Más de la cuarta parte de un año. En concreto, este sábado se cumplen 98 días desde la declaración del estado de alarma a consecuencia del coronavirus, lo que ha llevado al Gobierno a una actividad frenética, nunca conocida en toda la etapa democrática en el Poder Ejecutivo ni, posiblemente, en toda la historia. La situación, además, ha sido una prueba de fuego para un Ejecutivo de coalición novato, que ha dejado ver algunas tensiones internas, pero que también ha puesto en marcha políticas de gran calado. 

Los datos hablan por sí solos y no tienen precedentes. Desde que el 14 de marzo Pedro Sanchez compareciera en La Moncloa para anunciar el confinamiento más severo de la Unión Europea en respuesta a la pandemia, utilizando el artículo 116 de la Constitución para decretar el estado de alarma, el presidente del Gobierno ha protagonizado un total de 19 comparecencias públicas: 18 ruedas de prensa y una declaración institucional, casi tantas como durante todo su anterior año y medio al frente del Ejecutivo.

Además, en esos 98 días Sánchez ha comparecido 13 veces en el Congreso -seis para la celebración de la sesiones de control y siete para la convalidación de decretos,- y en dos ocasiones ha hecho lo propio en el Senado. 

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo ha presidido 14 conferencias de presidentes autonómicos -más de las que se han celebrado en toda la historia desde que se formó este órgano-; 36 reuniones del Comité de Gestión Técnica; diez del Comité Cientifico; dos reuniones del Comité de Evaluación y tres reuniones interministeriales. A esto hay que sumar que Sánchez participó en cinco Consejos Europeos y en una reunión del G-20.

Pero, además, desde que se decretó el estado de alarma se han celebrado 24 Consejos de Ministros, de los que 14 tuvieron carácter ordinario, y 10 carácter extraordinario. Antes del estado de alarma, el Gobierno sólo se había reunido en seis ocasiones, lo que eleva el total de Consejos de Ministros durante seis meses de legislatura a 30, una cifra nunca vista, una media de uno cada cinco días-.

181 ruedas de prensa

Y a todo esto hay que sumar 181 comparecencias en rueda de prensa en 98 días, en las que se han formulado 1.661 preguntas, la inmensa mayoría planteadas de forma telemática. Jamás se utilizó con tanta asiduidad la sala de prensa de La Moncloa.

Desde el principio, el Gobierno decidió tener una presencia mediática masiva, monopolizando los focos y desdibujando a la oposición, y se prodigó en comparecencias técnicas, sectoriales y políticas, por las que han pasado todos los miembros del Ejecutivo -además de briefings, encuentros no televisados y más técnicos con periodistas-. En ocasiones, estas comparecencias apenas aportaban datos novedosos, y se limitaban precisamente a apuntalar la estrategia comunicativa adoptada en esta crisis. 

Ahora, según fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación, habrá también una desescalada en las comperecencias públicas. En principio, este fin de semana será el último en el que Sánchez ofrezca una rueda de prensa. Además, las comparecencias de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se limitarán a lunes y jueves.

El doctor Simón es, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha sido la cara más visible del Ejecutivo durante esta pandemia. Sánchez siempre se ha reservado anuncios para sus comparecencias de los fines de semana, pero Simón e Illa se han visto más que sobreexpuestos; en el caso del primero, con ruedas de prensa diarias, mientras que el segundo ha comparecido además en Congreso y Senado, bien en comisión o en sesión de control. 

El 'calvario' de las prórrogas: de 0 a 162 votos en contra

Las sucesivas votaciones de prórrogas del estado de alarma pasaron de ser un mero trámite sin ninguna dificultad a convertirse en un auténtico calvario para amarrar los apoyos, al inicio de mayo, con los aliados de la investidura distanciándose y elevando progresivamente el tono de sus reproches al Gobierno por su falta de diálogo. La actuación de la oposición, en especial de PP y Vox, ha sido de constante ataque y erosión al Ejecutivo.

La alianza con Ciudadanos a partir de la cuarta prórroga -antes votó a favor, pero entonces amenazó con retirar su apoyo y abrió una vía de negociación con el Gobierno-, supuso todo un balón de oxígeno al Ejecutivo. Paralelamente, Sánchez vio como ERC pasaba de la abstención al voto en contra, para mantenerse en esta posición hasta la sexta y última prórroga, cuando volvió a abstenerse.

Fue precisamente el pacto con Cs lo que llevó al Gobierno a desdecirse, ya que inicialmente preveía que la quinta fuera la última, y que se prolongara durante un mes. Finalmente aceptó mantener la duración de 15 días que siempre ha utilizado.

Este calvario parlamentario, que por otra parte ha monopolizado el foco mediático, sirviendo para que otras cuestiones polémicas quedaran en segundo plano, aún no se veía venir en las tres primeras votaciones, al menos en toda su magnitud. En la primera votación, el 25 de marzo, el Ejecutivo obtuvo 321 apoyos, con cero diputados en contra y 28 abstenciones.

En la segunda prórroga (9 de abril) los diputados de la CUP y del partido ultraderechista Vox pasaron a votar en contra, una posición que se mantendría en el resto de debates: logró 270 votos a favor, 54 en contra y 25 abstenciones. La tercera ocasión, el 22 de abril, el Gobierno aún contaba con una mayoría abrumadora: 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones.

El problema llegó con la cuarta, el 5 de mayo, cuando el Gobierno se quedó en 178 votos a favor, con 75 en contra y 97 abstenciones, entre otras las del PP. Fue la primera ocasión en la que el Pleno aprobó resoluciones de otros grupos, en este caso del PNV.

En la quinta (20 de mayo), el PP pasó a votar no: el Ejecutivo sumó 177 apoyos, con el aliado y diputado de Compromís Joan Baldoví descolgándose y votando en contra. 162 diputados rechazaron esta prórroga, 11 se abstuvieron. Para la sexta y última prórroga, el Gobierno no logró sumar apoyos, pero sí redujo el número de votos en contra: sumó 177 a favor, 155 en contra y 18 abstenciones. El calvario había llegado a su fin.

Una producción legislativa paralela

En otro orden de cosas, el Congreso decidió aplazar la actividad parlamentaria debido a la emergencia sanitaria el 10 de marzo, cuando aún no se había decretado el estado de alarma.El grueso de su actividad se ha concentrado estos meses en la tramitación de las prórrogas y de los decretos correspondientes al "escudo social" desplegado por el Ejecutivo.

Y, si bien ha sido en junio cuando la vida parlamentaria ha empezado a recobrar cierta normalidad, el 25 de marzo la Cámara Baja comenzó a tramitar la derogación de uno de los aspectos de la reforma laboral de Mariano Rajoy considerado de los "más lesivos": el despido por baja médica continuada. Este proceso concluyó el miércoles, tras la tramitación en el Congreso, su remisión al Senado y su posterior retorno a la Cámara Baja.

En el mismo pleno de marzo, además, el Ejecutivo logró convalidar el real decreto ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. En este tiempo, además, el pleno ha rechazado un par de enmiendas a la totalidad a diferentes textos legales,  ha aprobado crear una nueva comisión de investigación del vuelo JK5022 de Spanair, y ha dado luz verde a algunas proposiciones no de ley (PNL) -la más conocida es la que reclama la retirada de medallas a título póstumo al torturador franquista Billy el Niño-.

De vuelta a junio, este mismo miércoles, el Ejecutivo logró luz verde para tramitar la Ley de Educación en la que ha trabajado en paralelo durante la pandemia. Una semana antes, el Congreso aprobó tramitar también el ingreso mínimo vital, cuya implantación se ha visto acelerada por la pandemia, pero que viene para quedarse -100.000 hogares empezarán a cobrarla el 25 de junio-. Y todo en 98 días.

El levantamiento del estado de alarma -prorrogado en seis ocasiones por el Congreso -, supone acabar con todas las restricciones a la movilidad impuestas para luchar contra el virus. El Ejecutivo ha insistido en que esta era la única herramienta legal válida para restringir la movilidad, y la Constitución le obligaba a contar con el aval del Congreso para su prórroga, tras los primeros 15 días. Finalmente expirará a las 00.00 horas del 21 de mayo, esto es, al arranque de la madrugada del domingo.