El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Senado se suma a la lucha de los ayuntamientos de ciudades con gran afluencia turística para que el negocio de los alquileres vacacionales sea regulado adecuadamente.

El senador Óscar Guardingo ha registrado una moción en la que insta tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas a poner el foco en portales y aplicaciones digitales de intermediación de alquileres vacacionales, que "han irrumpido con fuerza en el mercado inmobiliario y de alojamiento turístico" con graves consecuencias desde el punto de vista económico y social. "Estas aplicaciones como Airbnb se dedican al alquiler turístico sin reglas. Esa falta de regulación está haciendo competir a residentes y turistas en el mismo mercado inmobiliario. En ciudades como Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca o Madrid se vacía de vecinos a los barrios para alojar a turistas", explica a Público el senador.

En ese sentido, Podemos quiere que el Gobierno presione en materia de fiscalidad tanto a las empresas que se dedican al alquiler turístico como a los propietarios que ponen sus casas en portales de alquiler vacacional y escapan de las obligaciones fiscales. En la moción, Guardingo pide a la Agencia Tributaria que solicite a los portales como Airbnb, Homeway, Tripadvisor y otros "colaboración para facilitar desde sus plataformas el cálculo del IVA, su retención y liquidación a la Agencia Tributaria en las operaciones". También quiere que  los portales de oferta informen cada trimestre a Hacienda sobre las rentas que los llamados "anfitriones" recibien con esta actividad.

Al mismo tiempo, Podemos quiere que la administración autonómica obligue a los portales a "comprobar" que el inmueble que se oferta en su web cuente con la preceptiva licencia turística "antes de publicitarlo" y que sean "responsables subsidiarias" en caso de incumplimiento".

Vigilar a las Socimi, las 'Sicav del alquiler'

Por otra parte, pide que el Gobierno inspeccionen a las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), una especie de Sicav cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento. "Estas sociedades de inversión que operan en España desde 2009 gozan de exención fiscal en impuestos de sociedades y de bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales", recuerda Podemos. La idea es vigilar que este tipo de sociedades no oferten servicios de alojamiento fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Los alojamientos turísticos ilegales, es decir, sin licencia de uso turístico, representan un problema tanto para la población de ciertos barrios de ciudades turísticas como para el propio gremio hotelero. En ciudades como Madrid se calcula que el 90% de la oferta de alojamientos turísticos opera sin licencia.

Un reciente estudio de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi (Aparture) afirma que sólo el 44 % de los pisos vacacionales ofertados actualmente en San Sebastián serían rentables en comparación al alquiler residencial, ya que para que el propietario obtenga 10.009 euros anuales netos necesita facturar 30.501 euros de media en uso turístico y sólo 12.000 en el residencial.

Aparture forma parte de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), una organización empresarial que niega que el alza en los precios de los alquileres tenga que ver con la proliferación de pisos turísticos.