El despliegue policial por el 1-O costó 87 millones de euros

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el despliegue policial desarrollado por el referéndum en Catalunya del 1 de octubre 

generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

Según ha desvelado Zoido en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Catalunya en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el "impacto de la desaceleración" económica en Catalunya.

"A Catalunya se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de "muy importante" la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, "otro alto coste", ha dicho, "que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Catalunya".

"Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha señalado.

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro (a los que ha acusado de una desobediencia clamorosa" y una "absoluta pasividad") y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron "episodios de acoso" contra policías y sus familiares.

En su primera interverción en el Senado, Zoido ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".

Zoido dice que la actuación policial fue "proporcionada"

El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados (en Catalunya hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres) realizaron una "vigilancia permanente" sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como "las sedes de los partidos políticos amenazados".

"Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse. Pero ese día fue absolutamente necesario", dice Zoido

El ministro ha avalado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante  el 1-O, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada". "Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho.

Pero ese día "fue absolutamente necesario", ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar "si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones", quizá "si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar".

Ha recordado que la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d'Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos. De hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, el mayor Josep Lluis Trapero, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos "tan graves como el de sedición".

A su juicio, el 1 de octubre el Gobierno autonómico "incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones",