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Diego Torres se acoge a su derecho a no declarar ante el juez Castro

La justicia reclama al exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos por un presunto fraude en el IRPF en 2007

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Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien tenía previsto interrogarle este viernes, tras imputarle un nuevo delito fiscal. Torres sólo ha permanecido diez minutos ante el magistrado, de forma que ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania de Palma a las 10.22 horas, después de que Castro le hubiera emplazado de nuevo a declarar a fin de que pudiese dar su versión sobre estos nuevos hechos ante la 'evidente conexión' que guardan con los que se investigan en el marco del caso Nóos, tal y como ponía de manifiesto en su auto de citación.

El magistrado volvió a citar al imputado después de recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del conglomerado empresarial de Nóos, y que se hacía eco de indicios que apuntan a que Torres habría defraudado a Hacienda a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal 2007.

Durante la instrucción de esta causa, ya le fueron localizados a Torres unos 900.000 euros depositados en el Credit Suisse de Luxemburgo. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros 'de toda la vida', justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que 'dudaba de la fiabilidad' del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya interrogó tanto a Torres como al Duque de Palma en torno a un supuesto fraude fiscal de unos 470.000 euros, de acuerdo a los datos suministrados a principios de año por la Agencia Tributaria y en base a los cuales la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta Cristina.