A pesar de que desde el 1 de enero de este año los pensionistas españoles sufren en carne propia los efectos de la reforma puesta en marcha por el Gobierno del PP, que entre otras medidas restrictivas incluye una escuálida revalorización lineal del 0,25%; a pesar de que en 2013 entró en vigor el proceso de ampliación de la edad de jubilación a los 67 años; a pesar de que todas medidas implican que un futuro no muy lejano (15-20 años) la cuantía de la pensión baje entre un 15% y un 20%; a pesar de todo eso, nada parece saciar el apetito de los liberales más ortodoxos: desde el entorno económico del PP, economistas vinculados a Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) proponen trabajar hasta los 75 años.

"La jubilación debería ser a los 75 años, salvo en el caso de trabajos físicos", aseguró el miércoles en Madrid Jaime Requeijo, catedrático emérito de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), durante la presentación del número especial de la revista del Colegio de Economistas de Madrid. Requeijo es un economista y profesor que en los últimos años ha estado muy vinculado a FAES, la fábrica de ideas del PP que preside José María Aznar. Según este catedrático, ampliar aún más la edad de jubilación es prácticamente la única forma de hacer viable el sistema de pensiones, porque el problema, apuntó el catedrático aunque no lo dijo explícitamente, es que se cobra durante mucho tiempo la pensión: "Hace 30 años la edad de jubilación estaba en 70 años y nos moríamos con 73. Eso ha cambiado".

En esa idea le secundó Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y que fuera director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su vinculación a FAES también es conocida en el mundillo económico y empresarial, así como su ideología liberal. Sus relaciones con los ministros económicos del PP, Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis De Guindos (Economía) es privilegiada y defiende la llamada externalización de los servicios públicos. Iranzo también fue claro en su apuesta de prolongar la edad de jubilación, por lo menos hasta el horizonte de los 70 años: "Ahora vivimos 83 años y la edad efectiva de jubilación está en 62,5", dijo, para acto seguido recordar que a partir de los 11 años de estar cobrando la pensión ésta adquiere "un carácter asistencial".

"Hace 30 años la edad de jubilación estaba en 70 años y nos moríamos con 73. Eso ha cambiado"

Quizá por ello, Iranzo, que ayer mismó presentó la revista del Colegio de Economistas de Madrid junto Fátima Báñez, defiende la rebaja de las cotizaciones sociales a los empresarios. Pero si las cotizaciones sociales bajan, las pensiones bajan también, ya que se aporta menos al sistema. Para Iranzo eso no supone un gran problema: cree que las pensiones actuales están garantizadas gracias a la reforma emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que todo se solventará con la creación de empleo y no con el incremento de la productividad o más cotizaciones sociales. De hecho, Iranzo recordó, en claro apoyo al Gobierno, que en 2013 las pensiones se revalorizaron más que el IPC, dada la baja inflación que tiene España en los últimos meses.

Pero la apuesta del decano del Colegio de Economistas de Madrid va más lejos: aboga por que el Estado garantice las pensiones aunque es partidario de que su gestión sea privada. ¿Una contradicción? No para alguien que cree que las pensiones públicas tendrán que complementarse con algún plan privado y que piensa que el sistema de reparto actual quizá no sea el mejor de los sistemas.

El discurso de Iranzo y Requeijo también incurrió en otra contradicción a la que no supieron dar buena respuesta: durante la crisis se ha despedido a numerosos trabajadores de entre 50 y 60 años, trabajadores que en muchos casos no podrán volver al mercado laboral, ¿cómo se puede prolongar entonces la edad de jubilación cuando hay muchos que no pueden ni trabajar? Iranzo y Requeijo aplican en este caso la receta del PP: la clave es el crecimiento. Si hay crecimiento se creará empleo. La receta, sin embargo, es generalista y vaga: ni da plazos de tiempo, ni asegura un puesto a los mayores de 50 años en un mercado laboral que apuesta por el empleo temporal, precario y barato.