BARCELONA.- La Guardia Civil está registrando la sede de CDC en Barcelona tras detener a su administrador, Andreu Viloca, y al director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, en una nueva fase de la investigación sobre el presunto pago de comisiones del 3% a la formación nacionalista. La operación desplegada hoy por la Guardia Civil se enmarca en la investigación Petrum 2, en la que el juez de El Vendrell investiga si CDC cobró comisiones ilegales de empresas, entre ellas de la constructora Teyco, a cambio de la adjudicación de obras y servicios.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Barcelona) y dos fiscales Anticorrupción que están encabezando la inspección en el partido de Artur Mas, se ha detenido también a seis empresarios y se han practicado una veintena de registros.

La presencia de algunos medios comunicación antes de que se iniciara el registro de la sede de CDC ha vuelto a indignar a los dirigentes de la formación, que en anteriores fases de esta investigación han criticado las filtraciones a la prensa, en las que ven una muestra de que el caso podría obedecer a una operación del Estado contra el proceso soberanista.

De hecho, dirigentes de la formación nacionalista han apuntado que no creen que sea casual que el registro a la sede de CDC coincida con la firma del decreto para la composición del nuevo Parlament por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Seis delitos de corrupción

El registro de la sede de CDC, ordenado por el magistrado, se está llevando a cabo en presencia de Viloca, que ha sido conducido a las oficinas centrales de la formación nacionalista tras ser detenido esta mañana por la Guardia Civil en su propio domicilio.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC detenido este miércoles, un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado fuentes del Ministerio Público.

Poco antes de las 11.00 horas, han entrado en la sede de CDC los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo para dirigir in situ el registro. El local donde CDC tiene su sede permanece, durante la operación de registro, con la persiana medio bajada y la puerta custodiada por dos agentes de la Guardia Civil.

Hasta este momento se han producido 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de ocho empresas. 
Los empresarios detenidos son Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.

Precisamente, los empresarios que han sido detenidos por la Guardia Civil serán interrogados en relación a presuntos pagos de mordidas a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obras. Asimismo, el director general de Infraestructuras.cat, empresa pública que gestiona las obras de la Generalitat, ha sido detenido por su presunta relación con la adjudicación de proyectos de la administración catalana.

Fuentes del Departamento de Empresa, del que depende Infraestructuras.cat, han expresado su sorpresa por la detención de Rosell y han afirmado que están a la espera de recabar más información sobre su arresto antes de pronunciarse públicamente.

La operación, que continúa abierta sin que se descarten más detenciones a lo largo del día, deriva del análisis de la documentación que la Guardia Civil intervino el pasado mes de agosto en el registro de la sede de la fundación Catdem, el domicilio del extesorero de CDC Daniel Osàcar y el despacho de Viloca en las dependencias de la formación nacionalista.
​
La investigación Petrum comportó ya el pasado mes de agosto el registro de la fundación Catdem de CDC y del despacho de su administrador, situado en la calle Còrcega de Barcelona, en busca de documentos que apuntalen la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la formación nacionalista ha recibido comisiones ilegales del 3% de las obras adjudicadas.

Esa documentación, que según los investigadores refuerza su hipótesis de que Teyco pagó comisiones del 3% a CDC, apuntaba también a otras empresas sospechosas de haber entregado mordidas a la formación liderada por Artur Mas.

En fases previas de la investigación, la Guardia Civil registró cinco ayuntamientos —Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Sant Celoni (Barcelona), Figueres (Girona), Lloret de Mar (Girona) y Torredembarra (Tarragona)— que supuestamente adjudicaron obra pública a cambio de comisiones.