Quién está detrás y cuál es el historial de Libertad y Justicia, la asociación ultra que denuncia a Puente en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional recibió el pasado lunes una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio imprudente en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La firmaba un abogado, Pedro Muñoz Lorite, en nombre de la Asociación Libertad y Justicia, habitual de los tribunales desde hace más de una década. Es una más de las agrupaciones con una marca ideológica muy definida que han inundado de querellas los juzgados en los últimos años, la mayor parte de las veces canibalizando la acusación popular y otras activando ruidosos procesos judiciales que casi siempre terminaron archivados. Público las investigó en una serie de reportajes que puedes consultar aquí. 

Creada en 2015, la Asociación Libertad y Justicia se querelló dos años más tarde contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus consellers y el director de los Mossos con motivo del procés, además de contra la Mesa del Parlament de Catalunya. También contra los comisarios jefe de los Mossos d'Esquadra en Tarragona por no haber detectado a los terroristas escondidos en el chalé de Alcanar que explotó antes del atentado yihadista de Las Ramblas. Al mismo tiempo se personó en dos querellas contra Pablo Iglesias: una por un supuesto pago de 272.325 dólares del Gobierno venezolano a quien entonces era diputado, a través de un banco situado en un paraíso fiscal, y otra por una ristra de delitos –desde blanqueo de capitales, asociación ilícita y financiación ilegal hasta organización criminal– de los que acusó también a la productora iraní Hispan TV, la fundación CEPS –a la que estuvieron ligados Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero– y al mismo Podemos. Todas ellas carecían del más mínimo indicio probatorio y fueron archivadas.  

En su currículo se cuenta también una querella contra Manuel López Bernal, el fiscal que llevó la acusación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), condenado a tres años de cárcel por el caso Auditorio.  

Expresiones groseras

Pero su celo acusador llegó al paroxismo con una querella por prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos contra el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, un ministro, el presidente y varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un magistrado de la Audiencia Nacional y varios fiscales, además de un senador andaluz. Todos ellos aforados. Pero no eran los únicos en su mira. En total, la querella se dirigía contra más de 50 personas físicas y jurídicas, a los que acusaba de una veintena de delitos, no sólo los citados más arriba sino también los de amenazas y coacciones, estafa, delito fiscal, corrupción, alzamiento de bienes... 

Pese a tan abrumador catálogo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, inadmitió en julio de 2024 la querella porque ésta no ofrecía "ningún elemento o principio de prueba" de los hechos que relataba, ni revelaba, por tanto, "indicio de comisión de ilícito alguno". Como esos hechos no pasaban de "meras sospechas", el Supremo se negaba a abrir "una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad". "De lo contrario", abundaba el auto, "cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia". 

La asociación denunciaba una serie inconexa de hechos, dice el Supremo, sobre la construcción de una pista de atletismo en Jódar (Jaén), un vertido no depurado de aguas residuales, el cobro indebido de un canon a los vecinos de ese ayuntamiento, unas adjudicaciones de la Diputación de Jaén e irregularidades en la gestión del club de fútbol de Granada. La querella se amplió luego a un contrato de patrocinio de esa Diputación, a una cooperativa y a un exalcalde de Granada. "En realidad", puntualiza el auto, "se trata de informes o dictámenes jurídicos del letrado querellante o informes periodísticos o incluso mensajes internos del bufete". 

Pero el Supremo no se quedó ahí, sino que además accedió a la petición del fiscal y trasladó al Colegio de Abogados de Madrid la conducta del abogado que presentó la querella, Pedro Muñoz Lorite. Según reprochaba el auto, el escrito contenía expresiones que podían ser "lesivas para la dignidad" tanto de los querellados como de los ciudadanos de Jódar. También incluía "imágenes de la iconografía artística histórica de carácter provocativo e insolente, para explicar el significado de determinadas expresiones que pueden ser consideradas groseras". La Sala pedía al Colegio de Abogados que investigara, y en su caso sancionara, la actuación profesional del letrado.  

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Preguntado por Público al respecto, el Colegio madrileño se negó a facilitar ningún detalle sobre este asunto. "Al tratarse de materia reservada, como son todos los asuntos deontológicos, no cabe dar información de ningún tipo, ni siquiera para confirmar si se ha recibido o no una queja", explicó un portavoz. En parecidos términos se pronunció el Tribunal Supremo. Muñoz Lorite tampoco ha contestado a las preguntas que le ha formulado este periódico, y que reproducimos al final de este artículo. 

Al tiempo que actuaba a través de la Asociación Libertad y Justicia, Pedro Muñoz Lorite trabajaba como abogado para el pseudosindicato Manos Limpias en otras tantas querellas mediáticas. Los ERE de Andalucía o el caso Dieselgate contra Volkswagen son algunos de los asuntos que llevó para la organización de Miguel Bernad. Fue también él quien estuvo al cargo de la querella contra la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y su marido por alzamiento de bienes. Fue archivada. 

Asistencia jurídica en ayuntamientos madrileños

Pedro Muñoz Lorite, que trabajó hasta 2010 en el despacho Baker & Mackenzie, según consta en su perfil de Linkedin, está ahora al frente de un despacho llamado Labe Abogados, al que también ha acompañado la polémica. Fue el adjudicatario del servicio de asistencia jurídica gratuita del Ayuntamiento de Madrid en 2019. Una asesoría que desde 1989 y hasta ese momento había llevado el Colegio de Abogados de Madrid. La concesión del contrato, que tenía un importe de 241.994 euros y un año de duración, fue recurrida tanto por el Colegio como por la asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ayuntamiento de José Luis Almeida. En 2024 Labe volvió a hacerse con el contrato, que esta vez se ejecutará durante dos años y por importe de 544.400 euros. 

En cualquier caso, Labe Abogados es también un habitual de la contratación pública. De hecho, desde 2019 ha conseguido al menos 17 adjudicaciones para hacerse cargo de la asesoría jurídica de ayuntamientos, rectorados universitarios –Valencia y la Politécnica de Madrid –, el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), la mutua Solimat y la Fundación Estatal Salud Infancia y Bienestar, dependiente del Ministerio de Sanidad. De los ocho ayuntamientos madrileños que le han confiado sus servicios jurídicos, seis son del PP –Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Colmenar de Oreja, Alpedrete, Sevilla la Nueva –, uno estaba gobernado por Ciudadanos en el momento de la concesión –Valdemoro– y otro más por el PSOE –Velilla de San Antonio–. En total, el despacho de Muñoz Lorite se ha hecho con 1,64 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2019. 

De hecho, las tres sociedades en las que el abogado figura como "representante" fueron un buen negocio, especialmente en 2022, con ingresos y beneficios récord: en conjunto facturaron ese año 57,92 millones de euros y ganaron 14,36 millones. Labe Abogados y Consultores SL facturó 20,57 millones ese año, que cerró con unas ganancias de 8,01 millones de euros. Pero en las cuentas de 2023 que ha remitido al Registro Mercantil, la cifra de negocios es cero. De tener 45 empleados en 2022 pasa a tener sólo ocho el año siguiente. Legalnet Systems Spain SL ingresó 18,45 millones de euros en 2022, con unos beneficios de 2,66 millones. El siguiente ejercicio, sin embargo, al menos según la información que ha enviado al registro, sólo facturó 17.960 euros y perdió 435.069 euros. La plantilla se redujo de 49 a sólo siete empleados en 2023. Ninguna de las dos ha presentado aún las cuentas de 2024. Sí lo ha hecho Law and Business Enterprises Worldwide SL, que informa de una cifra de negocio por importe de 1,83 millones de euros ese ejercicio –aunque llegó a ingresar 18,89 millones en 2022–, y de unas pérdidas de 917.579 euros. En 2023 también cerró en números rojos, 1,16 millones. Si en 2023 tenía 48 empleados, el año siguiente se quedó en 22. 

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En esos dos ejercicios críticos, 2022 y 2023, estas dos últimas sociedades, Legalnet Systems Spain y Law and Business Enterprises Worldwide consiguieron 41.416 euros en subvenciones públicas: siete de ellas concedidas por la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid en forma de incentivos a la contratación indefinida y una más, una ayuda a la digitalización de las empresas, por el organismo Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital. 

"Ingeniería legal" en paraísos fiscales

Ambas sociedades figuran además como patronos y fundadores de la Fundación Labe, junto con una tercera, General Mediterranean Foods SL, que en su origen tenía por objeto la compraventa y exportación de productos alimenticios y desde 2012 se dedica también al asesoramiento tributario y jurídico. Tiene una página web desde la que se vende online el aceite extraído del olivar familiar de Jódar. Aunque la propia página  –donde Muñoz Lorite aparece como CEO de la empresa– advierte de que se trata de una "tienda de demostración con fines de prueba" que no tramita pedidos. La fundación, en cualquier caso, dice tener como fin "el debate, estudio, análisis, formación jurídico-económica de la sociedad, desde la perspectiva de la libertad intelectual y económica". Según puede rastrearse en internet, la fundación ofrece servicios de asistencia jurídica a la Confederación Autismo España y a la Sociedad Española de Ultrasonidos (SEUS). 

Labe Abogados ofrece en su web "ingeniería legal sin fronteras"; en concreto, "estructuras internacionales eficientes, robustas y 100% compliant". "El puente legal entre su patrimonio y el mundo", según dice, que opera en Emiratos Árabes, Irlanda, Malta, Luxemburgo, Reino Unido, Delaware y Estonia. Es decir, en algunos de los más conocidos paraísos fiscales del planeta. En el Registro Mercantil, Muñoz Lorite aparece como apoderado de un buen número de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), una figura fiscal opaca, y polémica, diseñada para atraer inversiones extranjeras reduciendo al mínimo legal el pago de impuestos. Las ETVE disfrutan de una exención del 95% en dividendos y plusvalías de filiales no residentes en el impuesto de sociedades, mientras que los dividendos repartidos entre sus socios extranjeros no tributan en España, por lo que se facilita la repatriación de beneficios. Público ha preguntado a Muñoz Lorite por su especialización en este tipo de sociedades, pero no ha contestado. 

Otro punto negro del currículo de Muños Lorite fue su condena en firme en 2024 por despedir a una de sus abogadas, una mujer musulmana a la que el letrado de Manos Limpias y la Asociación Libertad y Justicia dirigió insultos racistas y comentarios ofensivos contra su religión. El despido fue considerado nulo y se le obligó a indemnizar a la abogada con 20.000 euros. "A mí me da igual que trabajes conmigo o para algún ayatolá del paseo de La Castellana, siempre y cuando cumplas en tu trabajo. Cuando llegues a tu casa, puedes rezarle a Satanás o a Buda, sinceramente, a mí me importa una puta mierda a quién respetes [sic] pleitesía en un foro interno, tan sólo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte", fue uno de los mensajes que le dirigió Muñoz Lorite a la letrada en el chat del despacho, según publicó entonces eldiario.es. El abogado contestó al periódico asegurando que los mensajes incorporados a la demanda habían sido "robados" y "manipulados" y que lo había denunciado en el juzgado. 

Además del despacho y la asociación, Muñoz Lorite ha creado el Instituto para el Fomento de la Libertad y la Justicia, una marca que él mismo ha inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a su nombre. En su web el instituto se presenta como una "asociación de profesionales de distintos sectores" que quieren "promover, difundir y fortalecer los valores de la libertad, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la propiedad privada y el libre mercado". Para ello organizan seminarios, conferencias y encuentros “entre la sociedad civil y la política”. En la web ha colgado entrevistas con líderes de Vox como Macarena Olona y Pedro Gutiérrez de Cabiedes, del PP como Antonio González Terol y Jorge Rodrigo, de Ciudadanos como Edmundo Bal, del PSOE –Antonio Miguel Carmona, Maite Pacheco– y Más Madrid –Diego Figuera–.  

La Iglesia fabrica comunistas, el Opus gobierna Vox

Sin embargo, los vídeos que Muñoz Lorite cuelga en su canal de Youtube tienen poco que ver con la elegante defensa de valores que exhibe en el instituto. Por el contrario, su lenguaje se acerca más al utilizado en los chats con su empleada y el contenido, a los postulados defendidos por Manos Limpias y otras instancias de la ultraderecha. Ataca a la "puta Iglesia católica, fábrica de comunistas", dice que no volverá a votar jamás al "enano cabrón" de Martínez Almeida y que quiere un presidente como Donald Trump. "Las mujeres están sobreprotegidas y valoradas", "nuestros políticos son mierda seca" titula otros dos vídeos más. Ni siquiera Vox escapa de su látigo. Critica las "purgas internas" en el partido de Santiago Abascal porque, a su juicio, serán "inútiles para democratizarlo". "Vox está blindado por élites del Opus Dei y de sectores ultracatólicos [cita luego al Yunque] que jamás permitirán que el patriotismo social pase de ser una etiqueta publicitaria". A continuación, hace un singular análisis sobre la "campaña de marketing" que permitió a Adolf Hitler ganarse a los trabajadores alemanes en los años 30, la misma que ha emprendido ahora Vox con su sindicato Solidaridad, compara. El asesor de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, y el dueño de Intereconomía, Gabriel Ariza, centran sus ataques, mientras defiende a los purgados Macarena Olona y Javier Ortega Smith. 

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Una defensa que sorprende si se tiene en cuenta que fue Muñoz Lorite quien denunció en 2022 al partido ultra por "nombrar a dedo" a la abogada del Estado candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Según reconoció en una entrevista en The Objective, se había afiliado a Vox sólo unos días antes de presentar la denuncia. También demandó y por el mismo motivo a Izquierda Unida: acusaba a ambos partidos de incumplir la Ley de Partidos y vulner la democracia interna. El juez desestimó la demanda y Olona consiguió 496.618 votos, que se tradujeron en 14 escaños para Vox.