Denuncian a Baltar y a altos cargos de la Xunta por una obra ilegal que afecta al monasterio más antiguo de Galicia

La Fundación Moreiras San Pedro de Rocas, una entidad sin ánimo de lucro para la investigación y la difusión del patrimonio histórico, ha denunciado al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y a varios altos cargos de la Administración gallega, por falsear documentos del proyecto de ampliación de una carretera que pone en peligro el monasterio rupestre más antiguo de Galicia.

El proyecto, que planea derribar muros y arquetas del camino medieval de acceso a cenobio de San Pedro de Rocas, desmontar un cruceiro declarado bien de interés cultural (BIC) y talar más de medio centenar de árboles, algunos centenarios, ha puesto en pie de lucha a vecinos, asociaciones ambientalistas y organizaciones de defensa del patrimonio histórico, que llevan semanas denunciando un procedimiento plagado de irregularidades e incumplimientos de la legalidad.

Los orígenes de San Pedro de Rocas, en el municipio ourensano de Esgos, se remontan al año 573. Su iglesia, excavada en la roca, data del siglo VI y según la Xunta es uno de los templos cristianos más antiguos que se conocen. El conjunto fue declarado monumento histórico-artístico nacional en 1923 y bien de interés cultural -además del cruceiro- en 1999, y en el 2018, bien de interés cultural-paisaje cultural junto a las cien hectáreas de bosques autóctonos que lo rodean. Se trata, según los expertos, de uno de los complejos rupestres más importantes de España y una de las joyas arqueológicas de la comarca de la Ribeira Sacra.

San Pedro de Rocas suele ser el lugar a donde Baltar lleva a los visitantes ilustres de la Diputación. Por allí han pasado desde Alberto Núñez Feijóo hasta Esteban González Pons. Y desde hace años Baltar está empeñado en ampliar la carretera de acceso que conduce al templo, la OU-0509, construida sobre el camino medieval que unía el monasterio con el del San Estevo de Ribas de Sil y rodeada en muchos tramos por muros y cierres de la época pertenecientes al cenobio y su coto.

La Diputación pretende desdoblar la carretera con la excusa de mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso de turistas. Pero lo cierto es que en la vía no se ha producido ni un sólo accidente en lustros y los autobuses y vehículos ya circulan por ella. Aun así, Baltar ha hecho tres intentos para ampliarla y dotarla de más carriles, modificando su trazado.

El primero, en el 2011, fue denegado por el entonces delegado provincial de la Consellería de Cultura, Gerardo Pumar, quien sólo autorizó "obras de mejora del firme que no afecten a cierres y muros". La segunda ocasión fue en el 2018, pero la delegada de Cultura, Laura López del Castillo, limitó cualquier obra a "ampliaciones mínimas del ancho de vía, manteniendo rasantes y perfiles". Fue cesada poco después y nombrada jefa territorial de la Consellería de Sanidade.

La tercera intentona fue en el 2019, justo después de la destitución de Laura López y del nombramiento como jefa territorial de Cultura de Sandra Quintas Vázquez, alcaldesa de Bande -a cincuenta kilómetros de Esgos- y persona de confianza de Baltar. Entonces sí, la nueva jefa territorial autorizó las obras, de una forma que los denunciantes consideran ilegal y que documentan con pruebas fehacientes, tal y como explica Juan Carlos Moreiras, presidente de la fundación y miembro de la familia propietaria de los terrenos declarados de interés cultural y paisajístico sobre los que se ejecutarían las obras.

"Además de que no se hace mención alguna a que las obras afectan directamente a tres BIC y a que no están permitidas por el plan de ordenación urbana de Esgos, la autorización se sustenta en un informe de impacto sobre el patrimonio de la empresa Tragsatec, a la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de invalidar la concesión que tenía". Moreiras está en lo cierto, pues el pasado 22 de enero el TSXG declaró ilegales las declaraciones de impacto sobre el patrimonio que la Xunta había contratado con esa firma, alegando que sólo tienen validez las realizadas por los funcionarios autonómicos competentes para ello.

En segundo lugar, Moreiras expone que la Diputación falseó en el expediente de las obras los tramos en los que preveía ampliar la carretera, para simular que el proyecto se iba a desarrollar en un zona con menor protección. Así, y tal y como se puede comprobar en la documentación que acompaña este artículo, en el plan viario de la Diputación y en la notificación de la adjudicación, firmada por Baltar y llevada a pleno, se fijan las obras en el tramo entre los puntos kilométricos 11,6 a 12,5 de la OU-0509, cuando el proyecto final se redacta para el tramo entre los puntos 9,940 y 10,600, que es el que goza de protección. "No hay excusa a un error tipográfico pues ambos tramos existen. Es decir, se inicia el expediente de una carretera y se proyecta otra diferente", añade Moreiras.

La tercera irregularidad consiste en la manipulación del documento de autorización de las obras, al que también ha tenido acceso Público y que acompaña a esta información. Consta de membretes duplicados y superpuestos: el de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que estuvo vigente entre el 2015 y el 2018, y el de la Consellería de Cultura e Turismo, entre el 2018 y el 2020. Además, el documento, aparece firmado digitalmente por dos personas distintas: en horizontal, por Laura López del Castillo, la anterior jefa territorial, que había denegado las obras en el 2018 y que fue cesada, y en vertical y al margen, por Sandra Quintas, su sucesora.

Por si fuera poco, los denunciantes advierten de que la Diputación ya había iniciado el procedimiento de venta de la madera de los árboles que preveía talar antes de que obtener la autorización para hacerlo de la Consellería do Medio Rural. El informe de este departamento empezó a realizarse, el 26 de febrero pasado, pero Baltar firmó la licitación de la venta el 28 de enero y la adjudicó el 8 de febrero.

Además de las denuncias de la Fundación contra Baltar y otros altos cargos, Moreiras inició a título individual un procedimiento contencioso-administrativo cuya vista estaba prevista para el pasado 10 de marzo. El juicio  fue aplazado por la jueza de los Contencioso número 2 de Ourense, pero sólo cinco minutos antes de que comenzase, según los vecinos, empezó la tala de árboles en Rocas, uno de los cuales, según la plataforma Salvemos Rocas, creada en torno a la defensa del monasterio y su entorno, destruyó parte de uno de los muros del camino medieval.

El conselleiro de Cultura de Feijóo, Román Rodríguez, ha llegado a asegurar en el Parlamento de Galicia que la obra prevista por la Diputación "no se hará dentro del BIC", lo que no se ajusta a la verdad en absoluto. No hya más que ver los mapas de la Xunta para darse cuenta de que el tramo a obrar cae en el centro mismo de la zona declarada de interés cultural por el propio Gobierno autonómico.

Por su parte, la Diputación de Ourense ha defendido el proyecto de ampliación de la carretera por medio del diputado provincial Pablo Pérez, del PP, quien asegura que la actuación "responde a una reivindicación vecinal" y que quienes se oponen a ella "están instrumenalizados por intereses privados y espurios".

"Incluso los grupos de la oposición le dieron el visto bueno", dijo Pérez, obviando que la reforma que se llevó al pleno de la Diputación contemplaba la ampliación de un tramo kilométrico de la carretera que no se corresponde con el que se quiere ejecutar en realidad.

Para el historiador Jorque López Quiroga, profesor de Arqueología en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del comité científico de la Fundación Moreiras, las palabras del diputado del PP "son preocupantes porque parece claro que quieren seguir adelante", pero mostró su confianza en que el proceso se pueda parar "en vía judicial", y aseguró que ya han enviado a Patrimonio un informe con los elementos ya dañados por la tala de árboles, del que no han obtenido respuesta hasta ahora.

Tampoco ha obtenido contestación la solicitud que han hecho al juzgado para que ordene la paralización cautelar de las obras hasta que se resuelva si son legales o no, dado que, en palabras de López Quiroga, si se ejecutaran "los daños serían irreversibles".