Esto nos debe inquietar a todos y a todas.
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​Se empieza con las personas migrantes, se sigue con las mujeres feministas, se persigue y se señala a las personas LGTBI, a los sindicalistas y también a las personas pobres, y se reconfigura todo un sistema de derechos, que es en el que habíamos convivido en nuestro país hasta este momento. Y eso está sucediendo delante de nuestros ojos.
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​Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad tiene que posicionarse frente a esto. Tiene que defender los derechos humanos y, por tanto, los marcos de convivencia de los que nos habíamos dotado hasta el momento. Me parece muy preocupante y absolutamente condenable que se esté agrediendo y persiguiendo a niños.

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¿Va a adoptar el Ministerio alguna medida ante lo ocurrido?

Nosotras estamos ejerciendo nuestras competencias y responsabilidades en el ámbito que nos corresponde. Y yo quiero insistir mucho: aquí lo que toca es ser muy generosos y muy solidarios con Ceuta. La generosidad y la solidaridad pasan por hacerse cargo de la situación y por poner en marcha medidas concretas. No basta con salir a hacer grandes y elocuentes discursos, o discursos peligrosos que inflaman e incendian.
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Es lógico que la gente en Ceuta lo esté pasando mal.​ Es lógica la sensación de incertidumbre, de angustia en muchos casos, en un territorio tan pequeño que ha recibido a tal número de seres humanos en tan poco tiempo. Pero hacerse cargo de esto significa, primero, poner recursos económicos del país, es decir, que el Estado se comprometa. Esto lo acabamos de hacer hace unos días en el Consejo de Ministros. Y, segundo, poner en marcha políticas concretas que alivien y reduzcan la presión y la tensión que está sufriendo Ceuta en este momento. Esto es, por ejemplo, trasladar a la península a las personas menores de edad no acompañadas.

Esta es la parte que nos corresponde a nosotros: coordinar las políticas y poner a disposición de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, mecanismos que cuenten con toda la garantía jurídica y permitan trasladar a los niños y niñas.

¿En qué situación está el plan de traslado de niñas y niños a la Península? ¿Ha dado el Gobierno de la ciudad autónoma algún paso en la autorización? Este jueves conocíamos que Navarra daba el primer paso y acogerá a cinco niñas. ¿Para cuándo el resto de comunidades autónomas?

Es una muy buena noticia que Navarra haya comunicado que acoge a cinco niñas de Ceuta en su sistema. Es muy interesante, además, porque pone en evidencia que hay mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas y que pueden ser eficientes. Por tanto, si es posible y los recursos del Estado van a llegar, no hay ninguna razón para que esto no se pueda replicar.
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​Nosotros, en la última conferencia sectorial en la que aprobamos la partida extraordinaria para apoyar a Ceuta en esta crisis humanitaria, sugerimos e invitamos a las comunidades autónomas a que exploren otros procedimientos y mecanismos que permiten acoger a niños. Agradezco profundamente a Navarra que haya comenzado con la política de acogida, porque lo que demuestra es que es posible cooperar incluso a tres bandas para que esto sea viable.
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​Además, es todavía más interesante la posibilidad, que me consta que se está explorando, de que esto sea vía acogida familiar en un momento determinado. Estamos recibiendo muchos mensajes, muchas comunicaciones de familias que se han puesto y se ponen a disposición para acoger niños en sus casas. Es verdad que hay que garantizar que el mecanismo jurídico sea absolutamente garantista, pero creemos que es una salida que está muy bien y que habla de que España no es el país que nos quiere hacer creer que es la extrema derecha. España es un país solidario.

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No vamos a deportar a ningún niño. Aquí se van a respetar los derechos humanos

Formalmente sabemos que hay comunidades autónomas que lo están estudiando con voluntad de acoger, pero ahora mismo lo que estamos viendo es que el Partido Popular ha decidido no ser solidario con Ceuta. Hay que recordar que el Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas de este país. No sirve de nada ir a los atriles del Congreso a decir que hay que ser muy solidarios con Ceuta y luego, allí donde se toman las decisiones que permiten ser solidarios con Ceuta, ponerse de perfil. La llave la tiene Feijóo. Es tan sencillo como que levante el teléfono y sugiera a sus barones territoriales, a sus presidentes autonómicos, que acojan niños. 
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​Volver a salir a decir, como dijeron ayer, que los niños son invasores y que hay que echarlos a todos es volver a decir que hay que hacer algo ilegal, que hay que deportar niños. Y no vamos a deportar a ningún niño. Aquí se van a respetar los derechos humanos y el marco jurídico vigente: el Estado de derecho, la democracia y el interés superior de la infancia. Y para eso se requiere tiempo. 

Pero en Ceuta prácticamente no hay espacio. Lo que necesitamos, por tanto, es dar ese tiempo en otro lugar. ¿Quiere el Partido Popular ser solidario con Ceuta? Bien, habilítense las plazas en las comunidades autónomas. El Estado pone los recursos para que esos niños estén en buenas condiciones en las comunidades autónomas donde se pueda llevar a cabo todo ese procedimiento con todas las garantías jurídicas oportunas.

¿Cuántos menores permanecen actualmente sin identificar y, por tanto, fuera de cualquier recurso de protección?

Todavía quedan menores. A mí no me gusta establecer un umbral porque creo que hay que ser absolutamente rigurosos con esto. Sí que quiero decir que, para mí, es urgente la puesta a disposición de espacios físicos y la liberación de plazas. Esta idea de trasladar niños y niñas a la península permite dejar espacios para que sea más rápida y eficaz la filiación de los niños. De ahí mi insistencia.
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​Ahora mismo, la cifra aproximada son 2.003 niños que estarían en el sistema de acogida de Ceuta. Nosotras estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para habilitar estos espacios y coordinarnos con el servicio y el área de menores de Ceuta, a la que le corresponde, junto con la Policía, hacer todo este primer trabajo para que sea lo más ágil posible. Hemos puesto a disposición una unidad de apoyo, un proyecto que hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Juventud e Infancia, para hacer todas las entrevistas y todo el triaje que hay que hacer con todas las garantías a niños y niñas. Confiamos en que, en los próximos días, la situación pueda dar un vuelco en términos positivos.

¿Han desaparecido niños o niñas desde su llegada a Ceuta antes de poder ser incorporados al sistema de protección?

Esto no me consta en ningún caso. Sí que la situación ha sido desbordante y ha generado situaciones terribles y preocupantes. Y aquí, como sociedad y, desde luego, desde nuestros niveles de responsabilidad institucional, tenemos que insistir en la autocrítica y pensar un poco más allá: en lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y cómo tener capacidad de poner en marcha dispositivos mucho más garantistas para que estas cosas no sucedan.
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​Y, en cualquier caso, poner ahora todos los recursos que tenemos para la atención. Esto sí que os puedo decir que sucedió desde el primer momento: coordinamos con el Ministerio de Igualdad y con la ciudad de Ceuta un dispositivo específico para atender a las niñas que habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, para que tuvieran un acompañamiento con garantías y se iniciara con ellas un proceso de reparación en un espacio más cuidado. Pero sí que creo que nos toca, además de todo esto, hacer una reflexión más en profundidad.

Antes del 30 de julio España había remitido a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de menores y, según usted misma explicó, no había recibido respuesta. ¿Qué garantías existen entonces para plantear ahora la reunificación familiar como una de las soluciones?

A un niño solo en una ciudad se le da protección, se le da cuidado y se respetan sus derechos. Después nos ponemos a trabajar con los procedimientos jurídicos y administrativos

El retorno de menores se activa, primero, a través de los expedientes que hacen las comunidades y ciudades autónomas, que son las que tienen la tutela de los niños y niñas. Lo digo también por las soflamas del Partido Popular, porque muchas de ellas están gobernadas por el PP.
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​Pero tiene que haber un mecanismo que garantice el cumplimiento del derecho internacional, del derecho nacional y del interés superior del menor. Es decir, tiene que escucharse al niño, tiene que garantizarse que hay una estructura familiar en el país de origen y tiene que pronunciarse el país de origen.
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​Todos tenemos la intuición de que un niño con quien mejor está es con su familia. En muchos casos sí, pero en aquellos en los que el menor huye de una situación de violencia familiar —por ejemplo, niñas que han venido huyendo de matrimonios forzosos— hay que garantizar que el niño o la niña viva en un entorno libre de violencia. Este es el sentido común que debe operar.
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​Y lo que nos hemos encontrado hasta la fecha es que Marruecos no responde a los requerimientos. Por tanto, es muy complicado establecer un procedimiento de retorno familiar si el país de origen no responde. Con otros países, cuando hay menores de otras nacionalidades, el país normalmente responde con rapidez y el niño retorna o se le reagrupa con su familia.
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​Al niño no le puedes preguntar primero por todo un tracto administrativo y luego ver si lo cuidas o no lo cuidas. A un niño solo en una ciudad se le da protección, se le da cuidado y se respetan sus derechos. Después nos ponemos a trabajar con los procedimientos jurídicos y administrativos. Esto es lo que procede hacer.

¿Por qué cree que el ala socialista del Gobierno se muestra reticente a la hora de hablar de traslados, ya sea de menores o adultos, a la Península? ¿Teme el Gobierno una reacción europea?

La respuesta de Europa con la crisis de Ceuta ha sido absolutamente lamentable

La respuesta de Europa con este asunto ha sido absolutamente lamentable. Esto nos debe llevar también a una reflexión sobre cuáles son los estándares y cuáles son las políticas europeas, y si esas políticas son las mismas para todos los países europeos o no. ​Hay preguntas que no me corresponde responder a mí, obviamente, pero sí que os puedo decir que estoy trabajando desde el minuto uno. Cuando me reuní con el presidente Vivas el día 8 de agosto, ya le trasladé que para mí había dos elementos fundamentales para avanzar en la resolución de la crisis. Uno, hacer todo lo posible, para sacar a la gente de la situación de calle, porque, si no, esto genera un clima social muy complicado, que es lo que se ha visto. Y dos, trasladar y acoger a los niños y a las niñas menores de edad en la península.
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​Esto lo trasladé el primer día que estuve en Ceuta. Nosotros, desde el Ministerio, lo que estamos haciendo es lo que llevamos haciendo dos años y medio: plantear una política de acogida vinculante y solidaria. No hemos cambiado de posición. Hemos promovido una reforma de la Ley de Extranjería para que esto fuera posible. Hemos sacado casi 2.000 expedientes de niños y niñas de Canarias, Ceuta y Melilla en el último año, que han sido trasladados a la península sin un solo incidente. Esta es la política pública de derechos que hemos hecho desde el Ministerio de Juventud e Infancia. ​Por tanto, entendemos que una política que se ha demostrado exitosa, que descentraliza a los territorios de llegada y que permite acoger a los niños y niñas con dignidad en el conjunto del Estado, es una política en la que teníamos que seguir trabajando.

El PP insiste en repatriar a "todas" las personas migrantes que, el pasado mes de julio, cruzaron la frontera de Ceuta pero, a la vez, asegura que cumplirá la ley. ¿Es compatible una cosa con la otra? ¿Cree que el PP está instrumentalizando la crisis de Ceuta?

No se puede aceptar que haya líderes del Partido Popular insistiendo en procedimientos que saben que son ilegales

No hay ninguna duda de que el Partido Popular está instrumentalizando la crisis que hay en Ceuta. No está siendo un partido solidario con Ceuta y tiene responsabilidades de gobierno que le permitirían concretar y poner en marcha medidas para serlo. Está siendo profundamente irresponsable. No se puede aceptar que haya líderes del Partido Popular insistiendo en procedimientos que saben que son ilegales y que vulneran los derechos fundamentales de los niños. 
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​El ardid de soltar un lema o una soflama de "hay que devolverlos a todos" es peligroso por lo que genera en la opinión pública y porque no es verdad. Porque sabemos que no es posible devolver a todas las personas. Sabemos que aquí hay un Estado de derecho y el Estado de derecho dice que hay procedimientos que se tienen que hacer con garantías y, vuelvo a lo mismo, requieren tiempo. Y el tiempo significa que hay que ver dónde se aloja y dónde se acoge a estas personas y que seguramente no puedan estar todas en Ceuta. Desde luego, los menores no.
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​Pero es que también hay que tener en cuenta que hay personas que son solicitantes de protección internacional, que muchas de ellas ya sabemos que vienen de países que están en conflicto bélico y, por tanto, necesitan tener garantizado su derecho a que se gestione correctamente y en el plazo oportuno la solicitud de protección internacional. Muchos no van a poder ser retornados. ​Es un trabajo que requiere tiempo y que exige menos soflamas, menos uso partidista y electoralista y, sobre todo, racista, que es lo que está haciendo el Partido Popular. 

Son muchas las voces de la izquierda que han señalado la responsabilidad de Rabat por detrás de la crisis. ¿Coincide con ellas o cree, como han dicho otros ministros del Gobierno, que Marruecos es "un socio fiable"? ¿Cómo debería cambiar la relación con Marruecos?

Lo que hemos visto en Ceuta es el fracaso de la política de externalización y militarización de las fronteras de la Unión Europea

Comparto absolutamente todas las palabras que han planteado mis compañeros de Izquierda Unida. Es la posición histórica que hemos tenido. Soy militante de Izquierda Unida y, por tanto, estoy muy convencida de lo que se está planteando en términos políticos. Además, a mí me parece impensable que se muevan 80.000 personas sin que Marruecos, de alguna manera, lo supiera, bien por acción o por omisión. 
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​Obviamente, con un vecino tienes que hacer todo lo posible por tener una relación como mínimo cordial, o al menos intentarlo. Dicho esto, creo que debemos reflexionar profundamente acerca del modelo de gestión de fronteras que tenemos en este país, porque eso también determina las relaciones de vecindad que tenemos, en general, con las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
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​Tenemos que hablar del modelo de fronteras que tenemos y del modelo migratorio, porque esto se decide, en buena medida, en Bruselas y en Estrasburgo. Y creo que aquí hay que hacer una llamada de atención acerca de lo que han votado y cómo se han posicionado algunos partidos políticos. Y vuelvo al Partido Popular, a las relaciones con Marruecos, la política de fronteras, la política migratoria que ha votado el Partido Popular en las instituciones europeas... Porque ha avalado la externalización de las fronteras, la militarización. ¿Esto qué significa? El alquiler de la frontera. El PP ha votado a favor de alquilar la frontera a Marruecos en las instituciones europeas, que, ojo, es donde se toman este tipo de decisiones.
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​Insisto, una cosa es lo que se dice desde las tribunas y otra cosa es lo que se hace cuando uno puede decidir como fuerza política. Creo que aquí tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas profundamente exigentes: ¿usted qué votó cuando tocaba decidir quién custodiaba la frontera española? Porque yo sé lo que voté, sé lo que votó mi organización política y sé lo que votó toda la izquierda de este país con el asunto de la externalización de las fronteras y la política migratoria de la Unión Europea. Votamos en contra. Igual que votamos a favor de establecer vías legales y seguras.
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​O miramos las cuestiones estructurales, las desigualdades sociales, las cuestiones que tienen que ver también con la geopolítica, con las alianzas con terceros países, o estaremos siempre mirando a quien ha sido utilizado de manera instrumental, pero que al final no deja de ser una persona. Son personas absolutamente vulnerables que vienen buscándose la vida. Lo que hemos visto en Ceuta es el fracaso de una política de externalización y militarización de fronteras de la Unión Europea en su conjunto.

El Congreso ha aprobado, este jueves, la ley de nacionalidad del pueblo saharaui. Una norma impulsada por el espacio de Sumar y por su propio partido, Izquierda Unida. ¿Qué significa la aprobación de esta ley? ¿Teme el Gobierno algún tipo de represalia de Marruecos?

La ley de nacionalidad del pueblo saharaui es un acto de reparación, justicia y reconocimiento

Bueno, confío en que no, francamente. La ley es un acto de reparación, justicia y reconocimiento. Y la verdad es que, si me lo permitís, para mí es una profunda alegría sentir que, al final, estamos en el lugar en el que tenemos que estar, trabajando para que las cosas se materialicen en derechos, en reconocimiento y en reparación para un pueblo que lleva muchísimos años de sufrimiento.
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Personalmente, creo que es un avance. Habla no solamente del grupo de personas o, en este caso, del pueblo al que se le hace este reconocimiento y este acto de justicia y de reparación, sino también de qué sociedad queremos construir. En estos tiempos de odio, estos avances nos dan también optimismo sobre hacia dónde hay que construir la sociedad que queremos.​

El Consejo de Ministras aprobó antes del verano la reforma de la LOPIVI para reforzar, entre otras cuestiones, el derecho de niños y niñas a ser escuchadas, su acceso a asistencia psicológica y más garantías frente al uso del falso síndrome de alienación parental contra ellas y sus madres protectoras. ¿En qué punto exacto está esa reforma? ¿Qué calendario manejan? ¿Confía en que pueda aprobarse antes de que termine la legislatura?

Esto va a depender más del Congreso que de nosotros, evidentemente, pero estamos ya en el trámite intermedio entre la primera y la segunda vuelta del Consejo de Ministros, esperando los últimos informes que tienen que llegar dentro del procedimiento interno. En muy poquitas semanas espero tener ya la segunda vuelta en el Consejo de Ministros para dar traslado al Congreso de los Diputados. Por tanto, a mí me encantaría que pudiera quedar aprobada antes del final de la legislatura. Desde luego, para nosotros ese es el objetivo.
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​Entre otras cosas porque fue una muy buena ley en su momento, debo decirlo, porque se hizo un muy buen trabajo. Pero es verdad que estos años, en los que la ley se ha ido desarrollando y poniendo en marcha, también nos han permitido ver qué elementos había que reforzar y blindar. Hemos trabajado de una manera muy directa con expertas que nos han ayudado, nos han sostenido y nos han aportado una visión muy completa y solvente. Honestamente, creo que la ley avanza sustancialmente en la protección de los derechos de niños y niñas y, sobre todo, en la erradicación de las violencias, que para nosotros era algo fundamental.
​
​Porque todavía hay muchos puntos de fuga como sociedad en relación con la violencia contra la infancia. ​Esta ley pretende ser un instrumento más útil y más eficiente. Una de las cuestiones en las que hemos trabajado es todo lo relacionado con la violencia vicaria, tanto desde la perspectiva de la violencia de género hacia las mujeres como hacia las infancias.

La especialización judicial en violencia contra la infancia es un mandato de la LOPIVI, pero actualmente solo existen tres secciones especializadas y, de las 500 nuevas plazas judiciales anunciadas recientemente, únicamente una se destina a esta materia. ¿Cómo se garantizan los derechos de las infancias sin que estos espacios estén aún desarrollados?

Esto ya no depende directamente del Gobierno. La parte del Gobierno es habilitar la ley y generar la estructura que tiene que tener el sistema de justicia. La Ley de Eficiencia de la Justicia ya está aprobada, reconoce la creación de secciones especializadas en infancia en los juzgados y ahora corresponde al Consejo General del Poder Judicial poner en marcha, desarrollar e implementar estas secciones.
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​Nosotros seguimos insistiendo en que esto es importantísimo. Seguimos reforzando todos los mecanismos, también a través de la reforma de la LOPIVI, para ser más garantistas, para que haya más formación de todos los profesionales del ámbito de la justicia y para que esté garantizada esta formación y este acompañamiento desde la perspectiva de infancia en la justicia. Pero cada segmento del Estado tiene sus responsabilidades y yo confío en que esto se dé con la máxima rapidez.

Durante la legislatura, su ministerio ha tratado de sacar adelante leyes como la de Juventud o la de entornos digitales. ¿Qué posibilidades hay de que se aprueben, una y otra, antes de que termine la legislatura? Más allá del ministerio, ¿se aprobará el decreto de vivienda?

Seguimos trabajando con este decreto de vivienda porque seguimos pensando que es el principal problema de este país. Es una obviedad. Por supuesto, vuelvo a insistir en que hay también mucha responsabilidad en las comunidades autónomas, pero desde luego este real decreto es fundamental y estamos trabajando para que se desbloquee.
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​En relación con el resto de proyectos legislativos, tengo especial confianza en que podamos aprobar en el próximo mes o dos meses la ley de entornos digitales, porque ya estamos en la fase de ponencia. Se están terminando de cerrar las aportaciones de los grupos y todo lo que tiene que ver con el trámite parlamentario, y se está haciendo desde una posición bastante constructiva. Confío en que haya votos favorables o, en todo caso, alguna abstención, pero que la ley salga adelante.

​Sería una muy mala noticia, y no solo para el Gobierno, sino para los niños y niñas de este país, que esta ley fuera utilizada otra vez como un instrumento para contribuir al ruido y a la disputa partidista. Porque la ley ya está, a falta de incorporar algunas cuestiones, para que se pueda votar. El trabajo está hecho. Supone un punto de inflexión y es muy pionera a nivel internacional.
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​Creo que nos ha permitido pulir muy bien la carga de las responsabilidades. Establece muy bien el ámbito en el que tiene que darse la garantía de lugares libres de pantallas y el acompañamiento por etapas de edad para la inmersión en el mundo digital, pero también en el ámbito escolar.
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​Tiene en cuenta protocolos también en el ámbito de la sanidad. Habla de transparencia algorítmica y señala directamente la responsabilidad de las grandes plataformas y de la generación de contenidos. La responsabilidad no es de las familias, debe ser de las grandes tecnológicas, que están haciendo caja con los derechos de nuestros hijos e hijas. Se les ponen límites y esto va a quedar claro en la propia ley.
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​Se establecen mecanismos muy garantistas relacionados con la verificación de la edad, pero no para que las familias tengan más carga, sino para que sea un asunto de las plataformas. Y esto es un cambio de paradigma importante. Tienen que ser ellas las que garanticen que su espacio digital es seguro. En caso de que no lo sea, tiene que haber verificación de la edad. También queda regulada la cuestión del acceso de los menores de 16 años. Hay muchos aspectos que van a cambiar sustancialmente la relación con los entornos digitales, porque sabemos que es uno de los lugares más sensibles en este momento.

Y no solo en términos de derechos para la infancia. El gran lugar donde se está disputando la democracia, el sentido común, el derecho y el acceso a una información veraz es el ámbito digital. Están pasando muchas cosas y es importantísimo que haya intervención pública. No puede ser un espacio profundamente antidemocrático y contrario a los derechos humanos.
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​Y sobre la Ley de Juventud, estamos en la fase de negociación con nuestros socios de Gobierno. Estamos recibiendo ya los informes de los distintos ministerios y la ley está. Por tanto, la idea que tenemos es poder llevarla al Consejo de Ministros en breve. Han sido muchas reuniones, muchas asambleas y muchísimas peticiones de los distintos colectivos juveniles que han participado a lo largo de este tiempo en los distintos territorios. Ha sido muy complejo traducirlo a lenguaje jurídico, pulirlo y convertirlo en una ley. Y, claro, hay aspectos que son muy novedosos. Por ejemplo, el derecho a voto a los 16 años. Este es uno de los elementos que estamos negociando ahora.

Respecto a la ley de entornos digitales, hablaba de más garantías. ¿Esas garantías se van a materializar finalmente en una regulación que prohíba el acceso a determinadas redes sociales a menores de 16 años?

No es tanto una prohibición de acceso a las redes sociales, sino de acceso a una configuración determinada del entorno digital. De tal manera que, en la práctica, va a ser muy complicado que menores de 16 años puedan acceder a determinados espacios digitales si no hay una serie de garantías. No se trata tanto de nombrar dónde, sino de garantizar que la red y la estructura sean seguras para que un niño o una niña puedan acceder. Esto va acompañado de un itinerario por etapas de edad que queda claro en la ley.

Estamos ante seres humanos que están desarrollando todo lo que tiene que ver con los mecanismos de socialización, con el aprendizaje, con lo relacional. Por tanto, la cuestión es ver de qué manera se garantizan los derechos de niños y niñas en el entorno digital, cómo se va produciendo esa formación por etapas madurativas y cómo vamos generando mecanismos, primero, de control democrático y, también, de alerta ciudadana para saber cómo estamos ahí.

Lleva tiempo reclamando una Prestación Universal por Crianza. ¿Va a existir antes de que termine la legislatura?

Seguimos insistiendo en que es el mecanismo más eficaz para resolver la brecha de pobreza infantil que tenemos en nuestro país. Ahora estamos con la configuración de los Presupuestos Generales del Estado y también estamos trabajando en ello. Va a formar parte de las prioridades que, desde el Ministerio de Juventud y otros ministerios, sobre todo los ministerios de Sumar, pongamos encima de la mesa: la política de vivienda, por un lado, y la prestación universal por crianza, por el efecto que tiene y porque creemos, además, que es una cuestión de justicia.

El espacio del que forma parte trabaja en una nueva alianza de cara a las generales de 2027. Aunque este verano anunció que, cuando termine la legislatura, se retira de la primera línea política, ¿qué le parece el nuevo proyecto? ¿A quién ve liderándolo?

Más allá del tiempo electoral, necesitamos dedicar tiempo a repensar el lugar de la izquierda

Necesitamos tener una estructura, un dispositivo electoral para ir a las elecciones. Los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones están en esta tarea, que tiene su complejidad, lógicamente. Y yo les deseo toda la suerte y acierto del mundo porque creo que es importantísimo. En realidad, no tengo a una persona en mente, honestamente. Se me ocurren muchas. Hay muchas personas, muchos perfiles de grandes dirigentes en las distintas organizaciones y fuera de las organizaciones políticas que podrían hacer un excelente trabajo. 
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​Pero también creo que las personas de la izquierda tenemos que pensar desde otros lugares. Más allá del tiempo electoral, necesitamos tiempo. No hablo de posponer, sino todo lo contrario: de dedicar tiempo a repensar el lugar de la izquierda, la izquierda que necesitamos para la configuración social y económica que tenemos en el siglo XXI en nuestro país. ​Y ser conscientes de los grandes retos, de los grandes desafíos como sociedad. 

Esto quizá se ha quedado relegado siempre a un segundo plano por la urgencia de lo electoral y yo siempre aprovecho para lanzar esta petición. También decir que a veces no hace falta estar estrictamente en lo institucional para seguir en política. A veces hay que dedicarle tiempo también a esto otro: a cómo organizarse desde la izquierda para la sociedad que nos ha tocado vivir.