Pablo Casado prometió "lealtad" al Gobierno durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, el líder del PP lleva semanas arremetiendo constantemente contra el Ejecutivo central, acusando a Pedro Sánchez de haber actuado "tarde y mal" en su gestión de la pandemia y cuestionando que el Ministerio de Sanidad esté dando las cifras reales de fallecidos y contagiados por el virus.

En su estrategia para desgastar al Gobierno, los populares se hacen eco de los bulos que propagan los cientos de cuentas que se organizan en Twitter y otras redes sociales para inflar tendencias que recogen noticias falsas y ataques personales contra miembros del Ejecutivo bajo etiquetas como "Gobiernocriminal". Los expertos apuntan a que el objetivo es el de crear "ilusión de consenso" en las redes para generar ruido aprovechando la emergencia sanitaria.

El último de ellos, del que se han hecho eco el expresidente del PP canario y actual senador, Asier Antona y el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Ignacio Echániz, asegura que las comunidades autónomas "pueden ocupar viviendas privadas": "El 'exprópiese' ya ha comenzado. El régimen chavista empieza a instaurarse en nuestro país", publicó en su cuenta de Twitter Antona el pasado 11 de abril. "El 'exprópiese' ha llegado a España. El Tribunal Constitucional tiene que actuar de inmediato", escribió, por su parte, Echániz. Sin embargo, la información es falsa.

El documento al que hacen referencia Antona y Echániz es real pero no permite la expropiación de viviendas, según el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino que se trata de una medida para que las comunidades autónomas (encargadas de gestionar esta solución habitacional a víctimas de violencia de género o personas sin hogar) puedan acudir a viviendas de titularidad privada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. 

Echániz también compartió otro bulo relacionado con el sistema de ruedas de prensa de La Moncloa: "De elegir las preguntas a elegir a los medios que preguntan", afirmó después de que el pasado domingo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez compareciera en rueda de prensa y ninguno de los "grandes medios" le planteara una cuestión. Sin embargo, no es cierto que el Gobierno eligiera a dichos medios.

El sistema puesto en marcha por la secretaria de Estado de Comunicación dividió a los medios en dos grandes grupos:los habituales, aquellos que han acudido a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros al menos en una ocasión desde enero, y otro con no habituales, medios sectoriales, locales, autonómicos e internacionales. Los habituales se organizan entre ellos para preguntar y, por lo que respecta al segundo grupo, se realiza un sorteo público.

El también senador y exportavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, publicó en la misma red social que "siguiendo instrucciones del Gobierno Sanchezstein" WhatsApp ha limitado "la difusión de mensajes críticos al Gobierno". Una información falsa. Lo que ha hecho el servicio de mensajería es limitar que los mensajes que ya han sido reenviados más de 5 veces sólo se puedan mandar de nuevo a un único chat.

El propósito de esta novedad era limitar la difusión de bulos y desde Vox y otras cuentas afines a la ultraderecha recomendaron a sus seguidores que se pasaran a Telegram alegando una supuesta censura del Gobierno. No obstante, esta medida de WhatsApp no es exclusiva de España. La empresa de mensajería ha implementado esta limitación en el reenvío de mensajes en todo el mundo.

Miembros de la dirección del PP también comparten bulos

El secretario general, Teodoro García Egea, se hizo eco de otra noticia que resultó ser falsa. El pasado martes Telecinco contactó con un empresario, Francesc Maristany, presidente de Grup Met, que aseguraba tener capacidad para proveer al Gobierno de un millón de test PCR a la semana, y denunciaba que ni el Ejecutivo central ni el de la Generalitat se habían puesto en contacto con él. Como reveló El País, todo resultó ser un fraude: la empresa de Maristany no tiene 116 sedes por el mundo -como así presumía- sino una oficina con siete personas en Masnou que trabaja en logística textil. Tampoco representa a la organización de países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El número dos de Pablo Casado dio por válidas las palabras de Maristany y acusó al Gobierno de "no dialogar" con las empresas de test que en España están exportando test del coronavirus. Asimismo, la cuenta oficial del PP también compartió la noticia y censuró al Gobierno por no querer recibir ayuda. A día de hoy, sigue en su muro. 

El portavoz en el Senado, Javier Maroto, también propagó un bulo. Concretamente, sobre que el gobierno celebró y alentó la manifestación del 8-M cuando "ya sabía una semana antes que el contagio del coronavirus era masivo". Maroto adjunta un enlace a la noticia de El Mundo que, precisamente, contradice sus palabras. Lo que explica el ministro Salvador Illa es que en la tarde noche del 8 de marzo fueron conscientes de que se habían producido contagios 8 o 10 días antes, en la última semana de febrero.

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, el de Política Local, Antonio González Terol y la de Política Social, Cuca Gamarra, también se han hecho eco de noticias que también han resultado ser falsas. El primero de ellos publicó que Leire Pajín asesoraba a Sánchez en temas relacionados con la Covid desde un think tank subvencionado por el Gobierno, pero es falso. Desde la organización de ISGlobal lo desmintieron.

González Terol acusó a Turquía de robar material sanitario a España y criticó que el Gobierno no estaba haciendo nada: "Si no hay consecuencias rápidas, otros países comenzarán a tratarnos igual", señaló. La ministra de Exteriores, Arancha González-Laya, negó que el Turquía hubiera robado material español y aseguró que se estaba reteniendo por cuestiones de licencias. Al día siguiente, se autorizó la exportación de los respiradores fabricados en Turquía con destino a España, a petición de Navarra y Castilla La-Mancha.

Por su parte, Gamarra denunció la "vergüenza" que suponía que hubiera material sanitario confiscado en las comisarías de policía. Sin embargo, se trataba de un lote que había sido localizado en dos inspecciones realizadas en locales comerciales de Madrid y que fue inmediatamente puesto a disposición del personal sanitario.