Podemos e IU piden la dimisión del senador Iglesias por un desfalco millonario en una empresa pública

ZARAGOZA .- La primera condena por corrupción en la gestión de la empresa pública Plaza ha desatado en Aragón una tormenta política en la que los truenos retumban sobre la figura del expresidente del ejecutivo autonómico, y actual senador, Marcelino Iglesias. Los socios parlamentarios de referencia del actual Gobierno de Aragón PSOE-Cha, Podemos e IU, reclaman su dimisión como representante de la comunidad en la cámara alta.

Podemos e IU coinciden con PP y C’s en que alguien debe asumir “responsabilidades políticas” por este asunto. Y las dos primeras formaciones pusieron nombres y apellidos a esa reclamación.

Sería éticamente importante comenzar a dar determinados pasos”

“El máximo responsable político de esa época —añadió—, lejos de asumir ninguna responsabilidad, de hecho ni siquiera ha pedido disculpas, es premiado por el PSOE, y en concreto por el actual presidente Javier Lambán, con un puesto en el Senado y un sueldo más alto que el de la mayoría de los aragoneses”.

Más casos abiertos por presunta corrupción

Los tres condenados están acusados también en el caso Saqueo, en el que la Fiscalía Anticorrupción destapó un presunto desfalco sistemático de 147 millones en doce años en la misma empresa pública. En este asunto están encartados varios empresarios, entre ellos el presidente de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, y la constructora Acciona, a la que el ministerio público señala como responsable civil del agujero.

El PSOE aragonés minimiza las advertencias de Podemos

El diputado Florencio García Madrigal abundó en esa tesis al circunscribir el episodio de corrupción a “un comportamiento desviado” de los condenados y rechazar que Iglesias deba dejar su actual cargo.

Críticas y exigencia de explicaciones desde la derecha

Por la derecha, la portavoz adjunta de PP, Mar Vaquero, mostró su confianza de que Lambán “pueda aclarar todas y cada una de las consecuencias que se puedan derivar de esta sentencia”. Y, tras anotar que “nada apunta a ninguna” responsabilidad jurídica entre los miembros del actual Gobierno autonómico, señaló que “lo importante” es que los condenados devuelvan el dinero.