Unidas Podemos registra su ley de Salud Mental con el foco puesto en la prevención del suicidio

Unidas Podemos ha formalizado este viernes en el Congreso, con motivo del día internacional para la prevención del suicidio, el registro de su proposición de ley de Salud Mental, que pauta aumentar el número de profesionales del sistema sanitario dedicados a este campo y acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. También reivindica el despliegue de programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia de la covid-19.

La formación presentó el lunes el texto de su iniciativa y este mismo viernes su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha dado cuenta del registro formal en la cámara, recalcando que la salud mental es una "cuestión de Estado" que conduce a "pasar de las palabras a los hechos". Concretamente, ha detallado en las redes sociales que el año pasado aumentaron un "dolorosísimo 250% los intentos de suicidio y autolesiones entre los más jóvenes".

A su vez, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado la necesidad de disponer de más psicólogos y psiquiatras para luchar "contra el estigma social de la salud mental", pues es la mejor forma de frenar los suicidios, "principal causa externa de muerte en los jóvenes".

Una vez que ya está formalizada una de sus prioridades para el nuevo periodo de sesiones, buscarán recoger aportaciones que puedan desplegar el resto de grupos con la intención de que sea respaldada por la mayoría de la cámara.

Ratio mínima de profesionales

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, desgranó el pasado lunes que se está dialogando de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y existe "completa sintonía" con el PSOE para impulsar esta normativa. La formación morada ya anunció a finales de mayo el impulso de esta nueva normativa, similar a la ya presentada en 2019 pero que no se pudo tramitar por la disolución de las cortes.

La proposición de ley reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales. Concretamente, un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos, y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental.

Eso sí, se introduce una disposición adicional en el texto del grupo confederal para especificar que este nivel de ratios se alcanzarán progresivamente en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor.

Prevención del suicidio

Además, la propuesta de ley prevé medidas para la prevención del suicidio mediante el establecimiento de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida y el establecimiento de protocolos de prevención e identificación "precoz" para grupos vulnerables.

Junto a ello, establece la creación de una formación especializada para la prevención del suicidio y el estigma para personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos, policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y funcionarios de Justicia.

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Por otro lado, el texto opta por "atribuir al empresario la protección de la salud mental" de su plantilla como deber de prevención de los riesgos derivados del trabajo. De esta forma, contemplan "prevención, vigilancia y control", la "efectividad del derecho a la desconexión digital, la promoción de un ambiente agradable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras".

Además, defiende implantar programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos y en los Servicios Sociales, dirigidos especialmente a las y los niños y sus familias, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales.

Junto a ello, contempla también el derecho de los enfermos a "una intervención en salud mental que las proteja de la iatrogenia", que todos los servicios que se presten en este ámbito adopten tratamientos basados en el "consentimiento libremente otorgado" y que "ninguna persona sea sometida a terapia electroconvulsiva si así se recoge en el Documento de Voluntades Anticipadas".