MADRID.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes, a petición de la Fiscalía, de obtener los registros de alta y suscripción en Twitter del humorista Facu Díaz y del concejal de Palafolls Juan Andrés Osorio.

"La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece una amplia libertad de expresión y, en consecuencia, prohíbe su persecución penal, salvo en circunstancias estrictamente definidas", señala el Departamento de Justicia de EEUU, que añade que, en consecuencia, "expresiones calumniosas, difamatorias e insultantes generalmente no son susceptibles de persecución penal en los EEUU" 

"La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece una amplia libertad de expresión y, en consecuencia, prohíbe su persecución penal", dice la Justicia de EEUU 

La carta, a la que ha tenido acceso Público, prosigue de la siguiente manera: "A la vista de estos principios fundamentales y tras revisar la información que disponemos, consideramos que los órganos jurisdiccionales estadounidenses no pueden proporcionarle la asistencia que solicitan en este caso mediante la vía reservada para la asistencia judicial mutua en materia penal". 

Causa archivada

En España, sin embargo, Facu Díaz ha sido investigado por la Justicia por este chiste y tuvo que acudir a declarar ante el juzgado de instrucción número 5 de Blanes, que ahora ha archivado la causa señalando que el tuit del humorista se enmarca dentro de la libertad de expresión y que no supone ninguna incitación "al odio" ni "a la realización del acto de quemar iglesias". Concretamente, Facu Díaz tuiteó: "Quemar iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro". 

"Hay una reprobación de los Estados Unidos que indica que hay un choque evidente a la hora de entender la libertad de expresión", dice el abogado Juan Moreno 

De hecho, la denuncia contra Facu Díaz fue interpuesta por la propia Fiscalía, que consideraba que el chiste podría ser constitutivo de un delito "del "artículo 510 del Código Penal por provocación al odio, la violencia y la discriminación" contra "las personas que profesan la religión católica".