Las empresas Plastic Express SA y la UTE formada por Espai World SL y Suministros Integrales Futbida SL optarán a hacer las 8.000 urnas que ha encargado la Generalitat para elecciones al Parlament de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, según figuraba en la convocatoria.

Así lo publica el portal de contratación pública de la administración catalana, que detalla que el próximo miércoles a las 12 horas se abrirá el sobre B de la licitación para conocer la oferta económica que hacen.

La operación para comprar urnas se ha convertido en uno de los contenciosos entre la Generalitat y el Estado, ya que la Fiscalía ha anunciado una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haberlo impulsado.

La Fiscalía considera que dicha licitación contraviene las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional contra el proceso soberanista y defiende que es "de imposible encaje en el ámbito competencial" del Parlament y de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, replicó que se trata de un proceso de contratación "impecable" y calcado al que hizo en su día Andalucía, que tiene urnas propias, por lo que criticó que la justicia pretende actuar contra él.

La compra de estas urnas de metacrilato conformará la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y las empresas interesadas tendrán 15 días para presentarse a la convocatoria.

Dos empresas catalanas

Plastic Express SA es una empresa situada en el barrio barcelonés del Poblenou, que en su web se reivindica como una compañía que sirve en toda Europa y que está dedicada a proveer materiales, soluciones y servicios personalizados relacionados con el mundo del plástico.

Suministros Integrales Futbida SL también está situado en la capital catalana, en su caso en el barrio barcelonés del Eixample, y se presenta como una microempresa dedicada a la fabricación de productos de plástico.

Un procedimiento sin funcionarios

Fuentes de la Conselleria de Gobernación han explicado que, el próximo miércoles, cuando la mesa de contratación abra el sobre B (de la oferta económica de la licitación), los encargados de hacerlo serán cargos políticos del departamento y no funcionarios, al igual que este viernes.

Las mismas fuentes están convencidas de que la licitación es perfectamente legal, pero haciendo este gesto quieren evidenciar que en ningún caso se quiere "poner en riesgo a ningún funcionario" de la administración catalana.

Así, la responsabilidad el miércoles recaerá sobre el secretario general del Departamento, Francesc Esteve; la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Massó; el de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, y el de Administraciones Locales, Joaquim Ferrer.