¿Es más dura la Policía según quien proteste? Los expertos exigen una revisión de los protocolos y más transparencia

31 de mayo de 2026. La comunidad educativa se concentró ese domingo frente a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Los docentes llevan cuatro semanas consecutivas peleando por sus condiciones laborales y pidiendo más recursos en unos centros de enseñanza tan descoloridos como saturados. La jornada se saldó con una maestra herida tras ser empujada de forma brutal contra el suelo por un agente policial: la víctima se rompió el tabique nasal y tuvo que recibir puntos de sutura. La mujer –jubilada- necesitó ser atendida por los servicios médicos. El agente le propinó un porrazo por la espalda cuando caminaba junto a otros compañeros para cortar la vía pública sin margen para echar los brazos y evitar la caída contra el asfalto. La agresión fue grabada mediante móviles desde distintos ángulos. "Somos docentes, no delincuentes", reivindicaron al unísono en señal de protesta los más de mil manifestantes que teñían de verde las calles de València.

4 de noviembre de 2023. Banderas nazis, cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y rezos empezaban a darse cita en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz. El denominador común: protestar contra una ley de amnistía que más tarde avaló el Tribunal Constitucional. El telón de fondo: los acuerdos del PSOE con Junts y ERC para encaminar la investidura de Pedro Sánchez. "Yo cortaría el tráfico", gritó de repente una mujer entre la marabunta. Posteriormente, se lanzó a la calzada haciendo gestos para que la acompañasen. "Si quieren hacer la amnistía que hagan un referéndum", continuó. La mujer -también jubilada- vestía un plumífero morado. Se llamaba de nombre de pila Esperanza. Y de apellido, Aguirre.

Treinta meses separan una secuencia de la otra. La primera terminó con una profesora hospitalizada. La segunda se convirtió en una imagen viral sin consecuencias. Las protestas ultras se repitieron durante más de un mes sin demasiados altercados. 

La hemeroteca demuestra que no son hechos aislados. La Ertzaintza detuvo el mes pasado a cuatro activistas propalestinos en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de los participantes vascos en la Global Sumud Flotilla. Los incidentes se produjeron tras unos forcejeos en el área de llegadas y derivaron en cargas policiales con heridos, tal y como denunciaron los damnificados. Y los Mossos d'Esquadra respondieron con proyectiles de foam en las protestas contra desahucios de familias vulnerables esta semana en Cerdanyola (Barcelona), según el relato del Sindicat de l'Habitatge. Si echamos la vista atrás, la Policía Nacional lanzó botes de humo y sacó las porras para dispersar las manifestaciones contra el genocidio palestino durante la última etapa de La Vuelta a España 2025, el 14 de septiembre en Madrid.

La otra cara de la moneda la representan los actos y concentraciones de la extrema derecha. Núcleo Nacional organizó distintas manifestaciones a lo largo de los últimos meses, todas ellas con saludos fascistas, hombres encapuchados y lemas contra las personas migrantes. Democracia Nacional y Hazte Oír participaron hace dos semanas en la enésima marcha frente a la sede nacional del PSOE. "Los españoles acaban de cortar la calle", celebró el entramado ultra. El uso de la fuerza de la Policía ha sido aquí una salvedad. 

"Los debates sobre el uso de la fuerza policial se caracterizan por tener como punto de partida la escasez de datos. España no tiene estadísticas públicas. Y así no solo es dificilísimo hacer un diagnóstico del aumento de la represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que tampoco podemos saber –con certeza- si esa violencia se utiliza forma diferencial contra determinados colectivos o en determinados contextos", advierte Juanjo Medina, coordinador del grupo de estudios policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y profesor de Criminología en la Universidad de Sevilla. "La falta de información hace que sea complicado sostener que existen ciertos sesgos. Lo que sí vemos peligroso es que las autoridades perciban a los manifestantes pacíficos como una amenaza para el orden público y asocien la protesta pacífica a la posible comisión de actos delictivos", defiende Daniel Canales, investigador y portavoz sobre el Derecho a la Protesta en Amnistía Internacional. ¿Qué dicen los protocolos internos respecto a las actuaciones en estos contextos? ¿Cómo se puede controlar el uso de la fuerza que hacen los agentes? ¿Y qué dicen al respecto los sindicatos policiales?

El ejemplo británico 

La agresión que sufrió el pasado domingo una profesora por movilizarse contra los recortes de la Generalitat Valenciana en materia de educación ha vuelto a plantear dudas sobre los contextos en los que la Policía hace un uso desproporcionado de la fuerza. Los expertos consultados por este medio coinciden al hablar de un "asunto complicado": no porque falten pruebas, sino porque no existen datos oficiales sobre la evolución de estos "excesos" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior no ofrece estadísticas del uso de la fuerza para actuar contra manifestaciones y protestas. España no es una rara avis en el tablero internacional, pero sí puede tomar nota de otros países como Reino Unido. "El modelo a seguir es el británico. El país empezó a hacer balances -inicialmente de carácter experimental- hace una década que ahora se han consolidado y recogen todas las muestras de fuerza desplegadas por los agentes: incidentes letales, cacheos, detenciones. Esto nos permite saber que se utiliza la fuerza de manera diferencial contra los colectivos racializados", señala Juanjo Medina.

Lo que sí tenemos son estudios e informes de movimientos sociales y entidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, como Irídia. La plataforma tiene un servicio de atención y denuncia para los casos de violencia institucional [por parte de cuerpos policiales, funcionariado de prisiones o agentes de seguridad privada contratados por la administración pública] que en lo que va de año ha atendido "al doble de personas" que en los mismos meses de 2025. Irídia colabora además en investigaciones como la que anualmente publica el colectivo Defender a quien defiende. "Los resultados ilustran cómo en 2025 se registraron un 66,7% más de casos que en 2024 y más del doble que en 2023. La represión se intensifica y lo hace de manera más visible y sistemática, particularmente contra los sectores más movilizados y presentes en las calles", denuncia Cèlia Carbonell, experta en derecho a la protesta de Irídia. La abogada considera además que las últimas informaciones evidencian "un trato preferencial" por parte de los agentes "hacia grupos de extrema derecha, mientras se endurece contra quienes protestan en sentido contrario".

La ley mordaza habilita a "las autoridades competentes" para "acordar distintas actuaciones" dirigidas a mantener y/o restablecer la "tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública". Y contempla como "infracción grave" el hecho de "obstaculizar" el tránsito por calles, espacios o lugares públicos. La profesora valenciana que fue golpeada y herida participaba en una manifestación que discurría por una carretera de varios carriles. Y no todos permanecían cortados. Esperanza Aguirre alentó a las masas para cortar el tráfico en Ferraz en noviembre de 2023. Lo hizo ante la indiferente mirada de los antidisturbios. "Los estándares internacionales remarcan que no se puede utilizar la fuerza para disolver una manifestación pacífica por el mero hecho de que pueda estar provocando algún corte temporal de tráfico, tienen que ser situaciones extraordinariamente graves o que pongan en riesgo los derechos de otras personas para que tengan cabida estas medidas", insiste Daniel Canales, de Amnistía Internacional. 

Los protocolos policiales también se pronuncian en la misma dirección que la ley mordaza, insisten las fuentes consultadas por Público, toda vez que su contenido no es accesible para el grueso de la población. "La mayoría de los protocolos que regulan el uso de la fuerza y del material policial siguen sin ser públicos. Esto dificulta que la sociedad civil pueda fiscalizar la actuación policial y sus posibles abusos. La falta de transparencia no es neutra: alimenta la impunidad, debilita los mecanismos de denuncia y erosiona la confianza de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos fundamentales", reivindica Cèlia Carbonell. "La sociedad civil tendría que conocer estos protocolos para evaluar su compatibilidad con los estándares internacionales, para saber qué normas rigen el uso de la fuerza al que se enfrentan si acuden a una manifestación y para poder plantear una revisión", coincide Daniel Canales.

Los sindicatos, ¿solución o problema?

Los sindicatos policiales entraron -en su mayoría- al debate que desencadenó la agresión sufrida por la profesora valenciana. La Unión Federal de Policía (UFP) fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse. "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas", reivindicó a través de sus redes sociales. Bastante parecido fue el tono de la Confederación Española de Policía (CEP), que respondió así a un tuit de la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé: "Tú no vas a investigar nada (...) luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos...".

Jupol ha preferido mantenerse al margen. La organización -vinculada a la órbita de Vox- dice no tener interés en "participar" del "sainete mediático" con el que "se pretende ajusticiar en plaza pública a un compañero". Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha lamentado en una conversación con Público "el resultado de esta intervención y las lesiones sufridas por la manifestante". Las mismas fuentes han añadido: "Los agentes estaban actuando en cumplimiento de una misión encomendada y ahora corresponde a la investigación determinar si la actuación se ajustó o no a los protocolos policiales. Lo que consideramos injusto es que se ponga el foco exclusivamente en una actuación concreta, mientras pasan desapercibidas las que realizan cada año nuestros policías con profesionalidad y sin incidentes". 

"El rendimiento de cuentas es uno de los grandes problemas que tenemos en este tipo de casos. La judicatura suele mirar para otro lado. El otro punto conflictivo está en los sindicatos. El cinismo que demuestran es brutal: tenemos un problema si anteponen siempre y sin contrastar los intereses de los funcionarios a los intereses de la ciudadanía", señala el profesor Juanjo Medina. "La respuesta de los sindicatos te da una idea de la concepción que tienen de este tipo de actuaciones", coincide Daniel Canales, de Amnistía Internacional. Cèlia Carbonell suscribe esta tesis y termina con una reflexión: "La ley mordaza lleva más de diez años en vigor y lo que podemos afirmar con total seguridad es que ha supuesto un retroceso desproporcionado y abismal en materia de derechos humanos, vivimos en un mundo en el que el derecho a la protesta se criminaliza en lugar de protegerse".