Si todo marcha según lo previsto, en el plazo de un mes, el PP se quedará sin una de las principales objeciones que ha puesto a la instrucción del caso Gürtel: la supuesta indefensión que le produce el que la investigación se encuentre bajo secreto. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira prorrogó ayer por un mes más el secreto de las actuaciones, pero su intención, transcurrido ese plazo, es levantar la medida y que las partes puedan acceder a todo el sumario, informaron fuentes del Alto Tribunal madrileño, que calcularon que la decisión se hará efectiva a principios de marzo.

Antes de navidades, se anunció que Pedreira levantaría parcialmente el secreto que pesa sobre el caso a mediados de este mes. Sin embargo, la 'complejidad' y el tamaño de la causa, que ya suma 72 tomos más los de las piezas separadas especiales, le han hecho prorrogar la medida un mes más. Es lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo, por sexta vez, respecto a los aforados nacionales de cuya investigación se encarga, el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Así se evitan 'interferencias o manipulaciones' encaminadas a interferir la investigación.

El juez ve necesario trabajar en secreto para evitar 'Interferencias'

En el auto de prorroga del secreto, Pedreira se justifica en el 'desmesurado volumen de la documentación requerida e intervenida, así como la práctica de nuevas diligencias y ampliación de las practicadas o pendientes de practicar'. Así, concluye, es 'imposible' analizar 'con precisión y suficiencia los datos contenidos' en el proceso que puedan afectar a personas ajenas a la causa y que deben ser retirados de las actuaciones antes de que tengan acceso las partes.

No retirar estos datos sobre ciertas personas e, incluso, los relativos a las empresas no vinculadas a la investigación que aparecen circunstancialmente en el sumario, vulneraría su derecho a la intimidad.

El TSJ confía en hacer pública la totalidad del sumario en marzo

La anterior vez que se levantó el secreto, el pasado mes de octubre, se procuró retirar todos los documentos relativos al ocio de los imputados, entre los que figuraban hasta algunos episodios sexuales. La mayor polémica que se creó entonces todavía colea. Es la relativa a las transcripciones de conversaciones que mantuvieron imputados con sus abogados en la cárcel. En el DVD facilitado a las partes con 17.000 folios del sumario se incluían algunas que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, había ordenado destruir.

Precisamente, la próxima semana está previsto que Pedreira resuelva los recursos que presentaron ante él dos abogados, uno de ellos el de José Luis Izquierdo, el contable de la trama en cuyo poder se encontró el lápiz de memoria que ha sido clave para desmantelar la trama de corrupción, al contener detalladamente quiénes habían cobrado comisiones de las empresas de Francisco Correa.

El resto de letrados, incluido el de Correa, José Antonio Choclán, prefirieron saltarse a Pedreira y recurrir directamente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No en vano el actual instructor del caso Gürtel ha mantenido las intervenciones acordadas en su día por Garzón.

Resolverá la próxima semana sobre la validez de las escuchas

Una vez resuelto el recurso y después de que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana se pronuncie en relación a las investigaciones hechas en Madrid sobre la supuesta financiación irregular del PP de Francisco Camps, lo que se espera para principios de la próxima semana, Pedreira fijará nuevas declaraciones de imputados. La última comparecencia se produjo el pasado 12 de enero. Fue la de la última imputada que se ha producido en el caso: la edil de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el PP Yolanda Estrada.

Con ella el número de imputados en uno de los principales casos de corrupción destapados en los últimos tiempos se elevó a 65, aunque esta cifra podría reducirse de cara al próximo levantamiento del secreto de las actuaciones. Fuentes del TSJM señalaron que la intención de Pedreira es reducir su número como ya hizo en febrero, cuando citó a 71 personas para entregarles una copia de la parte del sumario sobre la que se había levantado el secreto; unos días después redujo la cifra de imputados a 64. El objetivo es depurar y concretar las responsabilidades de los implicados en el caso.

En el procedimiento, el juez Antonio Pedreira investiga los delitos de blanqueo de capital, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, oficial y mercantil, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias.

Para esclarecer cómo operaba la trama de Correa, Pedreira cursó 15 comisiones rogatorias a distintos países, entre ellos, varios paraísos fiscales. En su auto de ayer el juez se queja de que algunos de ellos no son colaboradores, lo que ha 'agravado' la dificultad que de por sí conlleva este tipo de diligencias por la variedad de leyes de cada país. 'Estas circunstancias hacen que el aseguramiento de las diligencias entrañe una enorme dificultad', señala el magistrado.