Díaz desatasca la Ley de Memoria que permitirá expropiar tierras para exhumar a víctimas del franquismo

SEVILLA.- Después de casi dos años desde su redacción original, el Gobierno andaluz ha dado un paso definitivo para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática al garantizarse el apoyo de Podemos e IU. La futura norma obligará a la Junta a personarse de oficio en todos los procesos de exhumación de víctimas del franquismo, y le permitirá expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos si el dueño no autoriza la exhumación. También se prevé la creación de un banco de ADN de víctimas y la retirada de todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle).

La contrapartida de haber acercado posturas con las fuerzas de izquierdas es que el PP y Ciudadanos se han descolgado definitivamente del proyecto, que todos aspiraban a aprobar “por unanimidad”. La presidenta Susana Díaz tiene amarrado los votos de la formación morada, con quien batalla a diario por la hegemonía de la izquierda, y de IU, autora original de la norma (cuando formaba parte del Gobierno de coalición junto al PSOE en la anterior legislatura).

Desacuerdo ideológico

Más sorprendente aún fue la petición de que la futura Ley de Memoria no se limitara a incluir la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum de Secundaria y Bachillerato, reclamando que se extendiera al temario de Primaria (alumnos de 6 a 13 años), “previo acuerdo con los docentes” (también a la hora de formar al profesorado universitario en la materia).

Retirada de símbolos

La parte más importante y más costosa de la futura ley está en el capítulo de las exhumaciones. La Junta tiene localizadas 614 fosas en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. La futura norma obligará a la Administración a tutelar todos los procesos de exhumación. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta “expropiará temporalmente el uso de terrenos” por el tiempo que dure la exhumación.