El Hassan el Haski, Abu Hamza, el único de los 21 condenados en el juicio del 11-M al que el Tribunal adjudicó en la sentencia el papel de dirigente de la célula islamista, reconoció tanto en su declaración ante la Policía como durante la propia vista que vino a España en 2001 con un único objetivo: conseguir legalizar su situación más fácilmente gracias a los procesos de regularización abiertos por el Gobierno de José María Aznar.

El Haski, que fue detenido en la localidad de Yaiza (Lanzarote) en diciembre de 2004, relató entonces su largo peregrinar desde que abandonó en 1986 su país natal, Marruecos, hasta que decidió instalarse en España. Así, desde el país magrebí viajó a Siria y, desde allí, saltó a Pakistán a hacer estudios sobre el Corán.

Siria, Bélgica...

De vuelta a Siria, en 1997 decidió viajar a Bélgica, para lo cual llegó a ocultarse en un camión a su paso por Turquía. En el país europeo residió durante cuatro años, hasta que a principio de 2001 voló a Lanzarote al calor del efecto llamada de una de las cinco regularizaciones del Gobierno del PP. Según declaró, en poco tiempo consiguió los papeles.

Cuando la Policía registró su domicilio en la localidad canaria, encontró toda una batería de documentos de identificación expedidos a su nombre por las autoridades españolas. Desde la tarjeta del Servicio Canario de Salud hasta la de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin olvidar el número de identificación fiscal. Entre ellos estaba también un permiso de residencia con número E03659453, expedido, según señaló el propio El Haski, tres años antes y que caducaba, como recoge el propio documento, el 19 de diciembre de 2004.

Gracias a ese documento, el islamista pudo abandonar en varias ocasiones España y volver sin problemas. Uno de esos viajes se produjo poco antes del 11-M: se desplazó a Bélgica, donde residía parte de su familia, y no regresó hasta abril de 2004, tras la masacre. El Haski negó siempre cualquier relación con los atentados, pese a lo cual el Tribunal consideró probado que él era dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), por lo que le condenó a 15 años de cárcel.

El marroquí no fue el único de los que se sentaron en el banquillo de los acusados que vino a España para aprovechar los procesos de regularización del PP con la esperanza de legalizar fácilmente su situación. Youseff Belhadj y Rabei Osman, El Egipcio, también vinieron a causa del efecto llamada. Al primero se le incuató en el domicilio de Bruselas donde residía al menos un impreso de solicitud de permiso de trabajo fechado en 2002. Dijo ser albañil y tener una oferta firme de trabajo. El Egipcio afirmó que decidió venir a España después de oír hablar en Alemania, donde residía de modo ilegal, que en España se iba a abrir un cupo de papeles para los emigrantes.