Este lunes contábamos como seis jueces del Tribunal Constitucional han bloqueado la reforma del Gobierno sobre la renovación del órgano.

Explicábamos cómo la derecha judicial estaba dando un golpe al poder legislativo, y que, además, varios de estos jueces, incluido el propio presidente, tienen el mandato caducado, es decir, que ni siquiera tienen legitimidad democrática.

Lo que ha ocurrido es enormemente grave y no tiene precedentes en ninguna democracia europea. Sin embargo, la cantidad de cuestiones técnicas involucradas dificultan mucho entender el calado y las repercusiones de lo que está sucediendo. Y esto es algo que juega en favor de la derecha. Si no somos capaces de explicar lo que está sucediendo, ¿cómo vamos a combatirlo? 

Por eso es muy importante que, desde los medios de comunicación de izquierdas, hagamos un esfuerzo para primero, tratar de entender nosotros mismos el problema, y segundo, tratar de traducirlo de ese lenguaje técnico para que sea comprensible para todo el mundo.

Creo que hay un símil que sirve para explicar perfectamente lo que hay detrás de esta maniobra del Tribunal Constitucional, que ya hemos utilizado alguna vez en La Base. Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial llevan meses, e incluso años, funcionando con el mandato caducado, sin poder renovarse por el bloqueo sistemático de la derecha, ¿qué diríamos si otros poderes del Estado, como el legislativo, estuviera bloqueado durante tanto tiempo?

Este martes, en su intervención en La Base, Javier Pérez Royo aseguró que la decisión del presidente del Tribunal Constitucional con mandato caducado, Pedro González-Trevijano, de llevar el caso al Pleno del órgano podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. Este miércoles le hemos contactado de nuevo y nos ha explicado que hay tres motivos por los que González-Trevijano habría incurrido en delito:

1. Por haberse saltado la Constitución.

2. Por haberse saltado los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Constitucional que establecen que hay un sistema de turnos para atender los temas y que, salvo que se aparten de la doctrina del propio tribunal no se pueden elevar al pleno.

3. Porque nadie puede ser juez en su propia causa, y esto es precisamente lo que está ocurriendo cuando los magistrados del Tribunal Constitucional deciden bloquear su propia recusación. 

Además, Royo ha señalado que quien debería perseguir este delito de prevaricación sería el Ministerio Fiscal. 

En su comparecencia del martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que acatará la decisión del Tribunal Constitucional, y se ha comprometido a impulsar las medidas que sean necesarias para renovar tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. 

El PSOE está buscando también los apoyos para impulsar una Proposición de Ley que recoja el contenido de las dos enmiendas que el tribunal de garantías ha bloqueado, y por las cuáles se iba a realizar su renovación. La propuesta de ley serviría para renovar el Constitucional y sortear el bloqueo del sector conservador del Poder Judicial, que sigue sin presentar sus propuestas para la renovación. Sin embargo, dejaría sin resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años con el mandato caducado. 

Unidas Podemos ha propuesto en la reunión con los grupos parlamentarios del bloque de investidura otra salida: reformar el sistema de elección de mayorías para elegir los vocales del CGPJ. Sin embargo, esta propuesta contaría con la oposición del PSOE. Según fuentes citadas por la cadena SER durante la mañana del miércoles, los socialistas no estarían dispuestos a tocar el Consejo General del Poder Judicial porque esto no le gustaría a Europa.