El menú del día en el polígono y el bocadillo en el bar del barrio son fiscalmente indigestos para los autónomos: una reivindicación histórica del sector es que el gasto de manutención pase a ser deducible en el IRPF.  Esta posibilidad todavía está en el aire.

De momento, las resistencias del PP (por el temor de Hacienda al coste de la medida) han impedido que dicha desgravación se haya podido incluir en la ponencia de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo que se tramita en el Congreso de los Diputados, a raíz de una proposición de ley presentada por C’s el pasado otoño.

ERC defiende una enmienda a favor de la deducción, que  mantiene viva para  el siguiente trámite parlamentario, que será el debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social (previsiblemente, el próximo jueves) y, si no es incorporada entonces al texto, en el debate en el pleno del Congreso.

C’s, que tiene un preacuerdo con el PP sobre el contenido global de la ley, dice que también tiene una propuesta para incluir la deducción de los gastos de manutención, que está negociando con ERC y con sus aliados parlamentarios.

PSOE y Unidos Podemos no se han pronunciado todavía sobre la iniciativa, que el PP rechaza por su eventual efecto de merma en los ingresos tributarios .

La catalogación de los gastos de manutención (y los de transporte) como deducibles son una reivindicación histórica de los autónomos, solo una pequeña parte de los cuales accede ahora a ese beneficio fiscal y siempre que esos consumos se realicen en municipios distintos al de su sede. Por el contrario, las empresas sí pueden deducirse en el Impuesto de Sociedades una parte del dinero que destinan a pagar comidas y desplazamientos de sus trabajadores, ya sea como dietas, como suplidos o mediante la entrega de cheques-restaurante.

Acortar la brecha fiscal

Algunos estudios apuntan a que la deducción de las comidas mermará en unos 50 millones anuales la recaudación por IRPF, aunque, al mismo tiempo, generarán movimientos económicos por valor de 200 millones, explicó el diputado de ERC Joan Capdevila, que es quien defendió la medida en la ponencia.

Esas cifras, y el hecho de que el Gobierno llegue a calcular que la merma de ingresos alcanzará los 500 millones anuales, fueron una de las causas de las tiranteces que la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya provocó en el propio ejecutivo, en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabó imponiendo su rechazo mientras la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la apoyaba. ERC condiciona su apoyo final a la ley a la inclusión de esa enmienda.

Si no sale adelante, no será porque no hayan puesto facilidades los esquerranos, cuya propuesta incluye exigencias para acceder a las deducciones como que la cuantía de cada menú no supere los doce euros, aplicar un tope mensual de 22 días laborables para la actividad del beneficiario y admitir únicamente comprobantes de pago electrónico (con fecha, hora e identificación de la terminal) o formatos como el cheque-restaurante. En ningún caso serían deducibles los justificantes de pagos en metálico, para evitar picarescas.

“Estamos pensando en el autónomo de la furgoneta y en el restaurante del polígono o del barrio”, señala Capdevila, quien sostiene que declarar deducibles los gastos de manutención supondría “un parche universal y efectivo que afecta a todo el sector dentro de una ley de parches que no aborda el problema clave de los autónomos, que pasa por establecer un sistema de cotización progresiva en función de los ingresos”.

“Nunca hemos entendido por qué el autónomo no podía deducirse gastos de su propia actividad”, indica Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), para quien la medida “reduciría la brecha fiscal entre trabajadores por cuenta propia y empresas”. Abad también se muestra partidario de regular el uso de vales de comida u otros medios de pago para asegurar la finalidad de esos gastos de manutención.

Tarifa plana tras la maternidad

La versión de la ley que este miércoles ha salido de la ponencia incluye otras medidas novedosas como la posibilidad de que las mujeres que reanuden su actividad como autónomas tras haber sido madres accedan durante un año a la tarifa plana de cotización de 50 euros, que también se amplía a doce meses para quien se dé de alta en el sistema sin haber estado en él en el lustro anterior.

La norma pasa a contemplar como accidentes ‘in itinere’ los que pueda sufrir un autónomo mientras se desplaza a trabajar, iguala el tratamiento de la baja de paternidad con la de maternidad entre los trabajadores por cuenta propia y equipara las ayudas y desgravaciones por tener hijos o mayores discapacitados a cargo con las del régimen general.

Por último, permite cambiar hasta tres veces en un año la base de cotización, aunque los autónomos con actividad estacional podrán seguir dándose de baja y de alta; reduce del 20% al 10% el recargo por el primer mes de retraso en pagar el sello, recupera la posibilidad de aplazar y fraccionar la liquidación del IVA y el IRPF en función de la fecha de cobro de las facturas (ahora marca la obligación la de expedición) y, por último, desvincula las cuotas de los autónomos societarios del Salario Mínimo Interprofesional, lo que evitaría subidas como la del 8% que sufrieron en enero.

Más empleo que la banca y todo el Íbex

La norma, no obstante, elude entrar en asuntos clave para el sector como el tratamiento de las bajas o el de las pensiones de jubilación, cuya escasez lleva a 120.000 autónomos a seguir cotizando tras finalizar su actividad para acceder a subsidios dignos, ni ofrece soluciones para el cada vez más frecuente uso de la figura de los falsos autónomos.

La ley llega cuando los autónomos se confirman como el primer sector productivo del país. Por una parte, ya crean más empleo que las administraciones. Y, por otra, la suma de los trabajadores por cuenta propia y la de los asalariados de estos supera por vez primera los cuatro millones de personas. “El trabajo autónomo es el motor fundamental de los pueblos y de las ciudades”, señala Abad.

De los 18,26 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al cierre de mayo, 3,29 eran autónomos, a los que hay que sumar los casi 900.000 (872.425 en marzo) empleados por estos últimos, lo que supone más de un 22% del total del empleo.

Ese volumen de empleo supera notablemente al que ofrecen algunos sectores cuyos negocios han recibido cuantiosas inyecciones de dinero público, caso de la banca, que ha recortado un 30% sus plantillas en los últimos ocho años para quedarse con menos de 90.000 empleados, mientras engullía 60.600 millones en ayudas en la segunda mitad de ese periodo.

Esos más de cuatro millones de ocupados con el trabajo autónomo casi triplican a las plantillas de las 35 empresas del Íbex, que suman menos de un millón y medio de asalariados en España, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).