Cultura inicia el procedimiento para ilegalizar otras cuatro fundaciones franquistas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que se van a comenzar las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas, concretamente la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

Así lo ha adelantado el titular del departamento de Cultura durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados para hacer balance de sus dos años al frente de la gestión del Ministerio.

"Un gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre (...) Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley", ha apuntado Urtasun ante la Comisión en la semana en la que se cumplen 50 años de la muerte del dictador.

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) el pasado 31 de octubre -"un paso decisivo"-. Este proceso se encuentra en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado mes de octubre.

El pasado 31 de octubre el Gobierno de España abría el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la FNFF y le notificó a la entidad dicho expediente, tal y como confirmaron fuentes de Cultura.

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Así, tras la notificación a la FNFF se ha abierto el trámite de alegaciones de la fundación y un periodo de prueba -sí es que la fundación desea aportar documentación- tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final -con toda la información- con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Fuentes de Cultura confían en que llegue al juez lo "más rápido posible" -mínimo pasarán nueve meses hasta que eso ocurra- pero avisaron de que todo dependerá de la estrategia que tome la fundación y de los documentos que aporte para defender sus intereses. Aun así, razonan que el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado" y que las pruebas que presentan ahora serán "muy parecidas" a lo que se encontrará el juez.

Para las cuatro nuevas fundaciones franquistas que este martes ha anunciado Urtasun, el procedimiento se desarrolla igualmente en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este informe se solicita con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.

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La segunda es la apertura del procedimiento, que comienza con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones -el caso de la FNFF-. Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado y Cultura tendrá que resolver si procede instar judicialmente la extinción de cada una de las fundaciones. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de las autoridades judiciales.