La denuncia de la Fundación Francisco Franco contra 19 personas que ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás será juzgada por el Supremo

El caso contra los llamados 19 de Meirás será finalmente juzgado por el Tribunal Supremo y no por el Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos (A Coruña), según un auto emitido por esta última institución.

La denuncia de la Fundación Francisco Franco contra 19 personas que ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás el pasado 30 de agosto de 2017 –entre los que se encontraba el diputado Néstor Rego– pasa ahora a manos del Tribunal Supremo dada la "condición de diputado" aforado que corresponde al político nacionalista.

Los '19 de Meirás' han explicado este sábado en un comunicado que el Juzgado de Betanzos ha alegado "indivisibilidad de la causa y de las acusaciones" en la denuncia formulada por la familia Franco y como "no distingue entre denunciados y atribuye a todos la realización" de los presuntos delitos, la causa será juzgada en el Tribunal Supremo.

Ante esta decisión, la agrupación recuerda que la denuncia "trata de criminalizar el ejercicio al derecho democrático y a la libertad de expresión", algo que consideran "grave e inadmisible". Además, critican que "los herederos de un dictador" estén "pidiendo ahora hasta 13 años de prisión para quien defiende la democracia y la memoria histórica".

De hecho, en su denuncia, la Fundación Francisco Franco acusa a los '19 de Meirás' de presuntos delitos de odio, daños, vulneración de morada y delitos contra el honor.

La agrupación se defiende y asegura que la acción realizada el pasado 30 de agosto de 2017 tuvo "un carácter simbólico y pacífico" que "cumplió con el objetivo de reactivar el debate social y político sobre la necesidad de hacer justicia con la recuperación del Pazo de Meirás para el pueblo gallego".

Además, consiguió "introducirlo en la agenda política gallega y obligar a las instituciones públicas a manifestarse al respecto". Por todo eso, los '19 de Meirás' están "orgullosas y orgullosos" de lo que hicieron y "dispuestas a enfrentar" el proceso judicial aunque lo considera "un sin sentido".