La demanda de una constructora hace temblar a Hondarribia: "Nos piden el 40% del presupuesto municipal"
La empresa a cargo de un fallido proyecto de 'macrooutlet' en la localidad guipuzcoana busca un resarcimiento por más de 13,7 millones de euros. El presupuesto municipal es de 34 millones.
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Lo que nació como un gran proyecto urbanístico terminó como uno de los mayores dolores de cabeza en la historia de Hondarribia. Este municipio guipuzcoano de 16.700 habitantes y 34 millones de euros de presupuesto está pendiente de lo que diga el juzgado de Irun en torno a una demanda formulada por una constructora que, en caso de prosperar, podría implicar una indemnización con dinero público que alcanzaría el 40% del presupuesto municipal.
Igor Enparan, alcalde de Hondarribia por la plataforma local Abotsanitz, no oculta su preocupación. Tampoco su malestar por la "herencia" que recibió del anterior gobierno municipal, en manos del PNV.
"Están pidiendo el equivalente al 40% del presupuesto de Hondarribia. Si hubiera que aceptar una compensación de este tipo, sería un gran golpe para la finanzas municipales", señaló el responsable municipal a Público. A su juicio, los promotores de la demanda buscan "enriquecerse a costa de los ciudadanos".
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Todo empezó en marzo de 2015. El día 11 de aquel mes, el Ayuntamiento de Hondarribia aprobó de forma provisional el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impulsaba el Gobierno municipal –entonces en manos del PNV– y mediante el que se recalificaba el área de Zaldunborda –a las afueras de Hondarribia– como suelo urbanizable.
Un año después, el Ayuntamiento compró esos terrenos a la Mancomunidad de Txingudi –integrada por los municipios de Hondarribia e Irun– por 1,3 millones de euros y seguidamente los sacó al mercado mediante un concurso público. En junio de 2017, la constructora Higertoki SL se quedó con los terrenos tras realizar una oferta por dos millones de euros.
La empresa preveía construir allí un macrooutlet con más de 100 tiendas que requeriría una inversión estimada de 133 millones de euros y convertiría a esa zona de Gipuzkoa en el escenario de un centro comercial de dimensiones inéditas en el País Vasco. No en vano, las asociaciones de comerciantes de la zona protestaron contra ese proyecto por las graves repercusiones que tendría sobre el sector local.
El 26 de junio de 2019, el gobierno municipal aprobó los informes necesarios para adjudicar de forma definitiva el proyecto. Un día después, el Parlamento vasco aprobó la ley de grandes establecimientos, mediante la cual se fijó un límite máximo de 15.000 metros cuadrados en las grandes superficies comerciales. El macrooutlet proyectado en Zaldunborda estaba previsto en 28.000, por lo que las gestiones del día previo por parte del Ayuntamiento fueron indispensables para evitar su caída.
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En diciembre de ese mismo año surgieron nuevas complicaciones, esta vez insalvables. El entonces alcalde de este municipio, Txomin Sagarzazu (PNV), anuló el procedimiento por incumplimientos de la empresa adjudicataria en la "subsanación de errores" en su plan de ejecución del proyecto.
El toque definitivo llegó en mayo de 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó el PGOU de Hondarribia por la ausencia de una serie de informes. Si bien aquellas omisiones no tenían nada que ver con el proyecto de macrooutlet, la decisión de los magistrados supuso su paralización total.
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En noviembre de 2025, los promotores Higertoki y Zaldunborda Berri, impulsores de aquel fallido proyecto, presentaron una demanda de 13.700.000 euros contra el Ayuntamiento de Hondarribia por los supuestos perjuicios económicos provocados por el bloqueo definitivo de la iniciativa urbanística por parte del TSJPV.
"Afectaría gravemente"
La demanda está hoy en el juzgado de Irun, donde deberá dirimirse si se atiende o no la petición millonaria realizada por los promotores del macrooutlet. "Tener que hacer frente a esa cantidad afectaría gravemente a las arcas públicas del consistorio", subrayó el alcalde.
Público contactó por escrito en tres ocasiones con la promotora para conocer su posición sobre este asunto, pero en el momento de publicación de este artículo no había sido posible obtener una respuesta. El teléfono de esta compañía que figura en bases de datos de empresas corresponde a Valeriano Urrutikoetxea SLU, una constructora vasca con sede en Galdakao (Bizkaia). Su nombre comercial es Vusa Construcciones.
La memoria anual de esta empresa correspondiente a 2024 señala que Higertoki y Zaldunborda Berri -que también figura como demandante- forman parte del mismo grupo que Vusa Eraikuntza Taldea.
Según ha verificado Público, Alejandra Iturrioz Unzueta, ex alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Ordizia por el PNV, ejerció como representante de Vusa Hondarribi SL en trámites oficiales ante el Ayuntamiento en 2017. Esa empresa fue creada en septiembre de 2015 para una promoción de viviendas que se ejecutaría en Hondarribia. Su dirección es la misma que utiliza Vusa Eraikuntza Taldea.
No es la única conexión entre las empresas demandantes y el PNV. Aitor Kerejeta, ex alcalde de Hondarribia por este partido entre junio de 2007 y marzo de 2015, asumió posteriormente como director general de la constructora Vusa. Según contó el diario Gara, en noviembre de 2015 Kerejeta ya firmaba documentos como responsable de la empresa.
Público también contactó por escrito con el grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento de Hondarribia para conocer su valoración sobre este tema. De momento no ha habido respuesta. En anteriores ocasiones, el partido negó cualquier responsabilidad sobre la demanda formulada por la constructora y rechazó asimismo las acusaciones en torno a las vinculaciones de ex miembros del partido con la empresa.
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